Los okupas no paran de generar dolores de cabeza a propietarios y personas del entorno del inmueble. El que no lo crea, la situación de Per le puede convencer. Este ciudadano sueco intentó precintar el piso de su vecina fallecida como presidente de su comunidad de vecinos en España para frenar la entrada de unos okupas y ha acabado denunciado. Los problemas para los propietarios son mucho más dramáticos en algunos casos ya que sufren a nivel económico.

Para luchar contra este fenómeno, algunas instituciones empiezan a moverse. Por ejemplo, Madrid exige una ley antiokupas que incluya desalojos en 24 horas y prohibir el empadronamiento. También se ha manifestado en 'Confilegal' sobre el tema otra voz autorizada por su experiencia como es Vicente Magro, magistrado del Tribunal Supremo y autor del libro 'Cómo afrontar jurídicamente la ocupación ilegal de un inmueble'. Explica la función de los jueces y la Policía.

¿Cómo echar a los okupas?

En los últimos meses se piensa que los okupas son intocables por la extensión del Real Decreto-ley 11/2020, que impide el desalojo de personas vulnerables sin alternativa habitacional, algo que incluye a okupas. El magistrado se manifiesta sobre esto: "El Real Decreto se refiere a determinadas circunstancias de vulnerabilidad. Si se puede verificar, se aplica. Si no es así, se puede desalojar". Es claro y contundente: "Pero, para tener las cosas claras, a día de hoy una ocupación ilegal se puede acordar perfectamente. En nada afecta ese Real Decreto a los delitos de ocupación ilegal de inmuebles".

El término acordar hace mención a los jueces, no a un acuerdo entre okupas y propietarios: "En el supuesto normal de usurpación, que entren en casa vacía, o que constituya morada, el juez puede acordar el desalojo. El problema está en que ahora mismo hace falta una ley integral sobre el fenómeno de la okupación que defina el concepto de flagrancia". Explica un ejemplo: "Si ahora mismo entra una persona en un chalé y lo okupa, el juez tiene el poder de ordenar el desalojo. Y no solamente el juez. Si la policía comprueba que la entrada se ha producido 5, 6 o 7 siete horas antes puede hacerlo hasta sin orden judicial".

Cómo afecta flagrancia y el miedo de la Policía

La flagrancia es algo difícil de comprender para todos aquellas personas que no están especializadas en el tema, pero que incluso plantea dudas los que sí: "El problema está en la ausencia de regulación legislativa del concepto de flagrancia. Por eso es comprensible que la Policía tenga miedo de actuar. Porque no sabe cuál es el periodo que le va a acreditar el juez si le presentan una querella por haber desalojado a unas personas de forma ilegal".

Vicente Magro señala la solución, a su modo de ver: "Habría que hacer una ley que especificara la extensión temporal del concepto flagrancia. O que a nosotros nos llegara un caso, a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que nos permitiera interpretar la extensión temporal de este concepto".

Las alarmas, una solución antiokupas

También explica el periodo en el que se debería establecer la flagrancia: "Desde mi punto de vista, podríamos estar hablando de un periodo entre 12 y 24 horas. Pero esto tendría que regularlo la ley. Para la seguridad de los agentes policiales. La Policía tiene miedo de los problemas a la hora de desalojar a los okupas". Tras ello, desvela una posible solución: "Por eso las alarmas 24 horas son una buena medida para prevenir las okupaciones. Si yo me pongo una alarma, la empresa de seguridad llamará a la Policía, que tendrá una prueba irrefutable de la flagrancia, de cuándo se produjo la entrada en la vivienda. Va sobre seguro.

Recalca que la solución de las alarmas no es algo individual: "Es que no lo digo yo solo. La Secretaría de Estado del Ministerio de Interior, en la orden ministerial en la que le dice a los agentes qué es lo que deben hacer, aclaró de forma expresa que la alarma 24 horas es el mejor sistema para hacer frente a estos delitos".

Da incluso una pincelada de su libro: "Yo lo digo en mi libro. No estoy diciendo nada que no haya meditado y reflexionado para hacer frente de forma efectiva a este fenómeno tan preocupante. También hago una propuesta, dentro del decálogo, para que las comunidades de propietarios puedan aprobar por mayoría simple la introducción de medidas de autoprotección. ¿Cómo? Avisando a lo Policía para que pueda entrar en una casa okupada en momentos de flagrancia y desalojarla. Se trata de fomentar una especie de solidaridad vecinal para que todos se autoprotejan. La Policía puede entrar porque tiene la prueba del testigo vecino que llama. Y si le ponen una querella, el vecino irá y dirá que fue él el que llamó. La clave está en la flagrancia del momento".