Alcaldes podrían estar vinculados a la violencia policial en México

(AP). Los alcaldes de los dos municipios cuyas policías han estado involucradas en los más recientes y sonados casos de violencia policial de México, la muerte de dos jóvenes en dos puntos distintos del país, están bajo investigación por presuntas irregularidades o movimientos financieros que podrían estar ligados al crimen organizado.

Según indicó a The Associated Press el martes un funcionario federal que pidió el anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones públicas, las cuentas del alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, en el estado occidental de Jalisco, y del de Acatlán de Pérez Figueroa, en Oaxaca, al sur, están entre las congeladas bajo la operación “Agave Azul” que rastrea fondos del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

La policía local de Ixtlahuacán detuvo a Giovanni López en mayo, quien murió bajo su custodia, y la de Acatlán baleó en junio al adolescente Alexander Martínez. El alcalde es el máximo responsable de la seguridad en los municipios mexicanos.

La operación “Agave Azul”, de la que las autoridades federales informaron a principios de junio y que se realizó en coordinación con la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, puso en la mira a casi 2.000 personas y empresas aparentemente ligadas a movimientos por alrededor de 1.100 millones de dólares pertenecientes al Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos de México en este momento.

Giovanni López fue detenido el 4 de mayo en Ixtlahuacán de los Membrillos aparentemente por no llevar cubrebocas. Horas después fue retirado de su celda para recibir atención médica y murió.

El caso salió a la luz un mes después. Su familia denunció amenazas por parte del alcalde y el caso provocó protestas ciudadanas. La fiscalía detuvo a tres agentes por los hechos e intervino a la policía local del municipio. También informó que el alcalde, Eduardo Cervantes, tenía otra investigación en curso aunque no dio más datos al respecto. Días más tarde un informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco indicó que “hay elementos para acreditar una ejecución extrajudicial”.

Por otra parte, el 9 de junio Alexander Martínez, un adolescente mexicano-estadounidense de 16 años, recibió un disparo en la cabeza en Acatlán de Pérez Figueroa, un pueblo de Oaxaca casi en la frontera con el estado de Veracruz, cuando el adolescente y un grupo de amigos iban en moto a comprar unos refrescos para celebrar un cumpleaños. Un policía está detenido como presunto responsable del tiro frontal por el que perdió la vida.

Esta semana, vecinos de Acatlán de Pérez Figueroa han protagonizado protestas por los abusos y graves violaciones a los derechos humanos aparentemente cometidos por la policía local tanto durante el actual mandato del alcalde Adán José Maciel, como a partir de 2010 cuando estuvo en el poder por primera vez.

The Associated Press intentó contactar con ambos ayuntamientos pero no obtuvo respuesta de forma inmediata.

Los grupos del crimen organizado se han infiltrado con frecuencia en los cuerpos de seguridad mexicanos, sobre todo en las corporaciones locales, mediante sobornos o intimidaciones para poder actuar con impunidad en sus territorios.

Las muertes de ambos jóvenes tuvieron lugar en medio de una creciente indignación en Estados Unidos y en el mundo por casos de violencia policial ligados al abusos racistas como el asesinato de George Floyd en Minneapolis.