La protección de menores, un sistema que necesita mejorar

A l menos en el 80% de los casos, las tutelas de menores decretadas por los servicios sociales en España son «injustas, exageradas y abusivas», y en la mayoría de las situaciones se podría «haber encontrado otra solución a los problemas detectados» en las familias, sin necesidad de separar a los menores de sus padres o abuelos. Ésta es una de las principales y preocupantes conclusiones del libro «Tutelados» (Editorial Almuzara), escrito por el abogado Enrique Vila, firme defensor de la no separación de los hijos y las familias biológicas, y Francisco Cárdenas, presidente de la Asociación para la Defensa del Menor (Aprodeme).

Para ambos autores está claro que el sistema de protección debe actuar en aquellas circunstancias en las que la integridad física o psicológica de un menor corre peligro: por ejemplo, a causa de malos tratos físicos o psicológicos, abandono, desnutrición, falta de educación, drogadicciones o insolubridad en el domicilio.... Sin embargo, estas situaciones «deben ser un peligro demostrado, no como ocurre ahora, cuando las decisiones de los técnicos de la Administración (de la mayoría de las comunidades autónomas) se basan en sospechas, denuncias anónimas o intuiciones», indica Francisco Cárdenas a LA RAZÓN. Para detectar si se trata de un peligro real «están los profesionales de la medicina o de la psiquiatría. Los técnicos de la Administración no son ni médicos forenses expertos ni psiquiatras infantiles», añade.

En ningún caso consideran que se deba apartar de un menor de su familia como una forma de penalizar «la pobreza, la forma de vestir, los hábitos o estilos alimenticios, un estilo de vida diferente a los estándares, una educación especial pero existente o por algún episodio muy puntual de discusiones domésticas... Ahora se están produciendo retiradas y tutelas por nimiedades», destaca Vila.

Los dos destacan asimismo las graves consecuencias que provoca esa separación. «Arrancar a un menor de su familia genera una herida profunda, se sienten abandonados por su entorno y muchas veces se culpabilizan ellos», afirma Cárdenas, y muchas veces «es una herida que deja cicatrices profundas que saldrán en el futuro», entre las que destaca «el sentimiento de abandono, que es el que más secuelas deja y condicionará sus relaciones futuras, tal y como reconocen infinidad de psicólogos en este ámbito».

Enrique Vila puede ofrecer su testimonio sobre este aspecto en primera persona ya que busca a su madre biológica porque fue separado de ella nada más nacer y adoptado por una familia. «Aseguro que aunque pueda parecer que no te enteras, o que no eres consciente, o incluso si recibes toda la educación y el amor de tus padres adoptivos, eso duele y marca para toda la vida», sobre todo en el caso de ser consciente «de que esa separación fue forzada o injusta», asevera.

¿Pero cuáles son las carencias del sistema de protección de menores? Tanto Cárdenas como Vila subrayan la arbitrariedad de las decisiones. «Es un sistema que no sabe prevenir, y que en cambio es muy eficaz interviniendo», declara el primero. Los protocolos establecidos «parten de la premisa de que la familia es culpable hasta que no se demuestre que es inocente», pero es más, «la propia Administración verbaliza que prefiere equivocarse en algunos casos a que se le escapen otros». Es decir, su actuación responde a la máxima de que mejor un inocente en la cárcel que un culpable fuera.

Juzgados especializados

En esta línea, Enrique Vila sostiene que es «muy fácil» mejorar el sistema de protección, y que sea un juez el que decida desde el primer momento si el menor está en riesgo o no, y cuáles son las medidas que deben tomarse (acogimiento de urgencia, en un centro, con una familia, finalmente adopción abierta o no...). Para ello, propone «modificar parcialmente el código civil, la ley de enjuiciamiento civil y en todo caso la ley orgánica del poder judicial», con un objetivo muy claro: «Crear unos juzgados especializados, como se ha hecho con los casos de violencia de género».

