Sanidad revisará criterios de reparto para futuras partidas contra la pobreza

Andalucía, Cataluña, Canarias y Galicia reclamaron la incorporación del criterio poblacional en el reparto de fondos porque el actual perjudica a las comunidades más pobladas

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad revisará junto a las comunidades autónomas los criterios utilizados para la distribución de futuras partidas destinadas a la lucha contra la pobreza. Así lo han confirmado a Efe fuentes del departamento que dirige Ana Mato, que han explicado que, no obstante, las autonomías serán las responsables de pactar entre ellas los nuevos criterios, que una vez acordados serán revisados por el Ministerio.

Esta decisión se ha tomado durante el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, en el que se ha aprobado una partida de 17,3 millones, después de que varias comunidades autónomas hayan criticado los criterios de reparto del fondo contra la pobreza infantil, dotado de 17 millones de euros. La distribución del fondo se ha hecho aplicando el indicador Arope (siglas de At Risk Of Poverty or social Exclusión) que es el que figura en la estrategia Europa 2020 de la Unión Europea.

Además del riesgo de pobreza, este indicador tiene en cuenta la baja intensidad de empleo en los hogares y la carencia material severa, como no poder ir de vacaciones, no poder comer carne, pollo o pescado cada dos días, no poder calentar la vivienda, no poder tener coche, lavadora o teléfono, o no disponer de 650 euros para gastos imprevistos, entre otros factores. Algunas comunidades han señalado que dado que este índice no incluye la población sino solo la propia tasa Arope favorece a las regiones menos pobladas.

Las mismas fuentes han explicado que en esta ocasión no se puede utilizar un nuevo indicador porque el fondo de 17 millones de euros hay que movilizarlo de forma urgente para su posterior aprobación por el Consejo de Ministros, dado que se trata de una partida que hay que ejecutar este mismo año.

Reclamaciones de Andalucía, Canarias, Cataluña y Galicia

La consejera andaluza de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, calificó la partida de "escasa"y reclamó un acuerdo de todas las comunidades autónomas y del Gobierno central por la infancia. Según el reparto actual, basado en el indicador Arope, cada menor andaluz en riesgo de pobreza recibiría 1,90 euros frente a los 55,30 de los de La Rioja o los 153 de Ceuta, por lo que Sánchez Rubio ha manifestado la necesidad de "utilizar el criterio poblacional que complete dicho indicador a fin de no generar desigualdades", ya que el indicador Arope de la Unión Europea se construye teniendo en cuenta datos de población bajo el umbral de la pobreza, privación material severa y empleo, pero no tiene en cuenta el volumen de personas.

"Sinceramente creo que ha sido un chapuza", señala la consejera en declaraciones a los periodistas antes de participara en el Consejo Territorial, en las que, además, señala que "no solo es un problema de que se discrimine particularmente a Andalucía, sino que con este reparto los que salen "más perjudicados son los niños que están en riesgo de pobreza de las comunidades con más población". La consejera ha insistido en que se trata de un "fondo insuficiente"que lleva a una situación "absolutamente desequilibrada e injusta", porque "no podemos tener un presupuesto de 1,2 millones para más de 600.000 menores, y que en Ceuta tenga 1,3 millones para 8.500 menores", por lo que "vamos a intentar convencer al Consejo y a la ministra --Ana Mato-- de que se revise este fondo", insiste.

Es la segunda vez que Andalucía se manifiesta en esta línea. Representantes de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ya solicitaron en la reunión preparatoria al Consejo Territorial celebrada el pasado mes de abril que se tuviese en cuenta el número de menores en riesgo de pobreza de cada autonomía en el reparto. Sánchez Rubio ha criticado que "el Ministerio haya anunciado este Plan que no sólo es insuficiente sino que cuenta con unos criterios de distribución totalmente injustos que no responden a la realidad de cada comunidad autónoma"y ha añadido que "los más perjudicados son los menores".

