La ministra de Sanidad, Mónica García, lleva días denunciando públicamente que las autonomías del PP se han negado a darle los datos de los cinco últimos años de cribado poblacional del cáncer de mama. Las ha acusado de poner en peligro «la salud de las mujeres» y de querer ocultarlos «porque son malos». García los exigió por carta hace unos días, y quería que se los presentaran hoy en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns).

Lejos de negarse por las causas a las que alude la ministra, los consejeros de Sanidad populares ya explicaron en una misiva de respuesta, el pasado lunes, que su petición resultaba «improcedente» porque «el propio Ministerio no ha concluido el desarrollo del sistema informático necesario para la recogida y carga de los datos solicitados».

Además, añadían que el documento de consenso del sistema de información del programa de cribado poblacional de cáncer del Sistema Nacional de Salud (SNS), aprobado en la Ponencia de Cribados del Cisns el pasado abril, «se encuentra en proceso de revisión debido a dificultades técnicas manifestadas por varias comunidades autónomas».

La ministra hizo oídos sordos a los argumentos, llegando a responsabilizar directamente al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de que las autonomías gobernadas por su partido no quisieran facilitar los datos. La acusación tuvo ayer respuesta por parte de Feijóo que, desde Bruselas, se dirigió a García para decirle que le sorprendía que su ministerio pidiera esa información «sin cumplir los compromisos del protocolo y del sistema informático».

Según el líder del PP, desde hacía meses se estaba trabajando en un protocolo entre todos los servicios de salud de las comunidades autónomas para ordenar el contenido y volcar esos datos en un programa informático, pero «ni el protocolo está hecho, ni el volcado, el aplicativo informático, está realizado».

Tal y como adelantó LA RAZÓN, la situación actual es que, aunque los técnicos de las autonomías y de Sanidad llevan trabajando desde 2021 en el desarrollo de un sistema de información para poder evaluar los programas de cribados de cáncer de una forma unificada en todo el territorio nacional, este no está operativo aún. Y la responsabilidad es del ministerio, que no ha concluido la última etapa del proceso.

«En 2021, los directores generales de Salud Pública nos reunimos en la Comisión de Salud Pública y aprobamos por unanimidad el desarrollo de un sistema de información para poder evaluar los programas de cribado de cáncer», explica a LA RAZÓN Elena Andradas, directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid. En 2023, una vez finalizada la pandemia, los técnicos de las autonomías, coordinados por Sanidad, comenzaron a desarrollar los indicadores para poder evaluar los programas de cribados de cáncer, los requisitos de calidad, entre otros, pero la parte «funcional», es decir, «los criterios que debe cumplir el sistema de información para que desde las autonomías mandemos una información que sea homogénea y comparable y la implantación del mismo, están pendientes», detalla Andradas.

«Los indicadores de evaluación para programas de cribados de cáncer están consensuados, pero la última etapa no se ha terminado, y tampoco se ha puesto sobre la mesa financiación para desarrollarla», añade.

Y es que es Sanidad el que tiene la responsabilidad de coordinar y agregar los datos, es decir, armonizar los indicadores que se pacten en el SNS para que los datos sean comparables, como hace, por ejemplo, con la información de las listas de espera.

Cambio de indicadores

En esta línea se pronunció también ayer el consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, que recordó que, en abril de 2025, en la ponencia de cribado, «se elaboró un documento en que se hablaba de una serie de indicadores y de un sistema informático que debía poner el ministerio a disposición de las comunidades para poder volcar los datos». Vázquez explicó que, además, los datos se «iban a recoger desde el inicio de la aprobación del documento, en 2025, y se volcarían entre enero y marzo del año siguiente al año vencido». Sin embargo, tal y como aseguró el consejero, «el Ministerio de Sanidad, volviendo a hacer un uso político del Consejo Interterritorial, ha decidido, sin consultar con las comunidades, modificar los indicadores que había en la ponencia».

Aún así, el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta , Carlos Fernández, aseguró que la región los enviará «en los términos que ha acordado la ponencia de cribados, conforme a los criterios compartidos».