El «invento» de habilitar agosto enciende a los abogados «asaltados» por LexNet en sus vacaciones

«Suplico al juzgado, tenga por efectuada la anterior manifestación a los efectos oportunos, por ser de Justicia que definitivamente pido desde mi lugar de vacaciones, Islantilla, para ante Sevilla, donde la actividad procesal del mes de agosto impide la desconexión del trabajo y el merecido descanso que el letrado que suscribe cree merecer». Estas frases forman parte de un escrito de Juan Carlos Alférez y reflejan el malestar que agita estos días a sus colegas por la decisión del Ministerio de Justicia que dirige Juan Carlos Campo de habilitar del 11 al 31 de agosto para «dar continuidad a la actividad judicial durante este mes» de forma excepcional por la Covid-19. Abogados y procuradores creen que se han roto los esquemas del sistema judicial y los afectados son, en esencia, sus colectivos, mientras el resto, incluido el ministro, «disfruta de su veraneo» con parada en Cádiz.

LA RAZÓN ha recabado la opinión de seis letrados que, más allá de la melancolía por lo perdido, coinciden en un mensaje: la iniciativa propulsada desde Madrid «no servirá absolutamente para nada».

Adolfo Cuéllarsostiene que su actividad «ha sido tradicionalmente una profesión liberal» en la que «es muy habitual» que se trabaje, «a veces con notable intensidad», en períodos vacacionales y «nunca se ha rehuido» de esa circunstancia, dado que defienden «intereses ajenos que, en muchas ocasiones, no permiten demora». Pero, «la medida adoptado por el Gobierno de la Nación está siendo contestada con vehemencia por la abogacía por su manifiesta innecesariedad, que está provocando, en general, perturbaciones en el descanso y, en no pocos casos, un auténtico problema por la notificación de plazos relevantes que lo impedirá», con «el consiguiente perjuicio a las familias», condensa. Y abrocha: «La sensación de frustración, de agravio comparativo y de ninguneo es inevitable».

Una idea que confirma el propio Alférez. «Desde el respeto, no alcanzo a comprender la razón de que los juzgados vivan en una cuasi-paralización de facto durante este mes» por el parón vacacional y que, sin embargo, «antes de partir dejen firmadas relevantes resoluciones con fecha 31 de julio para ser notificadas a los letrados durante estos días», admite. A su juicio, «es evidente» que los últimos han de «cooperar con la Justicia» y atender «actuaciones esenciales y relevantes». «Pero de ahí», matiza, a hacerles «padecer en exclusiva el peso de la absurda e injustificada habilitación de agosto, hay un importante trecho», lanza. Sobre todo, tras «un año difícil, extraño y duro para todos» en el que quizás lo que resta de mes «pueda ser la última isla de tranquilidad» que les quede «hasta no se sabe cuándo». Están recibiendo «cada mañana» notificaciones y tienen que «estudiarlas» y «valorar si recurrirlas», es decir, «conectar de lleno con el trabajo», lo que «produce una imposibilidad práctica» de alejarse del ordenador que sufren sus entornos.

Miguel Delgado tampoco entiende por qué «jueces, fiscales, secretarios, o funcionarios se turnan, se sustituyen unos a otros y tienen sus vacaciones», como Campos o «los diputados del Congreso», y ellos no. «Como nosotros siempre cumplimos los plazos y los juzgados no», apunta. «Si lo hicieran, la sentencia de un juicio que se celebra hoy no tardaría meses o un año, cuando la ley dice que a los pocos días tendría que estar puesta». Mira atrás y considera que «no es de recibo» que «durante el Estado de alarma todo el mundo teletrabajara» excepto los órganos judiciales. «En Hacienda no pararon, pero como la Justicia no les interesa, no le ponen medios», lamenta.

Alfonso Martínez del Hoyo también pone el foco en que el resto de «los actores del proceso» tienen su asueto «garantizado y blindado de asaltos tipo LexNet –plataforma para el intercambio de documentos judiciales–», si bien a «dos cuadros fundamentales», abogados y procuradores, les «han retirado» ese escudo «consuetudinario» y han «quedado perfectamente expuestos», por el «invento lamentable» del ministerio. Relata que él mismo y otros profesionales comenzaron a recibir notificaciones de actos jurisdiccionales a partir del pasado día 11, algunas «absolutamente alejadas de las que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a través de su comisión permanente, exhortó a los órganos judiciales a evitar durante los 20 días» de la polémica. Un CGPJ que además ha recomendado que los magistrados concentren sus vacaciones este mes. Para Del Hoyo, si el fin de la medida era «tratar de compensar la inactividad» por la suspensión de plazos en la pandemia, «no se cumplirá» porque no todos estarán «a pie de obra» entre el 11 y el 31. «Por más que le metas más voltios al sistema, éste no funciona mejor porque al final es una cuestión de amperios, las posibilidades de funcionamiento que tienen son las que son. Esto no va a procurar más avance, dado que lo que se haga, en general, quedará pospuesto a septiembre», licúa. Y remata: «Es perfectamente inútil y los profesionales que estamos cogidos por LexNet estamos obligados a tenerlo abierto y asomarnos todos los días por lo que pueda pasar».

La abogada Inma Torres explica que el habitual tiempo inhábil permitía que aunque jueces y funcionarios estuvieran operativos, «los plazos no corrieran». Este año, en cambio, sí lo harán «privando» a algunos de «su derecho al descanso y a la conciliación familiar». Sugiere que «lo que se podía haber hecho» es «concentrar las vacaciones de todos los operarios en agosto», en vez de «venderse» que se ha habilitado «para quedar bien», aunque «estemos en las mismas». «El atasco va a ser igual de monumental, aunque habremos tenido que estar al pie del cañón», recalca. «Tengo un hijo y no he podido conciliar. No es justo», se queja. «Si sirviera para tener en septiembre puesto al día los asuntos y que todo estuviera como al menos en marzo, valdría la pena, pero es que el esfuerzo lo hacemos unos cuantos y el colapso seguirá siendo el mismo. Es un atraso», martillea.

Se han dejado un par de piezas fuera de sitio, pese a que lo «han pasado muy mal» durante lo más duro de la crisis sanitaria, reconoce Manuel Pérez Cuajares. «¿Cómo pensaban que habilitando 20 días de agosto se iba a desatascar la Justicia?», se pregunta, para constatar que lo único que han logrado es «enfadar a dos colectivos a los que han dejado sin descanso». «Algunas notificaciones que se están dando de instrucción pueden esperar perfectamente, cuando luego tardan año y medio en resolver el recurso», dispara. Las sociedades están armadas a partir de la ley... y de consensos.