La mitad de las empresas con ayudas europeas las perdieron o renunciaron

El impacto de los fondos europeos destinados a empresas para la creación y el mantenimiento del empleo se ha dejado notar poco este año. En los nueve primeros meses solo se han aprobado tres proyectos de pymes, que en total supondrán 10,5 millones –dos millones serían subvencionados– y permitirán crear 31 empleos y mantener otros 104. Si se compara con el mismo período de 2018, Andalucía obtuvo entonces aprobación para diez proyectos, que implicaban una inversión de 92,7 millones y la creación de 137 empleos y el mantenimiento de 622 más. La inversión ha bajado un 87%.

Las cifras de este año aún tienen un margen de mejora porque queda la recta final y pueden aprobarse más iniciativas. Al cierre de 2018, las ayudas concedidas permitieron crear 260 puestos de trabajo y mantener casi once mil, según la Memoria anual del Ministerio de Hacienda, que fija la inversión realizada en 181 millones (24 de subvención). En 2017, fue mucho mayor, rozando los 490 millones de euros (46 en ayudas). Eso se tradujo en 632 trabajadores nuevos y el mantenimiento de 2.615 puestos más.

Este año, hasta junio, se han presentado 37 proyectos: 17 corresponden a grandes empresas y supondrían una inversión de 594 millones y otros veinte son propuestas de pymes que alcanzan los 173 millones, entre ayudas y capital propio. Andalucía es la comunidad que absorbe el mayor porcentaje, con el 42,9% del total de inversión prevista, seguida de Castilla-La Mancha, con el 17,4%, y Canarias (15,7%). Respecto al tamaño medio de los proyectos, también nuestra región encabeza las mayores cifras (20,7 millones por proyecto), seguida de Castilla-La Mancha (15,6 millones) y Aragón (15 millones de euros), todas ellas por encima de la media nacional, que asciende a 12,8 millones.

Para 2019, el crédito destinado al Programa 422A de Incentivos Regionales a la localización industrial dispone de 57,5 millones por parte del Gobierno de España. Durante los tres primeros trimestres se han ejecutado gastos por valor de 21,4 millones, correspondientes a 36 expedientes. En Andalucía, solo se ha autorizado el pago de algo más de 400.000 euros, según recogen los datos provisionales relativos al tercer trimestre publicados por el ministerio. Los incentivos regionales están regulados por el Gobierno central y gestionados por cada comunidad autónoma. Tienen una limitación máxima sobre la inversión aprobada del 25 por ciento para grandes empresas, del 35 para medianas y del 45 por ciento para las pequeñas. El decreto, modificado en diciembre de 2016, establece que se podrán recibir ayudas a fondo perdido para crear negocios nuevos o ampliar la actividad, así como para la modernización de instalaciones ya existentes.

Desde el inicio del sistema de incentivos regionales hasta el 30 de septiembre de 2019 permanecen vigentes 8.172 expedientes de los 15.252 aprobados en España, lo que sitúa el índice de decaimientos en el 46,4%. A Andalucía se le concedieron en esos treinta años (desde 1988) dos mil millones en subvenciones para empresas, que debían contribuir a movilizar catorce mil quinientos millones de inversión total. El objetivo era que a través de 3.553 proyectos se crearan 65.000 empleos y ayudaran a mantener otros 228.000. Esas previsiones se desbarataron al quedar los proyectos en la mitad, por lo que la creación de empleo se redujo a 29.800 puestos de trabajo, centrándose en el mantenimiento de los trabajadores (154.800), según recoge la memoria del Gobierno, que incluiría hasta 2017.

Casi la mitad de las empresas habrían renunciado o perdido el derecho a esas subvenciones por no mantener los requisitos exigidos. Entre ellos figuran el mantenimiento del empleo durante los dos años posteriores al fin de la ayuda y continuar con las inversiones durante los cinco años siguientes.