Vulneración "sistemática" en la atención de la salud mental infantojuvenil

La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA ha publicado el ‘Informe sobre el estado de los Derechos Humanos en Salud Mental, 2024’, una edición de carácter anual que analiza la situación de los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental en España, orientado a combatir prejuicios y proponer mejoras. El documento, elaborado por la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de la Confederación, cuenta con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Se trata del décimo año consecutivo en el que la entidad señala, a través de un informe, las vulneraciones de derechos, las carencias en la atención sociosanitaria y, también, logros, buenas prácticas y recomendaciones en materia de salud mental en España.

Nel González Zapico, presidente de SALUD MENTAL ESPAÑA, valora el recorrido de esta primera década: “Si echamos la vista atrás y analizamos aquellos primeros informes, nos damos cuenta de que, en muchos aspectos, la situación apenas ha evolucionado. Queda mucho por hacer: las vulneraciones de derechos están a la orden del día”.

Irene Muñoz Escandell, asesora jurídica de la Confederación y coordinadora de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de SALUD MENTAL ESPAÑA, llama la atención sobre la necesidad de ahondar en cambios estructurales que mejoren y protejan la salud mental de la población. “El dolor humano, lejos de disminuir, no hace más que incrementarse. Es cierto que los avances en la mitigación del dolor físico son incuestionables, pero parece que no hemos logrado un avance equivalente en la mitigación del dolor psíquico, más bien al contrario. De hecho, en nuestra sociedad, muchos de los malestares que sufrimos tienen un componente político, es decir, provienen de las estructuras y exigen, por tanto, cambios estructurales impulsados desde la voluntad política”.

La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA denuncia la grave vulneración de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la salud mental, y exige un cambio de paradigma que sitúe el bienestar emocional de las personas menores en el centro de las políticas públicas.

Los problemas de salud mental en niños, niñas y adolescentes han ido en aumento en los últimos años y están vinculados a importantes cargas psicosociales, económicas y de salud física, tanto para las personas menores afectadas, como para sus personas allegadas y quienes se ocupan de su cuidado.

Tal y como se recoge en el Informe, el Barómetro de UNICEF España 2023-2024 destaca que el 41,1 % de las personas jóvenes de entre 13 y 18 años manifiesta o cree haber tenido un problema de salud mental en el último año. En cambio, más de la mitad (51,4 %) no ha pedido ayuda, el 56% no busca soporte en su centro educativo porque no confía en las figuras del profesorado u orientación, y 4 de cada 10 no pide apoyo porque no sabe a quién ni dónde acudir.

Relacionada con la cuestión de la violencia y la carencia de atención especializada a menores, la Confederación señala la utilización de medidas como la contención, el aislamiento y la sobremedicación de niños, niñas y adolescentes, y reclama el uso de medidas alternativas: “Existen otro tipo de medidas menos lesivas, pero para ello es preciso aplicar un nuevo paradigma de cuidados en los términos que se detallan en el informe”, señala Muñoz Escandell.

Para abordar la situación, el Informe plantea medidas urgentes, como fortalecer los programas y servicios de prevención, detección precoz y atención de la salud mental para los niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la Atención Primaria y los sistemas sanitarios autonómicos. De igual modo, se sugiere la creación de una red específica y especializada de salud mental de calidad para la atención de 0 a 18 años y se exigen actuaciones para alcanzar las cero contenciones. La Comisión de Defensa de Derechos Humanos de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA considera necesario consolidar la definición de indicadores de riesgo en el sistema educativo, promover actuaciones de prevención y detección precoz de problemas de salud mental y mejorar la coordinación del centro educativo con las instituciones sanitarias y sociales. Para ello, es clave impulsar la regulación y la formación habilitante de la figura de Coordinación de Bienestar y Protección de la Infancia establecida en la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI). También es importante sensibilizar sobre salud mental y estigma, mediante una asignatura de educación emocional en las escuelas.

