Sánchez «gripa» la universidad pública y desprestigia la privada

La universidad pública vive uno de sus momentos más críticos por una cuestión clave que la sitúa al borde del precipicio: la infrafinanciación. Mientras tanto, la privada vive una «primavera universitaria». El Gobierno aprobó en 2023 una nueva Ley de Universidades (LOSU) sin fondos con el objetivo, inasumible hasta ahora, de destinar progresivamente el 1% del PIB a la universidad pública hasta 2030.

La Conferencia de Rectores (CRUE) ya avisó de que aplicarla costaría solo en materia de personal docente e investigador 844 millones, advirtió que las universidades públicas no tenían dinero para adaptar la norma y exigió al Gobierno fondos, el cual a su vez pasó la factura a las comunidades autónomas por tener las competencias en materia universitaria y les exigió pagar un dinero que no tienen. El asunto parecía complejo, así que se creó una comisión con todas las partes implicadas para abordar cómo se va a cumplir la ley. El resultado es que desde que se aprobó la LOSU, el Gobierno solo ha convocado dos veces a esta comisión para abordar el verdadero problema de la universidad, como es la financiación. Mientras, el Gobierno se ha empleado a fondo contra la privada, que no para de ganar alumnos, con un decreto que endurece los criterios para crear nuevas, con idea de frenar su crecimiento, acompañado de una campaña de desprestigio.

Otra de las incógnitas que aún no se han despejado es si la financiación a aplicar corresponderá al 1% del PIB nacional o el de cada comunidad autónoma, porque en nada tiene que ver el de Madrid con el de otras autonomías, como Extremadura.

Primero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habló de «chiringuitos universitarios» refiriéndose a algunas universidades ubicadas en autonomías donde gobierna la derecha, como Madrid y Andalucía. Remató el discurso de descrédito la ministra María Jesús Montero para asegurar que «los médicos que se forman en la privada no ofrecen garantías» trasladando la idea de que en estas universidades se regalan los títulos.

La cuestión es que, aunque el Gobierno frenara en seco el crecimiento de universidades públicas con mayores exigencias para la creación de otras nuevas no se atajaría el verdadero problema de financiación de la universidad, tal y como aseguran los expertos. «Es necesario un pacto de Estado en esta materia porque, aunque se ponga mayor control a la privada, esto no va a frenar la decadencia de una pública infrafinanciada, que cada vez sufre una mayor competencia por parte de la privada, a lo que se une otro problema grave, el «invierno demográfico» que aseguran que se empezará a sentir en los campus en 2027, con lo que la pública empieza a ‘griparse’», reflexiona Ramón Caballero, vicepresidente de CSIF y responsable del área de Universidad.

Se da la circunstancia, además, de que la pública no cubre toda la demanda de estudiantes para titulaciones muy demandadas por falta de fondos. Y es ahí donde la privada encuentra un campo abonado para crecer. Pero más allá de la cuestión puramente académica y de la «cortina de humo» que muchos consideran que el Ejecutivo ha echado para dispersar el problema de la financiación, que podría poner en riesgo incluso a universidades públicas, se encuentra el frente político que se abre con el nuevo decreto.

El proyectil lanzado desde Moncloa tiene en su diana, sobre todo, a Madrid y Andalucía. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso asegura que es la comunidad autónoma que más dinero dedica a sus seis universidades públicas del presupuesto autónomo (un 4% del total). La cantidad para 2025 es de 1.160 millones de euros y desde que Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid, el presupuesto para la Educación Superior ha crecido un 20%, aseguran desde el Gobierno autonómico. Andalucía, otra de las regiones señaladas por el Gobierno central donde más ha crecido la universidad privada, tiene un presupuesto para sus diez públicas de 1.738 millones de euros para este año, una cantidad que representaría el 0,87% del PIB andaluz, muy próximo a ese ansiado 1% al que se aspira. De hecho, el Gobierno andaluz ha mostrado su compromiso con la educación superior aumentando su presupuesto en los últimos seis años un 35,9%. Andalucía ha sido muy crítica con el decreto del Gobierno que trata de endurecer los criterios para crear universidades privadas asegurando que «puede rozar la inconstitucionalidad» y ha defendido a la privada como complementaria de la pública.

