Las otras barreras líquidas que nos separan

Hace unos meses el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) anuló la exigencia de euskera como requisito para el acceso a varios puestos de la plantilla orgánica de 2018 del Ayuntamiento de Berrioplano, al noroeste de Pamplona. Ahora el juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Pamplona ha desestimado el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Berrioplano contra la resolución del TAN, ratificando la resolución de este tribunal. El TAN no sólo aplica la ley con diligencia sino que, además, refleja perfectamente la realidad social navarra. A modo de ejemplo reciente, de un estudio sociolingüístico sobre la demanda de las familias con menores de 0 a 3 años en las escuelas municipales hecho a 1.000 familias pamplonesas, resultaba que el 66% de las familias optarían por el castellano con inglés, el 22% por el euskera y el 7% por solo el castellano.

A comienzos de año, poco antes de que la pandemia comenzara a cobrarse vidas en España, el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares declaró nulo el decreto que regulaba el uso del catalán en la sanidad balear. Este decreto fue aprobado en marzo de 2018 por el Ejecutivo que entonces presidía ya el Gobierno de Francina Armengol. El Gobierno balear anunció que recurrirá esta sentencia pero, incluso con la vida de las personas en juego y la cantidad de residentes extranjeros en las Islas Baleares, el independentismo pancatalanista sigue regateando el acceso a la información sanitaria en lengua diferente del catalán. Es el caso de Hospital Mateu Orfila en la Isla de Mahón o la información de interés público divulgada por los ayuntamientos de Es Mercadal en la Isla de Menorca. En el primero de ellos, por cierto, los sanitarios pudieron seguir trabajando gracias a los EPI donados por la familia Mascaró. Nunca será suficiente el agradecimiento a asociaciones como la balear “Mos movem” en la defensa de los derechos civiles.

En 2019 el Gobierno de Galicia que preside el popular Alberto Núñez Feijóo lanzó convocatorias para contratar docentes en las que a éstos se les exige el dominio del gallego, precisamente, como «requisito» indispensable para optar a la plaza. Ocurre así que mientras el presidente del PP -Pablo Casado- propone prohibir por ley que la lengua cooficial sea un requisito indispensable a la hora de acceder a un empleo público, el presidente regional de Galicia, también del PP, lo exige. Basta seguir la labor de denuncia de la plataforma “Hablamos Español” que lidera Gloria Lago para estar al tanto de la inmersión lingüística en Galicia.

Ahora que nos afanamos en entender hasta dónde nos podemos mover según la fase de la desescalada en la que nos encontremos, hemos comenzado a valorar la libertad de movimientos. La libertad para visitar a familiares y amigos o, más llanamente, la libertad para ir a donde nos dé la gana. Se escribió con acierto que no hay nada más amado que lo que perdimos.

No siempre los tribunales de Justicia españoles han puesto coto a las barreras líquidas que los nacionalismos nos han ido imponiendo. Zancadillas que han truncado proyectos vitales para desarrollar nuestra carrera profesional donde nos hubiera apetecido. Barreras que, cuando se denunciaban, los responsables políticos y, en no pocas ocasiones, la propia Fiscalía del Estado, miraba para otro lado mientras que la sociedad del resto de España no se distinguía mucho de la sociedad vasca que seguía jugando la partida de dominó mientras se esperaba a que el juez levantase en cadáver que yacía en el suelo de la taberna.

Escribía hace unos días el filósofo Fernando Savater y miembro del Foro de Profesores que “algún día se escribirá la historia de cómo el Estado descentralizado y complaciente de las autonomías terminó pervertido en un insostenible Estado de los nacionalismos”. Savater sabe cómo huele la carne quemada de las bombas de ETA.

Ahora que recuperamos progresivamente la libertad de movimientos, estaría bien que en este marco de puesta en valor de lo que se ha perdido, sentemos las bases de un borrado de las barreras líquidas que se nos fueron poniendo. Sus inspiradores no lo van a poner nada fácil. Hace sólo unos días, un detallado informe de la asociación “Impulso ciudadano” concluía que el 91,5% de la violencia política en Cataluña tras la sentencia del “procés” era obra de independentistas. Quienes con su voto o abstención han facilitado la prórroga del Estado de alarma bien pudieran haber arrancado el compromiso de sacar adelante la Ley de la Alta Inspección del Estado. Dijo Gabriel Rufián que en política nada es gratis. En la próxima, a ver si se pone encima de la mesa esta ley y con ella se abre un tiempo -reiteradamente aplazado- en el que desaparezcan las barreras sólidas, líquidas o gaseosas en una nación de españoles libres e iguales.