Un aluvión de enmiendas obliga a aplazar el debate del dictamen de la reconstrucción

La comisión parlamentaria sobre la reconstrucción económica y social de Andalucía a causa del coronavirus comenzó con mal pie por la ausencia del PSOE-A y Adelante Andalucía y parece que el final de los trabajos no está siendo del todo acertado. Tanto PP-A como Ciudadanos y Vox acordaron aplazar el debate del dictamen final, con el objetivo de estudiar a fondo las 82 enmiendas presentadas por los populares y el partido naranja y elaborar así un texto «consensuado». Es la tesis que expusieron los representantes de los tres partidos en la comisión: Alejandro Hernández (Vox), Fran Carrillo (Ciudadanos) y José Antonio Nieto (PP-A). En la misma línea, el presidente de la comisión, Manuel Gavira, aseguró que el número de enmiendas presentadas «ha sido elevado» –un total de 82, 44 de los populares y 38 de Ciudadanos– y recordó que el plazo dado por la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, de cuatro meses para concluir los trabajos expira el próximo 25 de septiembre. De esta manera, convocó a los grupos el próximo jueves, en sesión de tarde, para abordar el debate del dictamen final.

Ante tal aluvión de enmiendas, Gavira destacó que el dictamen actual refleja «lo que ha planteado la sociedad andaluza durante sus comparecencias» y apuntó que, «en absoluto», está preocupado por las correcciones planteadas por Ciudadanos y PP-A, confiando en que sirvan para dar más «calidad» al texto. En este punto, señaló que se trata más bien de enmiendas «de carácter técnico», en el sentido de eliminar los nombres de los comparecientes que se incluyen en el dictamen al final de una propuesta o una afirmación determinada que se le atribuye. Gavira reconoció que es verdad que, técnicamente, incluir esos nombres de personas concretas no puede ser objeto del dictamen y que, en ese sentido, «es necesario que se haga de alguna manera una labor depurativa y, de alguna forma, después con el resto de enmiendas que no están relacionadas con estos aspectos más bien técnicos, se pueda hacer una determinada corrección para que el dictamen tenga la mayor calidad posible».

De las 44 enmiendas de los populares, nueve van dirigidas al epígrafe de Sanidad y Salud Pública, pidiendo suprimir, entre otros asuntos, el punto que pedía fomentar mecanismos de coordinación entre las comunidades en materia de salud pública que defendía la centralización en este ámbito y otro que solicitaba «una frontera de protección microbiológica» y que el Congreso «reprima, con una respuesta penal adecuada, la actividad desarrollada por las mafias que trafican con inmigrantes».

Ciudadanos, al igual que el PP-A, pide suprimir el punto referido a implementar un «Plan andaluz de natalidad», como paso inicial para hacer frente al «suicidio demográfico». Además, plantea la elaboración de una estrategia para la erradicación de la violencia de género, con carácter permanente.

Aunque no han intervenido en los trabajos, tanto el PSOE-A como Adelante Andalucía criticaron la labor de la comisión. La secretaria general de los socialistas andaluces, Susana Díaz, instó al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a opinar sobre el dictamen porque, a su juicio, «tiene un sesgo ideológico brutal de la ultraderecha». «Hay cosas que saben que son infumables», remarcó. Por su parte, el portavoz adjunto del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, José Ignacio García, lamentó que el «infame» dictamen demuestra que la comisión «sólo iba a servir como altavoz de los fascistas», por lo que «sólo sirve para crispar».