Gobierno de España
La Junta acusará al Gobierno de Sánchez de deslealtad institucional para exigir el IVA
Ultima el recurso contencioso-administrativo en el que se aducirá también la vulneración de otros principios y preceptos legales. Bravo desvela que se negociará la vuelta a los mercados en una reunión bilateral
Los ecos de lo aseverado por el consejero de Hacienda de la Junta, Juan Bravo, a LA RAZÓN el pasado sábado se amplificaron ayer. El Gobierno andaluz sigue adelante con su ofensiva judicial para que el Ejecutivo central capitaneado por Pedro Sánchez le abone 537 millones correspondientes a la recaudación del IVA de diciembre de 2017; e intentará negociar que la comunidad pueda nutrirse de financiación en los mercados. El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno autonómico, Elías Bendodo, ratificó que ya cuentan con un informe de la asesoría jurídica del departamento de Hacienda y, por tanto, tienen «luz verde de los servicios jurídicos de la Junta» para interponer el recurso contencioso-administrativo que se «está ultimando» y que pretenden poner en circulación «a la menor brevedad posible». «Andalucía irá a los tribunales contra el Gobierno de España» por ese impago, recalcó Bendodo, tras dejar claro que no aceptarán las «migajas» ofrecidas a las comunidades por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebró el pasado viernes, sobre todo, frente al «festín catalán» de 4.000 millones de euros que suponen las «concesiones» otorgadas por Sánchez a Cataluña.
Tras el Consejo de Gobierno de ayer, el portavoz de la Junta desveló algunas de las líneas argumentales básicas recogidas en el mencionado informe de los servicios jurídicos. Se apunta en él a «la vulneración del principio de lealtad institucional», como ya se reflejó en el presentado por la Comunidad de Madrid en la Audiencia Nacional por el mismo motivo, así como a los de «neutralidad», «equidad» y «buena fe». De acuerdo a lo adelantado por Bendodo, el Ejecutivo andaluz aducirá también que «el propio Gobierno –estatal– había reconocido el daño causado, a pesar de que ahora se niega a repararlo», lo que interpretó como una admisión del débito a la región. Y se agarrará, por último, a «una serie de infracciones de preceptos legales concretos» que aún trabajan, así como a la existencia de «un supuesto de inactividad por parte de la Administración central, al no abonar la liquidación del IVA a las comunidades».
El titular de Presidencia repitió que irán «hacia adelante con el recurso» porque «es justo» que lo hagan, aunque repitió en más de una ocasión que el Ejecutivo de Sánchez «aún está a tiempo de rectificar», dado que «está pendiente» de concretarse un encuentro entre aquél y el presidente andaluz, Juanma Moreno, en el que se podría abordar esta situación, si bien, todavía no se ha fijado una fecha para que se materialice, pese a que el popular lo ha solicitado en varias ocasiones. De otro lado, el propio Bravo anunció en una conferencia en el Executive Forum, en Madrid, que en el ámbito del consejo se logró el compromiso con Montero de que habría una reunión bilateral para abordar el asunto de los mercados, al no existir una «norma que indique que un incumplimiento puntual del déficit conlleve, tal como se ha hecho con Andalucía, la salida automática» del mismo. Este año la Junta pretendía «colocar 1.900 millones de euros bajo distintas fórmulas».
El consejero de Hacienda recordó que en 2019 la región «se financió en el mercado con tipos más bajos de lo que lo hizo el anterior Gobierno socialista» liderado por Susana Díaz. En ese sentido, se podría dar la paradoja de que pudo hacerlo, pese a que en 2018 se incumplieran las reglas presupuestarias, y ahora podría sacarse a Andalucía del mercado hasta 2021, aunque desde la Junta se reitera que en el ejercicio pasado sí se hicieron esos deberes y con resultados positivos.
Más datos
√ El portavoz de la Junta, Elías Bendodo, aseguró ayer que «en los últimos 20 años en distintas consejerías y por distintas cuestiones» se abonó a «asociaciones, colectivos y empresas» unos «1.867 millones». Afirmó también que, una vez pagado, la Junta «ni reclamaba la justificación del gasto» ni «el reintegro» si correspondía de muchas de esas cantidades, mientras el nuevo Ejecutivo «ha reducido en 582 millones» lo que está pendiente de justificar, esto es, un «30%».
√ Bendodo sostuvo además que Andalucía «recaudó en 2019 casi 1.000 millones de euros más que en 2018», en términos globales, y «con la bajada de impuestos» impulsada por el Ejecutivo regional «ya aplicada».
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