Los privilegios al País Vasco encienden a la Junta: «No vamos a permitir maltrato»

La Conferencia de Presidentes celebrada ayer acabó con prácticamente las mismas dudas y certezas con las que empezó. El País Vasco, cuyo presidente, Íñigo Urkullu, acudió a última hora, llegaba con una situación ventajosa respecto al resto de comunidades autónomas en un asunto determinante como es el déficit. Mientras a las demás se les permitirá solo un 0,2%, el Gobierno vasco tendrá un margen mucho mayor, hasta el 2,6% tras cerrar una negociación bilateral con Ejecutivo de Pedro Sánchez.

«Claramente es un privilegio de un territorio sobre otro», advirtió el presidente andaluz, Juanma Moreno, en una comparecencia de prensa en el Monasterio de San Millán de Yuso, ubicado en San Millán de la Cogolla (La Rioja). «Bajo ningún concepto vamos a permitir un maltrato a Andalucía», aseguró, tras señalar que «no hemos tenido respuesta por parte del presidente Sánchez» en cuanto a si finalmente se modificará el objetivo de déficit. «Los ingresos se nos han caído a plomo y los gastos se nos han multiplicado por diez. No tiene sentido. Si el País Vasco tiene la posibilidad de endeudarse al 2,6%, Andalucía quiere lo mismo», razonó Moreno. Por ese motivo, exigió que haya un factor de redistribución de riqueza porque «no podemos apoyar a la más ricas en detrimento de las más pobres».

El presidente de la Junta comenzó valorando las conferencias de presidentes como «un instrumento positivo para coordinar a las comunidades, pero se tienen que preparar». En su opinión, sería imprescindible que previamente los asistentes dispusieran de toda la documentación «para ver los asuntos y tratarlos con mayor seriedad y sosiego». «Que podamos venir con los deberes hechos, cosa que no hemos podido hacer en esta ocasión», lamentó. La Conferencia basculó en torno a dos temas: la pandemia de covid-19 y la distribución de los fondos de reconstrucción europeos.

La primera demanda de Moreno fue que exista «mayor coordinación en la batalla contra el coronavirus» entre el Gobierno y las autonomías, algo que dijo echar en falta. En el ámbito económico, el presidente andaluz mantuvo que «salimos un poco como entramos, sin tener información concreta y precisa de cómo, cuándo y dónde se van a recibir fondos salimos como entramos», aunque Sánchez sí avanzó que estarán vinculados a proyectos concretos.

Moreno se mostró en desacuerdo con esa postura, criticando que no permitirá la libre disposición del dinero a las comunidades, por lo que su propuesta es que se divida al 50% para cubrir ambas demandas. «Nos preocupa la falta de un criterio que es esencial para hacer esos repartos y que perjudica de manera grave a la comunidad de Andalucía», lamentó el presidente, que pidió que se siga el mismo que Europa ha determinado para el reparto entre países y donde pesarían tres aspectos: la población, el PIB y la tasa de paro. «Esos son los criterios más acertados y equitativos», en su opinión, y denunció que el primer reparto que el Gobierno ha hecho de los 16.000 millones «ha perjudicado de manera grave» a Andalucía.

«Necesitamos esos recursos y los necesitamos ya», remarcó al pedir «transparencia para conocer los criterios de reparto».En este sentido, ahondó en las muchas «dudas» que sobrevuelan el futuro reparto de los fondos covid, como si habrá un límite económico por proyecto, qué tipo de iniciativas se primarán o si se establecerá un número para cada comunidad. «Queda mucho por hacer y nos preocupa muchísimo la caída de la economía en España, la mayor de la OCDE».

Otro de los temas delicados para nuestra comunidad es la cuarentena impuesta por el Reino Unido a los viajeros, que ha provocado una caída en las reservas de turistas procedentes de allí cuyo destino prioritario es la Costa del Sol. El presidente explicó que ha exigido al Gobierno que si se hace un pasillo seguro para a Baleares o las Islas Canarias, Andalucía esté incluida también. Según dijo, el Ejecutivo habría respondido positivamente a esta opción, asegurando que «se están haciendo gestiones discretas con el Reino Unido» para levantar esa medida restrictiva. Para Moreno la decisión debe adoptarse «cuanto antes» porque «será fundamental para la recuperación económica».

«Herramientas legales» para confinar

La Conferencia de Presidentes sirvió también para plantear los problemas que han surgido a las comunidades desde que recibieron las competencias en la lucha contra la pandemia. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, detalló que se trasladó al Ejecutivo la importancia de dotar de las herramientas jurídicas adecuadas para poder tomar decisiones en su territorio si la situación sanitaria lo requiriera. «Hemos pedido por eso cambios normativos que permitan el confinamiento de una calle, de un edificio o de un municipio si fuera necesario». Moreno señaló que actualmente para hacerlo es necesario pedir una autorización judicial, un trámite «que no siempre es ágil». «Cuando estamos hablando de un problema de salud pública necesitamos celeridad y no podemos estar detrás de la autorización judicial para poder tomar esa decisión» y consideró que «tiempo ha habido de sobra para que las comunidades autónomas podamos disponer de ese instrumento poderoso en la lucha contra la covid».

Según Moreno, «en Andalucía hemos tomado decisiones muy complicadas para adelantarnos a la pandemia», citando las mascarillas obligatorias, la prohibición del botellón y la limitación del ocio nocturno como ejemplos., asegurando que «no nos van a temblar las piernas y lo vamos a hacer siempre manteniendo un equilibro entre la salud de los andaluces y el desarrollo económico». Moreno presumió de tener «el mayor equipo de rastreadores de toda España», para delimitar los brotes del virus que vayan surgiendo y que en Andalucía ya son 55 activos, con casi setecientos afectados.

El «vacío legal» sobre la llegada de migrantes también fue un tema que Moreno quiso tratar. El presidente esgrimió que los ocupantes de pateras que dan positivo por coronavirus pueden marcharse después de 72 horas custodiado, sin que haya control sobre su paradero, y pidió que sea el Gobierno el que asuma las competencias.