Ecologismo
Ecologistas apunta que “la ejecución en posible fraude de ley de las sentencias de la mina de Riotinto incrementa la inseguridad jurídica y ambiental"
La Junta asegura que el permiso para Riotinto da “certeza y futuro” al sector
Isidoro Albarreal, responsable del Área de Minería de Ecologistas en Acción de Andalucía, respondió a través de un comunicado al que accedió LA RAZÓN, a Atalaya Mining tras anunciar en la Bolsa de Londres y en su web internacional que la Junta de Andalucía le ha otorgado la Autorización Ambiental Unificada (AAU) para su mina de Riotinto y que con ello “finaliza el proceso legal (…) en relación con la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (“TSJA”) en relación con la AAU”. Atalaya también informó posteriormente, señala Ecologistas, de que "la Junta de Andalucía convalida definitivamente la autorización ambiental de la mina de Riotinto”, anulada por la referida Sentencia del TSJA de 19 de septiembre de 2018. Albarreal subrayó que “ambas afirmaciones no son ciertas, porque ese procedimiento de ejecución de sentencia no es definitivo”.
“Está impugnado por Ecologistas en Acción en julio y en octubre de 2019 ante el alto tribunal andaluz, que todavía tiene que resolver esa impugnación”, señaló Albarreal, añadiendo que “resulta también sorprendente que Atalaya anuncie una nueva resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas que convalide la autorización de funcionamiento de la actividad minera.” “La nueva AAU ni siquiera ha sido publicada en BOJA, por lo que carece de eficacia para amparar la validez de la autorización minera anulada por la segunda Sentencia del TSJA, de 24 de abril de 2019”, añadió el ecologista.
La entidad recordó que “el 16 de julio de 2019 se publicó en el BOJA anuncio de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático por el que se iniciaba un nuevo periodo de información pública para obtener una nueva AAU para la mina de Riotinto, como ejecución de la Sentencia de 19 de septiembre de 2018”. El 24 de julio, Ecologistas en Acción interpuso ante el TSJA incidente de ejecución de sentencia donde “se pedía la nulidad por vulneración de los propios términos de la sentencia ejecutada, y el 25 de octubre de 2019 se reiteró la misma”. “Y todo ello porque la Junta de Andalucía nuevamente omitió la información pública de 18 informes sectoriales, y nuevamente omitió su obligación de emitir un informe de compatibilidad ambiental referido a toda la documentación del proyecto, que fueron precisamente las causas de nulidad de la Sentencia de 2018”, añadió Albarreal.
La organización ecologista apuntó que "estas causas no son defectos formales –como intentan defender Atalaya y la Junta de Andalucía-, sino que afectan directamente a los derechos de participación y de información pública de la ciudadanía que según la sentencia “constituyen sendos pilares esenciales del trámite de evaluación de impacto ambiental”.
Desde el punto de vista ambiental “lo más grave es que la Junta de Andalucía nuevamente ha omitido en la información pública documentación muy relevante respecto al grave riesgo de rotura de las balsas de lodos tóxicos de la mina de Riotinto, y ha omitido la Evaluación de Impacto Ambiental de ese riesgo que amenaza a toda la cuenca aguas abajo del Odiel, incumpliendo por tanto la legislación ambiental vigente”, añadió Ecologistas en Acción. Por todo lo anterior, Ecologistas en Acción “presentará urgentemente demandas de ejecución contra la nueva AAU y contra la resolución de convalidación de la autorización de reinicio de labores mineras”.
Por su parte, la delegada de la Junta en Huelva, Bella Verano, ha asegurado hoy que la convalidación de la Autorización Ambiental Unificada (AAU) original de la mina de Riotinto (Huelva), restituyendo así la validez de todos sus permisos, “da certeza y futuro” a un sector que “genera cientos de empleos en la provincia”.En declaraciones a los periodistas, Verano ha apuntado que además de dar certeza al sector “se garantiza que existe un máximo respeto por el entorno natural y evitando todo tipo de riesgos”.Para Verano, “con la aprobación de la Autorización Ambiental Unificada, la Junta de Andalucía está ejecutando una sentencia y cumpliendo la ley para dar garantías a todas las partes interesadas en el proyecto”.
Un proyecto que, además, desde ayer, según ha indicado, “ya tiene la propuesta de la autorización de reinicio de los trabajos de explotación, firmada por mí misma, como autoridad minera en la provincia de Huelva para su posterior resolución definitiva por parte de la Dirección General de Industria, Energía y Minas”."Cuando llegamos nos encontramos con un problema importante, el Gobierno anterior del PSOE había tardado más de dos años en tramitar la solicitud que había presentado la empresa en febrero del año 2012 la empresa y además, no se había emitido el preceptivo informe de compatibilidad ambiental lo que ocasionó el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anulando tanto la tramitación ambiental como, posteriormente, el reinicio de los trabajos", ha apuntado.Dicho esto, ha remarcado que “nosotros, en un tiempo récord, hemos conseguido solventar todo ello manteniendo la validez del procedimiento anterior hasta el momento en el que se cometió la irregularidad que dio origen a la anulación”.
En su opinión, “lo más importante es que hemos otorgado seguridad jurídica completa para todas las partes implicadas en el proyecto, empresas y ecologistas, porque hemos contado con tres informes jurídicos de la Junta de Andalucía, dos de la parte medio ambiental y uno de la parte minera, también hemos dado respuesta a todas las alegaciones presentadas y hemos consultado a los ayuntamientos implicados: Nerva, El Campillo, Minas de Riotinto”.Por último, ha indicado que “como la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, y como ciudadana onubense, sólo puedo mostrar mi gran satisfacción por el esfuerzo que ha hecho la administración autonómica para que se pueda mantener una actividad económica esencial en la Cuenca Minera, pero a su vez, salvaguardando los intereses medioambientales que, por supuesto, son prioritarios siempre para el Gobierno andaluz”.
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