La historia de Per Rayden, ciudadano sueco afincado en España y presidente de una comunidad de vecinos, ha sacudido la opinión pública tras ser expuesta en el programa Espejo Público de Antena 3. Su caso ilustra con crudeza una paradoja legal que muchos propietarios conocen demasiado bien: intentar proteger una vivienda ocupada puede convertirte, insólitamente, en el acusado.

Todo comenzó tras el fallecimiento de una vecina en su edificio. El piso vacío fue rápidamente ocupado, y la comunidad, preocupada por la seguridad y la legalidad, decidió precintar la puerta como medida de protección. Pero lo que parecía una acción lógica derivó en una situación kafkiana: los okupantes ilegales denunciaron a Rayden, quien ahora se enfrenta a un proceso judicial por intentar salvaguardar un inmueble que no le pertenece, pero cuya gestión recae bajo su responsabilidad como presidente vecinal.

Rayden recibió la denuncia con una mezcla de incredulidad y amarga ironía. “Es el mundo al revés”, afirmó ante las cámaras del magacín matinal. Las autoridades le negaron legitimidad para denunciar la okupación por no ser el propietario directo, mientras los okupas fueron atendidos y protegidos por el sistema. “Al okupa sí que le hacen caso”, lamentó, resumiendo en una frase el sentimiento de desprotección que lo embarga.

Intentó obtener información sobre el empadronamiento de los okupantes a través del Ayuntamiento, pero se topó con un muro administrativo. La falta de colaboración institucional no solo frustró sus gestiones, sino que reforzó su percepción de abandono por parte del Estado. “No puedes proteger lo que es tuyo, ni siquiera lo que gestionas legalmente. Pero ellos sí pueden denunciarte por intentar hacerlo”, denunció.