La dificultad para acceder a una vivienda digna es una de las vulneraciones, de raíz estructural, que impactan en la salud mental. Muñoz Escandell señala que: “El problema de la vivienda, íntimamente relacionado con otro, como es el acceso al empleo, ha producido un incremento del número de personas que, carentes de recursos, se ven abocadas a vivir en la calle y, por tanto, expuestas a sufrir problemas de salud mental, entre otros muchos, o al agravamiento de los que tuvieran previamente”. Entre las recomendaciones, el informe insta a dotar de una mayor flexibilidad a los recursos del sistema sanitario de atención a la salud mental para que las personas sin hogar puedan generar adherencia a estos.

Se plasma la necesidad de aplicar una visión multidimensional sobre la exclusión residencial de las mujeres, por la convergencia de desigualdades que se da en ellas, destacándose la creciente presencia de mujeres y migrantes en situación de calle. Esta visión pasa por explorar otras situaciones de vivienda insegura o vivienda inadecuada que los recuentos nocturnos de sinhogarismo, realizados en todo el Estado, no abarcan.

En el ámbito del empleo, los prejuicios asociados al estigma generan numerosos obstáculos y barreras —la mayoría de las veces, invisibles y prácticamente imposibles de sortear—, que impiden que se promueva un empleo sostenible para las personas con problemas de salud mental. Dichos prejuicios se traducen en “conductas discriminatorias que, con informes como este, queremos sacar a la luz para que, desde la toma de conciencia, se adopten las medidas necesarias para hacerles frente”, asegura Muñoz.

Para revertir la situación, se recomienda impulsar políticas inclusivas en el empleo, orientadas a personas con problemas de salud mental, garantizando la igualdad de trato para este colectivo dentro del cupo de reserva, así como capacitar a los agentes empleadores, tanto en el ámbito público como en el privado, en materia de salud mental.

El informe dedica un bloque a analizar el cumplimiento del derecho de las mujeres a la igualdad y no discriminación. En él, se expone la sobrecarga mental de las mujeres en el trabajo, relacionada con el estrés y las largas jornadas laborales, la mayor carga de responsabilidades en las tareas del hogar, el sometimiento a una situación de inseguridad en el puesto de trabajo y el trabajo con dolor, tal y como muestra el estudio de Deloitte ‘Mujeres en el trabajo 2024’. SALUD MENTAL ESPAÑA recomienda apostar por medidas para fomentar la flexibilidad y el equilibrio entre la vida laboral y personal.

Respecto a la lacra de la violencia machista, destaca que, según el estudio ‘Mujer y Salud Mental’ (2018), publicado por la Federación Salud Mental Castilla y León en el marco del Proyecto JULIA, el 81 % de las mujeres entrevistadas había sufrido violencia de género y padecía problemas de salud mental agravados por el aislamiento y la falta de recursos en entornos rurales. El Proyecto JULIA: Mujeres Rurales y Salud Mental, puesto en marcha por la entidad a raíz del estudio, apuesta por estrategias de bienestar emocional como el empoderamiento de las mujeres, la creación de redes de apoyo y la prevención de la violencia de género.

El documento detalla una serie de problemas detectados en la implementación de la Ley 8/2021, que instauró un nuevo sistema de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, aunque se pide a las Administraciones competentes estudiar la situación y hacer un diagnóstico en profundidad. Una de las vulneraciones sigue apuntando al artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el cual regula el internamiento forzoso autorizado judicialmente, en clara vulneración de lo dispuesto en el artículo 14 CDPD (Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad) y que, en la práctica, tiene lugar de forma automática y refleja la clara preeminencia del dictamen médico psiquiátrico sobre la voluntad de la persona que, desde el momento en que debuta con una primera crisis, es tratada por el sistema como una verdadera incapaz a la que no le corresponde la toma de decisión sobre su salud y su libertad.

