La teoría de David Ricardo y el IVA andaluz

Por fin se reunió el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es el órgano de coordinación entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas. Hacía más de año y medio que no se reunía. Que digo yo que para ser un órgano de coordinación, recogido por una Ley como es la Lofca (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas), se reúne poco, aunque la ley obliga a dos veces al menos al año.

El hecho es que el ambiente estaba bien caldeado por la negativa de la ministra Montero de pagar el IVA pendiente de 2019 a todas las comunidades autónomas. El montante era, aproximadamente, de unos 2.500 millones de euros. En el caso de Andalucía, algo más de 500 millones. Y esto tenía enfadado a todos los consejeros de Hacienda, independientemente del signo político.

El Gobierno andaluz acudió con la voluntad de proponer soluciones que aportaran certidumbre para hacer sostenible los servicios fundamentales que prestamos y garantizar el Estado del Bienestar. Las comunidades autónomas soportamos el peso de dicho Estado del Bienestar al poseer las competencias en materia de educación, sanidad y servicios sociales. En este punto ni siquiera voy a recordar el incumplimiento de los Servicios para la Infancia y la Familia del antiguo Ministerio de Sanidad y Consumo –ahora dividido en dos– del Gobierno de la nación, que dejó claro que en 2020 no libraría ninguna partida para colaborar con las comunidades que atienden a los menores no acompañados y que en el caso de Andalucía era 26 millones de euros y que ahora va a tener que financiar a pulmón nuestra Consejería de Igualdad, Política Sociales y Conciliación.

Pues bien, ¿y cuál ha sido el resultado de este Consejo de Política Fiscal y Financiera? Pues decirnos a las comunidades autónomas que nos olvidemos del IVA recaudado en nuestro territorio, y que para compensar, ha prometido la ministra suavizar en dos décimas la senda de déficit regional para este año y los tres siguientes y comprometerse a que el efecto IVA no ingresado en nuestras arcas no se tendría en cuenta en el cálculo de los números rojos de las cuentas de 2019. Dicho en román paladino, que no nos da el IVA y que nos arreglemos con un incremento del déficit público.

El déficit público debería ser un instrumento de último recurso para cualquier Administración pública. Las cosas se deben hacer al revés: primero hacer las cuentas con los ingresos ciertos para afrontar el ejercicio presupuestario, y después, si no lo fueran, determinar la necesidad de endeudamiento, ya que éste tiene costes elevados a largo plazo, dado que hay que transformarlo en deuda pública y solo deberíamos hacer uso de él de forma extraordinaria.

Según la teoría clásica de David Ricardo, economista de siglo XVIII, incurrir en déficit no aumenta la oferta de dinero en la economía y el déficit público no es una medida impulsora de la actividad económica. Esos impuestos que no se están cobrando en el momento de endeudarse tendrán que acabar cobrándose antes o después, ya que antes o después habrá que devolver esa deuda generada. Y además va a provocar el efecto perverso de que los contribuyentes, conscientes de que el Estado tiene déficit, no van a disponer de ese dinero extra que ha quedado en sus bolsillos porque saben que, aunque no tengan que pagar esos impuestos ahora, si van a tener que acabar pagándolos en el futuro.

Acudiendo a un refrán popular: pan para hoy y hambre para mañana.

φ Manuel Alejandro Cardenete es viceconsejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local