La patronal farmacéutica europea recurrirá la Directiva de aguas residuales urbanas

La Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas (Efpia, por sus siglas en ingles) ha anunciado esta semana su intención de impugnar la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (TARU)ante el Tribunal General de la UE para obtener mayor claridad sobre cómo la decisión de incluir solo dos sectores como responsables del tratamiento cuaternario de las aguas residuales urbanas de Europa se ajusta al principio de que quien contamina paga de la propia UE.

"Creemos que la Directiva contradice principios clave de los Tratados de la UE: quien contamina paga, proporcionalidad y no discriminación", afirmó la directora general de Efpia, Nathalie Moll. "La decisión arbitraria de responsabilizar únicamente a las industrias farmacéutica y cosmética de los costes del tratamiento de las aguas residuales urbanas no solo es intrínsecamente injusta, sino que socava la ambición del Pacto Verde y no incentivará a otros sectores a reducir los microcontaminantes en el agua. A pesar de las solicitudes, la Efpia no ha podido ver los datos y la metodología utilizados por la Comisión Europea para llegar a esta decisión", añade, en un comunicado publicado en la web de la patronal.

Asimismo, la federación declara que "apoya el principio de que quien contamina paga, según el cual todos los productores responsables de la contaminación deben rendir cuentas y asumir los costos de la contaminación que han causado" y añade que "la industria farmacéutica basada en la investigación tiene el firme compromiso de minimizar el impacto de los productos farmacéuticos en el medio ambiente".

De este modo, la Efpia y sus miembros se han comprometido a pagar la parte que les corresponde de los costes del tratamiento de las aguas residuales urbanas en función del volumen de microcontaminantes presentes en ellas y a aplicar la Directiva de forma justa, previsible, proporcionada y no discriminatoria.

“Europa necesita una legislación medioambiental que funcione, en la que se incentive a todos los sectores a reducir de forma sostenible los microcontaminantes y en la que los costes del tratamiento para los productores estén alineados con el volumen de microcontaminantes presentes en nuestras aguas", explica el comunicado. Por ello, la patronal europea considera que

"la decisión de emprender acciones legales está estrechamente alineada con estos principios y refleja el esfuerzo de esta Comisión por garantizar que toda la legislación sea coherente y respalde la competitividad europea".

Una factura millonaria

La Directiva de Aguas Residuales Urbanas (TARU) aprobada por las instituciones europeas establece que, para 2035, estas aguas deberán ser sometidas a tratamiento secundario (la eliminación de la materia orgánica biodegradable) antes de su vertido al medioambiente. Esto afectará todas las aglomeraciones a partir de 1.000 habitantes equivalentes (unidad de medida estándar que describe la contaminación media emitida por una persona al día).

Cabe recordar que estos microcontaminantes no son residuos que genere la industria por su producción, sino, en el caso de los fármacos, es la materia orgánica biodegradable que excretamos los humanos cuando los consumimos. Las plantas de tratamiento de aguas residuales no están preparadas para eliminar los compuestos farmacéuticos o sus metabolitos (productos de su paso por nuestro organismo).

Según los cálculos de Bruselas, el 92% de los microcontaminantes provienen de la industria farmacéutica y cosmética y, por lo tanto, deben ser estos dos sectores los que corran con los gastos.

Las estimaciones previas de la Comisión Europea señalan que el tratamiento de los microcontaminantes supondrá un gasto para las empresas farmacéuticas de los Veintisiete de unos 1.200 millones de euros. El sector, representado por la Efpia, sin embargo, eleva estos cálculos y cree que la factura total se situará entre los 4.500 y los 5.100 millones de euros.

En España, en concreto, esto significa que la industria farmacéutica y cosmética podrían perder entre 500 y 1.000 millones de euros.