La solución de las universidades privadas al embudo de la pública

No es cuestión de «chiringuitos», sino de mirar a la realidad de frente. El «decretazo» exprés por el que el Gobierno quiere poner límites a las universidades privadas, tanto de nueva creación como ya existentes, ha levantado ampollas. Más allá del titular que busca el Ejecutivo en su apoyo a la educación superior pública, lo cierto es que, durante años, la privada se ha erigido como el pilar necesario para catalizar una demanda de esta formación a la que no siempre es posible acceder debido a las políticas de acceso, ante una juventud cada vez más interesada en completar sus estudios superiores y, en definitiva, una oferta limitada.

Para ponernos en contexto, el número de personas que aprobó la evaluación de Bachillerato para el acceso a la universidad –el 88% de los estudiantes de nuevo ingreso en la universidad lo hacen tras aprobar el Bachillerato y la EVau–, ha ido aumentando en los últimos años, pasando de 223.000 personas a 266.000 en siete años. Más al detalle, la población de 19 años ha crecido de manera continua entre 2015 y 2022, pasando de 428.000 a 484.000, y se prevé que llegue a los 586.000 en 2024, según las previsiones.

Claro está que no todos ellos cursarán formación superior, pero la estadística nos muestra que la probabilidad de que un joven de 19 años esté realizando estudios universitarios ha aumentado también: del 35% al 42% entre 2015 y 2022.

Sin embargo, las plazas universitarias públicas no han crecido al mismo ritmo, es más, se han estancado, dejando a las puertas de la formación superior a personas con buena nota las cuales han recurrido a la privada para poder cursar su carrera y desarrollar su futuro de acuerdo a sus planes. «Existen posibles desajustes entre la demanda y la oferta en las titulaciones de la enseñanza universitaria pública presencial, algo especialmente importante en un contexto de cambio estructural acelerado. Una situación que no solo representa un obstáculo para las empresas en la búsqueda de talento cualificado, sino que también limita la igualdad de oportunidades para jóvenes que buscan adquirir habilidades demandadas en el mercado laboral, aumentando la desigualdad», exponen Aitor Lacuesta, Marta Martínez-Matute, Jorge Sainz e Ismael Sanz, autores del informe «Desajustes entre demanda y oferta de titulaciones en las universidades públicas presenciales».

Antes de pasar al detalle de este estudio conviene subrayar que las universidades públicas han experimentado una pérdida de casi 220.000 estudiantes el curso pasado, lo que representa una caída del 16% mientras que, en contraste, las privadas han mostrado un crecimiento de más de 100.000 alumnos, lo que supone un incremento del 73% y una concentración del 20,8% del total de matriculados en el sistema universitario español (SUE), según los datos del último informe de la Fundación CYD.

¿Por qué, entonces, centrar el debate político en el cerco a las privadas, cuando lo apropiado sería analizar qué falla en la pública y por qué no hay plazas ni titulaciones que satisfagan las necesidades de los potenciales alumnos?

Pues bien, según la radiografía que realizan los autores mencionados antes sobre el desequilibrio existente entre oferta y demanda de titulaciones en la universidad pública, «una oferta rígida de plazas universitarias simultánea a una mayor población joven queriendo acceder a la universidad incrementa la dificultad de acceso, especialmente en aquellas carreras más demandadas».

El «efecto bar»

A lo largo del período analizado, 2015-2022, apuntan Sanz, Lacuesta, Martínez-Matute y Sainz, se observa que la oferta de plazas experimentó una ligera reducción del 2%, lo que «contrasta con la oferta de la universidad privada presencial, medida por los estudiantes de nuevo ingreso, que aumentó en un 34% hasta alcanzar los 51.000 alumnos, lo que refleja tanto el aumento del número de universidades privadas presenciales en ese período, de 27 a 31, como el aumento de plazas en la mayoría de las universidades privadas».

Sin embargo, continúan, respecto al número de carreras ofrecidas. En el curso que empezó en 2022 había 2.863 titulaciones de grado o doble grado en las universidades públicas presenciales, un 22% por encima del nivel del curso que empezó en 2015. «Este crecimiento está más en línea, aunque ha sido algo inferior, al de las universidades privadas presenciales, que aumentaron sus titulaciones un 40%, de 864 a 1.206, en el mismo período».

Pero, ¿por qué la universidad pública no aumenta las plazas? Pues bien, para Jorge Sáinz, de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid; Marta Martínez-Matute, de la Universidad Autónoma de Madrid; e Ismael Sanz, también de la Rey Juan Carlos, no existe un único factor.

Como docentes e investigadores, apuntan varias causas. En primer lugar, señalan que «para las instituciones de enseñanza superior es costoso ampliar el número de plazas por grado ya que son necesarias inversiones en infraestructura y contratación de personal para asegurar que no se reduzca la calidad de la formación».

Pero dejan caer que «el hecho de que las universidades públicas hayan optado por aumentar las titulaciones sin modificar el total de las plazas indica que otros factores no relacionados con el coste pueden estar afectando a las decisiones de oferta de la universidad».

¿Cuáles son? «Podría existir la percepción de que el aumento de la demanda es coyuntural o fruto de un incremento de la demanda de estudiantes con pocas expectativas de acabar la carrera». Es decir, por un lado, la imposibilidad de financiar nuevas plazas públicas para alumnos y, por otro, cuestiones de elitismo.

En este artículo publicado en «Papeles de Economía Española», ponen el ejemplo del restaurante que prefiere tener una larga cola de clientes esperando en la calle a cambiar el negocio a un local más grande porque así se genera expectativa y se percibe calidad ante tanta demanda.

Inflación académica

Los docentes firmantes de este análisis hablan también del fenómeno de la «inflación de notas», que habría favorecido la sobredemanda y el consiguiente desajuste en el proceso de emparejamiento entre demanda y oferta. Un desequilibrio que, desde el punto de vista macroeconómico, será, según ellos, «más preocupante en la medida en que haya una mayor demanda relativa a la oferta en aquellas titulaciones que presenten mayores oportunidades laborales».

Ante esta realidad, con una universidad pública que no tiene visos de aumentar plazas ni invertir más, ¿por qué no permitir que las universidades privadas acojan a los que el embudo público ha expulsado del sistema?

«Las administraciones podrían revisar el sistema de financiación universitaria para vincular en alguna medida parte de la financiación a la capacidad de las universidades para adaptar y aumentar su oferta educativa en respuesta a las necesidades del mercado», sentencian los investigadores.

«La gente quiere que la universidad sirva para encontrar y mejorar el empleo. La pública está muy infrafinanciada y no puede realizar las actividades de apoyo al empleo que tendría que hacer», aseveraba recientemente en ese diario el catedrático de Economía de la UCM Antonio Cabrales.

Ante esta realidad, ¿por qué quiere el Gobierno poner piedras en el camino de las universidades privadas? Como hemos visto, los expertos lo tienen claro: sería como pegarse un tiro en el pie.