La formación de los operadores jurídicos, aplicar mucha pedagogía, es esencial dado que todavía hay foros en los que se cuestiona la discapacidad de las personas con problemas de salud mental, señala el informe. También se requiere crear un sistema de apoyo flexible y proporcional a las necesidades de cada persona con discapacidad psicosocial, que contemple la metodología de apoyo entre pares y la asistencia personal en salud mental.

Otras propuestas de la Confederación en este ámbito son crear un protocolo de acceso a la justicia que contribuya al ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad y contemple las diferentes especificidades y ajustes procedimentales; proceder al desarrollo reglamentario de la figura de la persona facilitadora, que se ha de extender a todos los territorios y ha de contemplar, por su puesto, a las personas con problemas de salud mental; y promover las voluntades anticipadas.

En el nuevo informe, se sigue demandando que se regule la accesibilidad psicosocial, a fin de contar con entornos, procesos, actividades, bienes, productos, servicios, objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos que permitan la acogida y la inclusión de las personas con problemas de salud mental. Para ello, SALUD MENTAL ESPAÑA propone modificar el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y aprobar el correspondiente Reglamento, a fin de establecer y regular la accesibilidad psicosocial y sus condiciones básicas de exigencia y aplicación.

Este año, se profundiza en otros temas transversales a la salud mental, como el derecho a la seguridad y protección en situaciones de riesgo, emergencias humanitarias y desastres naturales. En este punto, se visibiliza la respuesta de apoyo de la Confederación ante la DANA en la Comunidad Valenciana.

Por último, con la intención de garantizar una atención a la salud mental de calidad, se reclaman, entre otras medidas, la adopción, en las políticas públicas, de una perspectiva basada en los derechos humanos; humanizar el sistema, poniendo a las personas en el centro e incorporando a las que tienen experiencia propia en salud mental como sujetos activos y no como objetos de tratamiento; apostar por un enfoque preventivo y la detección temprana; reforzar la Atención Primaria, como puerta de acceso a la atención en salud mental; y desarrollar sistemas abiertos en las Unidades Hospitalarias de Agudos.

El Informe sobre el estado de los Derechos Humanos en Salud Mental responde a la Línea 1 del Plan Estratégico 2024-2028 de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA: La defensa de derechos, lucha contra el estigma e incidencia política y social. Su elaboración se nutre de fuentes documentales, testimonios en primera persona, noticias publicadas en medios de comunicación, informes de entidades y organismos estatales e internacionales de carácter público, privado y del Tercer Sector, así como de las consultas, peticiones de asesoramiento y denuncias que llegan a través del Observatorio Estatal de Salud Mental, Derechos e Igualdad y del Servicio de Orientación en Salud Mental de SALUD MENTAL ESPAÑA.

La iniciativa se sustenta en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, en vigor en España desde 2008, y surgió en 2015 gracias al decidido enfoque transformador y de derechos humanos del movimiento asociativo de SALUD MENTAL ESPAÑA.

Con el doble objetivo de crear una herramienta de denuncia e incidencia política y social, y continuar la labor de sensibilización y visibilización de los derechos humanos, en 2009, se creó la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA. El grupo de trabajo, formado en la actualidad por 28 personas representantes de distintos territorios a nivel estatal, se encarga de elaborar los informes.

Este año, el Informe 2024 ha sido presentado ante un foro de personas expertas, en el marco del V Congreso Nacional y II Internacional de Derecho de la Discapacidad, organizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI); la Fundación Derecho y Discapacidad, y la Asociación Laborvalía, del 21 al 23 de mayo en Ciudad Real.

La serie completa del Informe de Derechos en Salud Mental se puede consultar en el sitio web del Observatorio Estatal de Salud Mental, Derechos e Igualdad. La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA es una entidad sin ánimo de lucro, de interés social y de utilidad pública que surgió en 1983. Integra a 18 entidades socias numerarias, que aúnan a más de 340 entidades y cuenta con más de 60.000 socios y socias en todo el territorio nacional.