La okupación ilegal de inmuebles en España se extiende más allá de pisos y chalets. En los últimos meses, las plazas de garaje se han convertido en objetivo de los okupas, una tendencia que afecta sobre todo a propietarios en grandes ciudades y que suma nuevas preocupaciones a un problema que ya genera fuerte debate político y social.

El Congreso de los Diputados aprobó recientemente una enmienda del PNV para agilizar los desahucios exprés, incluida en la Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia. Sin embargo, asociaciones de afectados advierten de que la normativa sigue siendo insuficiente para frenar la proliferación de estos casos. Tener una plaza de garaje en zonas urbanas supone un bien muy cotizado, ya sea en propiedad o en alquiler, y la irrupción de okupas en esos espacios añade nuevas complicaciones legales.

Encontrarse el estacionamiento privado ocupado por un vehículo ajeno puede generar auténticos quebraderos de cabeza para los propietarios. Aunque la ley protege al titular de la plaza, los trámites judiciales pueden demorarse y, mientras tanto, el afectado se ve obligado a aparcar en otro lugar. Además, no está permitido recurrir a la grúa en estos casos, al tratarse de espacios privados donde no aplica la normativa de tráfico.

Qué hacer si okupan una plaza de garaje

Según lo publicado por Ok Diario, ante una situación de okupación en un garaje, los expertos recomiendan en primer lugar acudir al administrador de la finca o al presidente de la comunidad para tratar de identificar al propietario del vehículo y, si es posible, llegar a una solución amistosa. Cuando no hay acuerdo o no se localiza al responsable, el siguiente paso es interponer una denuncia ante la Policía.

El Código Penal, en su artículo 245.2, establece que quien okupe un inmueble que no constituya morada será castigado con una pena de multa de tres a seis meses. Aun así, el proceso suele alargarse, generando frustración entre las personas afectadas. Desde asociaciones vecinales se insiste en que bajo ningún concepto se debe actuar por la fuerza, puesto que la violencia solo agrava el conflicto.

El debate sobre la okupación sigue dividiendo a la sociedad española. Según datos del Ministerio del Interior, en 2023 se registraron 15.289 casos de allanamiento o usurpación de inmuebles. Aunque el CIS considera que solo un 0,9% de la población lo percibe como un problema prioritario, una encuesta de la OCU señala lo contrario: el 34% de los encuestados afirma que la okupación es un auténtico problema, un 19% asegura conocer algún caso cercano y el 2% dice haber sido víctima directa. Una realidad que, con la irrupción de las plazas de garaje como nuevo blanco, añade otra dimensión a una cuestión cada vez más presente en la agenda pública.