La UE regula firmas de calificación sostenible

La Comisión Europea ha presentado recientemente su propuesta sobre las actividades de calificación ESG –Environmental, Social and Governance–, por sus siglas en inglés), que aboga por que los proveedores de «rating» sostenible que ofrezcan servicios a inversores y empresas en la UE estén autorizados y supervisados por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), tal y como ocurre en el caso de la calificaciones crediticias. Actualmente, las grandes firmas no europeas (fundamentalmente estadounidenses) no están sujetas a las normativa comunitaria, por lo que el objetivo es que todas jueguen con las mismas reglas de juego. Una regulación que también se puede extender a otros agentes, como los «proxy advisor». Y es que, a menudo, la línea que separa a los asesores de voto de las agencias de «rating» es bastante difusa.

La propuesta, que se presentará ante el Parlamento Europeo y el Consejo, va encaminada fundamentalmente a aumentar la transparencia en el sector. De esta manera, la UE defiende que proveedores de calificación ESG mantengan el control total de las metodologías empleadas para otorgar los ratings, siendo totalmente libre la elección de las mismas. Sin embargo, les insta a seguir unos requisitos de divulgación para garantizar que las calificaciones son «independientes, objetivas y de calidad adecuada». Asimismo, estos proveedores deberán seguir una correcta política de comunicación con las compañías, para que las empresas puedan hacer aclaraciones y matizaciones para que la información facilitada sea lo más exacta posible. Estas metodologías se deberán revisar de forma continua y al menos una vez al año.

La UE considera que las calificaciones ambientales, sociales y de gobernanza tienen un impacto cada vez más importante en el funcionamiento de los mercados de capitales y en la confianza de los inversores en este tipo de productos sostenibles.

Juegan también un papel fundamental para el buen funcionamiento del mercado, proporcionando fuentes críticas de información para estrategias de inversión o gestión de riesgos. También son utilizados por empresas que buscan mejorar y comprender los riesgos y oportunidades de sostenibilidad, debido a la gran importancia que está adquiriendo. No obstante, las autoridades comunitarias también han detectado deficiencias que, ahora, con la nueva regulación pretenden subsanar. «Ante el crecimiento y aumento de la demanda de este tipo de calificaciones, que está impulsado por la naturaleza cambiante de los riesgos para empresas, aumenta también la conciencia de los inversores sobre las implicaciones financieras de esos riesgos, así como el de los productos de inversión que buscan explícitamente cumplir con ciertos estándares de sostenibilidad o alcanzar determinados objetivos sobre la materia. Sin embargo, el actual mercado de calificación ESG adolece de deficiencias y de que no está funcionando correctamente, lo que está socavando la confianza depositada en las mismas.Este problema tiene varias facetas diferentes, siendo la principal la falta de transparencia sobre las características de los "rating", sus metodologías y sus fuentes de datos, así como la falta de claridad sobre cómo operan los proveedores de calificación, ya que sus determinaciones no permiten suficientemente a los usuarios, inversores y entidades calificadas tomar decisiones informadas en lo que respecta a los riesgos, impactos y oportunidades relacionados con ESG», recoge la propuesta de la Comisión Europea.