La ley de cuentas claras de Podemos vuelve a chocarse con el «no»

El Gobierno andaluz dijo ayer «no» a derecha y a izquierda. De un lado, hizo de cortafuegos a la Proposición de Ley de Cuentas Claras y Abiertas para la Administración autonómica presentada por el Grupo Parlamentario Adelante Andalucía, que pretendía dar publicidad en el portal de transparencia a los movimientos bancarios de las cuentas de la propia Junta y a las de los entes de su órbita. La iniciativa legislativa se remonta a 2015, cuando Podemos trató de que se aprobara en el Parlamento regional, pero fue rechazada con los votos en contra del PSOE-A, la abstención de PP y Ciudadanos y pese al respaldo de IU. Adelante ha buscado recuperarla al entender que su fuerza no se ha disuelto con la distancia temporal y tras habérsele dado luz verde y aplicarse en otras comunidades como Extremadura, Valencia, Aragón o La Rioja. Tiene sello andaluz, pero el Ejecutivo que dirige Juanma Moreno considera que la proposición de ley «resulta innecesaria a la fecha actual en lo que respecta al contenido de la información a la que accedería la ciudadanía», ya que el Decreto 40/2017, de 7 de marzo, por el que se regula la organización y el funcionamiento de la Tesorería General de la Junta y la gestión recaudatoria, «ha ampliado sustancialmente el ámbito de la información» que la Consejería de Hacienda pone a disposición de la ciudadanía a través del portal de transparencia. A ello suma que en su artículo 22 la mencionada norma establece «la obligación de publicación trimestral de todos los movimientos de la Tesorería General: sus cobros, pagos y saldos en cuentas bancarias». Un deber que «se extiende a las tesorerías de las agencias públicas empresariales, las sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz», así como a «los consorcios», gracias a otro punto del articulado.

Entiende además el equipo de Moreno que los datos identificativos de acreedores y cesionarios, entre otros, «no pueden ser objeto de publicidad activa en todo caso, ya que las personas físicas están amparadas por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, con las excepciones establecidas legalmente». Por todo ello, el Consejo de Gobierno rehuyó la proposición de ley provocando la reacción de Adelante que criticó que el «no» llegara de un Ejecutivo que «se llama a sí mismo regenerador». Para su portavoz adjunta en la Cámara autonómica, Ángela Aguilera, ese posicionamiento contrario a su iniciativa «denota» que «PP y Cs componen el Gobierno del cambiazo y la opacidad». La diputada afeó al Ejecutivo de Moreno que se excusara «en tecnicismos para impedir a la ciudadanía su derecho a conocer el estado de las cuentas financieras de la Junta de Andalucía y las empresas públicas». Un «gesto político contra la transparencia» que, a su juicio, resulta «especialmente grave» al llegar después de que la comunidad haya «sufrido las consecuencias de casos de corrupción» como los ERE, Gürtel u otras tramas de financiación irregular.

Al margen de las cuentas públicas y hacia la derecha, el Consejo de Gobierno esquivó, a propuesta de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, tomar en consideración la Proposición de Ley de Concordia, presentada por el Grupo Parlamentario Vox, incluida en el pacto que este partido firmó con el PP. Si bien, en este caso, el motivo aludido fue un «defecto de forma».

El Ejecutivo regional sostiene que en el texto legislativo «debería concretarse el concepto de víctima para clarificar el colectivo al que se dirige». Junto a ello, aboga por que se incluya una «previsión de las actuaciones de la Administración» ligadas a los derechos de los interesados en «conocer el paradero de las víctimas desaparecidas» y avisa de que la iniciativa «no regula el procedimiento específico para rehabilitar el derecho de los familiares» a saber dónde están dichas víctimas. Un «contenido mínimo» que debe explicitarse, como ha de regularse «un régimen sancionador aplicable» si se vulneran «los derechos» de las familias. Un «no» menos rotundo.