De esta forma, en caso de que se detectara una situación de peligro para un niño o niña, en solo 24 o 72 horas podría haber un juicio rápido (con abogados, fiscal, juez, médicos forenses, testigos, los padres...) y en ese momento el juez decidiría qué hacer. Así se evitaría –continúa Vila– que fuesen los funcionarios de los servicios sociales «los que decidan una medida tan drástica como retirar un menor», y que siga pasando como hasta ahora, cuando «tras ocho meses o un año el juez revisa la decisión tomada y el daño ya está hecho». Además, durante todos esos meses hasta que se llega a los tribunales la Administración genera informes y documentos para justificar la retirada, por lo que «cuando el juez revisa el asunto lo hace con pruebas preconstituidas y muchos meses después de la separación».

Posibles medidas a tomar

Por otra parte, hay una serie de medidas que los autores proponen para que el proceso sea más objetivo. Por ejemplo, que la evaluación inicial de los casos no dependa solo de un técnico, o que se graben las entrevistas para que cualquiera pueda revisarlas. «Es muy frecuente la queja entre las familias de que ‘han puesto lo que han querido, yo no dije eso’», señala el presidente de Aprodeme. Pero, además, Francisco Cárdenas indica que se debería recurrir a expertos en diferentes campos «para confirmar o no las sospechas», facilitar siempre una copia del expediente a las familias o «algo tan sencillo como que los informes de la Administración no sean anónimos, que vayan siempre firmados por el técnico responsable».

En España, según las cifras oficiales a 31 de diciembre de 2021, los niños tutelados ascendían a 34.632. Para los autores de «Tutelados» esta cifra asciende a 50.272, la gran mayoría (un 46%) por desamparo. «Los centros son muy impersonales, desnaturalizados, un niño tiene que estar con su familia, preferentemente la suya de origen, y en su defecto con una acogedora», destaca Enrique Vila. «Es cruel que el niño o adolescente sea hacinado en un centro, donde falta el cariño personalizado, y además se enfrenta demasiado pronto a otros caracteres o conflictos», con niños y adolescentes de edades muy diferentes. «Es cruel, es como si estuviesen en una cárcel o reformatorio sin ser culpable de nada», remacha.

En esta línea, Francisco Cárdenas destaca que «por muy buenas que sean las instalaciones de un centro, o del trato que reciban, nunca será un hogar». Además, por los centros pasan muchos educadores a lo largo de los meses, por lo que los cambios de referentes son constantes. «La seguridad que proporciona un entorno familiar –por muchos problemas que esa familia tenga– nunca se encontrará en un centro», insiste.

El absentismo escolar, una consecuencia

Pero además, otra de las consecuencias importantísimas que se observan entre estos menores es el absentismo escolar. El libro señala que hay estudios universitarios que demuestran que el índice de fracaso escolar en los niños ingresados en centros es muy superior al del resto, aunque este dato no se conoce de forma oficial. Por este motivo los autores afirman que «debería ser una exigencia conocer cuántos de los niños tutelados e ingresados en centros van a la escuela de forma diaria y cumplen los objetivos para pasar de curso».

El principal problema al que se enfrentan las familias a las que se retira la custodia es el «hermetismo» del sistema. La propia organización de la Administración «es muy compleja, donde cualquier cambio es visto como una amenaza, ya que teme perder su poder: el poder de retirar a un menor de su familia es tremendo», afirma Cárdenas. Incluso ha habido casos de errores muy graves sentenciados por un juez y «nadie ha asumido responsabilidades», añade. Para explicar esta actuación el presidente de Aprodeme cree que «quizá se vea como un problema menor (aunque afecte a miles de familias) que tiene escasa presencia pública», pero que sin embargo «obliga a cuestionar los privilegios y negocios de muchos», apunta. No obstante, para este experto la percepción hoy en día está cambiando gracias a las denuncias en las redes y medios de comunicación.

¿Qué pueden hacer las familias a las que les han retirado la custodia y no saben qué hacer? El abogado Enrique Vila aconseja pedir asesoramiento de forma inmediata a una asociación de menores y buscar un abogado especialista. En este sentido, recuerda a los afectados que tienen derecho a justicia gratuita, con abogado de oficio. Se debe presentar de inmediato y judicialmente oposición a la resolución de los servicios sociales.