Madrid entiende que el nuevo decreto es «puro humo» teniendo en cuenta que hace dos años se aprobó una ley de universidades en la que no se incluyó nada relativo a las privadas. Cree que es un «ataque gratuito a la privada para polarizar y desviar el foco de la corrupción que acorrala al Gobierno de Sánchez». Por no hablar de «la hipocresía tan burda de hablar de chiringuitos en la privada cuando han usado la pública desde Moncloa para montarle una cátedra a Begoña Gómez sin titulación».

Auditorías y rendición de cuentas

►El nuevo decreto para limitar la proliferación de universidades nace en un momento en el que distintas autonomías elaboran sus propias leyes de universidades. En Madrid, por ejemplo, se pretende que las públicas estén sometidas a auditorías públicas y estén obligadas a elaborar un régimen de control interno de tal manera que se conozca al detalle dónde va a parar cada euro de la Administración. Hasta ahora, la autonomía universitaria había impedido conocer con exactitud el destino que se daba al dinero transferido por la Administración.

Con la nueva ley, en Madrid, por ejemplo, las públicas tendrán que rendir cuentas. El borrador de la norma prevé un sistema de financiación de las universidades públicas plurianual revisable.

Fusiones, bajada de precios o a la caza del estudiante internacional

El nuevo borrador de decreto establece exigencias para los nuevos centros privados de educación superior, pero también obliga a aquellos que ya imparten formación desde hace años o de manera más reciente a revisar parámetros. Entre otros motivos, porque habrá un período transitorio para ajustarse a las nuevas exigencias, como el número de estudiantes, que se cifra en 4.500 como mínimo.

En concreto, para las de reciente creación se da un margen de cinco años desde el inicio de su actividad académica para que el número de estudiantes matriculados en titulaciones no oficiales alcance al menos el 80% de la cifra comprometida cuando inició la solicitud de reconocimiento. En caso contrario «se revocará la autorización de desarrollo de actividades académicas universitarias», dice uno de los puntos de la nueva normativa. Esta exigencia ya comprometería, al menos, a 14 universidades que imparten formación en nuestro país. Lo que cabe plantearse ahora es qué pasaría si alguno de estos centros no cumpliera con los nuevos parámetros. De ahí que expertos planteen la posibilidad de que el mundo de las universidades protagonice fusiones a la vista de que la previsión es que el número de alumnos baje en los próximos años por cuestión demográfica.

Para paliar este problema, algunas privadas ya se han empleado a fondo para conseguir mayor cuota de alumnos internacionales que les permita salvar esta circunstancia. En Madrid algunas han tratado de acaparar un mercado floreciente, como es el de los estudiantes latinoamericanos, de alto poder adquisitivo, que buscan un título europeo y encuentran en España, por la afinidad lingüística y cultural el mejor de los destinos. Sería el caso, en concreto, de Madrid, que ha convertido la educación en uno de sus potenciales. De hecho, esta comunidad recibe cada año estudiantes de todo el mundo, lo que le ha valido convertirse en uno de los centros universitarios más importantes de Europa.

Otra opción que no podría descartarse sería la bajada de precios de la privada, a la que muchos estudiantes no acuden ante la imposibilidad de pagar las elevadas cuotas, especialmente en los grados experimentales.

El Gobierno ya se ha encontrado con instituciones que han hecho objeciones a algunos de los criterios que se recogen en el proyecto de decreto.

Es el caso de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades españolas (CCS), que ha rechazado que el número de estudiantes matriculados (mínimo de 4.500 alumnos) sea un criterio para mantener el estatus de universidad. Considera que «debe primar la calidad educativa, medida por evaluaciones objetivas, periódicas y globales realizadas por agencias independientes».

La CCS respalda la limitación de la docencia en universidades privadas por parte del profesorado público a tiempo completo, pero también reclama «una regulación más clara y mecanismos efectivos de control», entre otros motivos.