El «caso UGT» da munición al PP para asestar «la puntilla» a Susana Díaz

El procesamiento de la ex cúpula de UGT Andalucía por fraude en subvenciones para cursos de formación, en algunos de los cuales figura como monitor o tutor el marido de la líder socialista Susana Díaz, sirvió ayer al PP para «dar la puntilla» a la ex presidenta de la Junta. Es la expresión que usó el vicesecretario general popular, Toni Martín, para señalar que su carrera política debe concluir tras la condena a sus antecesores Chaves y Griñán en el «caso ERE», el hecho de que dinero destinado a la formación de parados acabara en su «economía familiar».

Martín fue más allá al asegurar que en esta causa «por primera vez se investiga la posible financiación del PSOE andaluz». Uno de los «mecanismos defraudatorios» que según el juez instructor usaba UGT para desviar a sus arcas fondos destinados a los cursos era incluir en los gastos que justificaba a la Junta el alquiler de aulas en edificios que realmente pertenecían al sindicato, algunos cedidos gratuitamente por el Estado u organizaciones como la ONCE. Varios de esos edificios eran sedes que compartía con el PSOE en municipios andaluces.

Díaz se limitó a mostrar su «respeto» a las decisiones judiciales y confiar en su acción. La respuesta socialista al PP la dio, en declaraciones a Canal Sur, el portavoz adjunto del grupo parlamentario, Rodrigo Sánchez Haro, quien defendió que «no existe denuncia alguna sobre las sede del PSOE-A» y exigió al PP que «deje de mentir». «De la única sede que tenemos constancia de que se ha financiado con dinero negro es la del PP en Génova a través de la trama Gürtel», replicó.

Mientras, en el sindicato, no fue igual la reacción desde Andalucía y Madrid ante el procesamiento del ex secretario general autonómico Federico Fresneda y los ex responsables de Administración Federico Fresneda y María Charpín. El líder nacional, Pepe Álvarez, se limitó a señalar que «no es la UGT de Andalucía la que va al banquillo de los acusados» sino que se trata de «ex dirigentes». Un desmarque de los procesados que contrasta con la férrea defensa de su inocencia que sostiene el sindicato en la comunidad. No obstante, recuerda que la actual dirección andaluza, que lidera Carmen Castilla, «no ocupaba en los años objeto de investigación (2009-2013) cargo de responsabilidad en UGT-A».

Para la organización, la cifra de 40,7 millones a la que el juez instructor eleva el fraude «no tiene fundamento alguno en el informe del perito» judicial que examinó los expedientes de las subvenciones para formación. Destaca que el perito manifestó ante el juez en la instrucción que «no hablaba para nada de fraude, desvío de subvenciones o malversación» y en su informe no hay «mención alguna a la existencia de facturas falsas».

Para el sindicato en Andalucía, «no se ha cometido ningún delito» y el carácter no subvencionable de los gastos señalados por el perito y el instructor son «cuestiones de carácter administrativo». De hecho, en un informe explicativo hecho público ayer por UGT-A sostienen que mecanismos tildados de «defraudatorios» por el juez como el «rappel» es «un instrumento mercantil perfectamente legal» al igual que los gastos de alquiler de aulas cargados a la Junta.

UGT hace una enmienda a la totalidad a las tesis del juez instructor, que ve indicios de delito de fraude en subvenciones y falsedad documental en la actuación de cuatro ex responsables del sindicato, el ex gerente de la sociedad Soralpe a través de la cual se alquilaban aulas propias o se pagaba a trabajadores que en realidad trabajan para UGT y en diez «proveedores de confianza» que, según el auto, emitían facturas falsas por servicios no prestados («rappel») o en las que no constaban descuentos aplicados («bote») que el sindicato presentaba a la Junta, cobrando así más de lo gastado en cursos como «vía de financiación» de su actividad propia. Es más, UGT-A arremete contra «la Administración Pública» andaluza por lo que considera «un acoso totalmente desproporcionado» al sindicato, «agravado con la entrada en este año del nuevo Gobierno de la Junta». Recientemente, el Ejecutivo de PP y Cs ha reclamado el reintegro de 18 millones en ayudas.