Por su parte, la consejera de Políticas Sociales de Canarias, Inés Rojas, afirmó que el plan es "exiguo", aunque su comunidad haya sido la más beneficiada. En este contexto, Rojas ha aprovechado para pedir que se revise ya el sistema de financiación autonómica porque, si se hiciera, a Canarias "no le haría falta un plan contra la pobreza como este".

Para la consejera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat de Cataluña, Neus Munté, el criterio de reparto planteado por el Gobierno -según el índice de pobreza de cada comunidad- no es "equitativo"y "no tiene en cuenta el volumen de población que está en riesgo de pobreza y exclusión social", de manera que "hay un claro perjuicio para aquellos territorios con un volumen más alto de población".

En opinión de la consejera de Bienestar Social y Vivienda del Gobierno de Asturias, Esther Díaz, se debería destinar una cantidad superior porque con 16 millones no se satisfacen las necesidades existentes, y ha indicado que el Principado va a intentar implementar de forma inmediata una cantidad similar. Lo que no ha criticado es el criterio de reparto, que, según ha declarado, satisface al Ejecutivo autonómico.

Díaz ha incidido en que el Ministerio debe hacer la distribución "de la manera más eficiente y rápida posible"y ha dicho que va a pedir que se alcance un "pacto de Estado"contra la pobreza entre los tres niveles de la Administración pública ante "la mella que se está haciendo en las familias a causa de la crisis y los recortes". Por último, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha señalado que la normativa nacional de atención a la infancia representa "una oportunidad"y permitirá que "se garanticen los derechos de la infancia"al convertirse los menores en "una prioridad en todas las políticas". Respecto a la parte del fondo destinada a Castilla y León, ha señalado que es "significativa y acorde a los escasos niveles de privación material severa"que hay en la comunidad, que ahora "recupera la financiación que perdió en 2010".

Cambios de futuro

El consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Jesús Fermosel, es partidario de, en un futuro, introducir un índice corrector de la tasa de pobreza, diferente al utilizado, que se adecúe a la situación real de las regiones. El consejero madrileño ha reconocido la conveniencia de corregir esta situación en un futuro si bien, ha dicho, que no es factible hacerlo para la actual convocatoria dado que sólo quedan seis meses para presentar los proyectos y ejecutar el presupuesto.

"Todas las comunidades o la inmensa mayoría y el propio Ministerio estaríamos de acuerdo en que en el presupuesto del año que viene se pueda introducir algún otro índice"pero no ahora, ha añadido, porque "nos quedan seis meses para ejecutar el presupuesto". En el caso de la Comunidad de Madrid percibirá 636.505,46 euros, correspondientes a una tasa Arope del 20,4 %, para luchar contra la pobreza infantil y 190.590,74 para luchar contra la exclusión del pueblo gitano.

Sin embargo, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, considera que la cantidad que recibirá su comunidad "tiene una cuantía significante, acorde a los escasos niveles de pobreza material severa"de la región. Sobre si la ayuda es suficiente, la consejera ha declarado que "siempre sería preferible tener más"pero, ha señalado que en Castilla y León están "relativamente satisfechos"matizando que esto es "no tanto por la cuantía sino porque se recupere en sí financiación para las comunidades".

Marcos ha hecho estas declaraciones antes de participar en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia en el que el Ministerio de Sanidad y las comunidades estudian la distribución del fondo de 17 millones de euros creado para luchar contra la pobreza infantil y la exclusión social. La consejera ha recordado que "se trata de una ayuda y quienes tienen la obligación de evitar la situación de pobreza material severa son las comunidades".

En este sentido, ha dicho que la Junta de Castilla y León creó una red de protección a las familias afectadas por la crisis "en la todas son atendidas en el propio seno familiar"y que se compone de ayudas como una renta garantizada de ciudadanía de que permite a las familias cubrir sus necesidades básicas, más otras ayudas puntuales. "El número de menores en privación material severa en Castilla y León está, según los informes de Unicef, por debajo de los indicadores del año 2005", ha recordado Marcos. En cuanto a la atención a la dependencia, ha afirmado que en Castilla y León "no hay listas de espera"y que "el 99 % de las personas que lo han solicitado ya están recibiendo atención".