El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 tiene un plan para acabar con las llamadas de spam. Dicho plan consta de tres claves: identificar dichas llamadas con un prefijo, anular los contratos formalizados mediante llamadas no consentidas y obligar a las empresas a renovar el consentimiento para el tratamiento de datos.

De este modo, el Gobierno piensa que podrá acabar con este tipo de llamadas que nos bombardean a todas horas. Sin embargo, ¿funcionará? Las llamadas spam se regularon recientemente, pero apenas sirvió de algo. ¿Qué cambia esta vez? A continuación, te explicamos en detalle el plan y analizamos su aplicación.

Los tres pasos del plan

El plan del Ministerio se introducirá en la Ley de Servicios de Atención a la Clientela (SAC) mediante una enmienda, la cual será votada próximamente por el Congreso de los Diputados. Constará de tres pasos:

• Identificación de llamadas spam: El primer paso del plan es identificar las llamadas spam mediante un código (prefijo). Estas deberán realizarse utilizando dicho código, y las operadoras deberán bloquear aquellas que no lo incluyan.

• Anulación de contratos irregulares: Por otro lado, se anularán aquellos contratos que las empresas hayan obtenido mediante llamadas irregulares que no utilicen el prefijo.

• Renovación del consentimiento: Cada dos años, como máximo, las empresas deberán renovar el consentimiento para tratar los datos personales.

¿Esta vez funcionará?

Si funcionará o no es algo que solo sabremos con certeza cuando se aplique la enmienda. No obstante, conviene tener en cuenta que ya hay precedentes de regulación de llamadas spam que no han tenido el éxito esperado. De hecho, teóricamente las llamadas spam ya tienen varias trabas legales para llevarse a cabo, pero en la práctica, las empresas siguen realizándolas.

Además de que muchas empresas incumplen la ley de forma flagrante, algunas compañías recurren a la deslocalización de sus llamadas spam. Una estrategia común es encargar estas llamadas a empresas extranjeras, que las realizan sin consecuencias legales.

Por ello, aunque la ley tenga una intención positiva y, a primera vista, pueda ser clave para acabar con las llamadas comerciales no autorizadas, lo cierto es que resulta una incógnita si será un éxito o será como intentar ponerle puertas al campo. Eso sí, las operadoras deberán introducir la tecnología necesaria para identificar automáticamente dichas llamadas comerciales para bloquearlas, algo que puede resultar complicado.