Sus hijos no volverán a clase: «No somos negacionistas, pero tampoco borregos y vamos a protegerlos»

El curso escolar que arranca mañana en Andalucía contará con un extra de 6.400 docentes y el mayor presupuesto de la historia, 7.200 millones, como martillean desde la Junta, pero hay quien está dispuesto a hacerle un vacío circular. El Barómetro regional de la Fundación Centra fijó en el 19,4% las familias que no llevarían a sus hijos al colegio si no mejoraba la situación sanitaria y una plataforma que agrupa a AMPA de cuatro provincias augura que serán «centenares» las que secunden esa postura.

Diana Barroso es madre de un adolescente de 17 años y de una menor de 13 quienes «no volverán a clase» en un municipio de Sevilla. «Van a meter a 30 o 35 alumnos en un aula y no podrá mantenerse el metro y medio de distancia que te exigen donde quiera que vayas», condensa. Aclara a LA RAZÓN que los integrantes de este movimiento no se oponen al colegio. De hecho, añade que ella aboga por la presencialidad al «garantizar el derecho a una educación para todos y compensar desigualdades», pero siempre «con seguridad». «No somos negacionistas, pero tampoco unos borregos y vamos a proteger a nuestros hijos», avisa. En ese punto, reclama que «se baje la ratio, se contrate a más profesores y a más limpiadores» para que no haya institutos «con casi 1.000 alumnos», como el de sus descendientes, «con sólo dos por la mañana, con lo que es imposible que puedan tener el centro desinfectado», denuncia. Su hija aún está en una etapa escolar obligatoria y preguntada sobre si no teme que su negativa al regreso a las aulas acabe en la Fiscalía, responde que no. «No me da miedo, me da rabia e impotencia. Que vengan los asistentes sociales a mi casa y me lo expliquen», lanza, para encadenar que deberían dirigirse a «quienes gobiernan, abren colegios y hay contagios».

En la misma línea, Teresa Pablo, cuyo hijo empieza este año bachillerato en otro punto de Sevilla avanza que tampoco irá. «Él está deseando porque, aunque es una generación acostumbrada a las tecnologías, le resultó duro seguir la formación ‘on line’ y echa de menos a sus compañeros». Pero su familia cree que «en la situación actual es verdaderamente peligroso» y la reincorporación al centro con las medidas sanitarias previstas es «una temeridad». Pablo admite que buscan «presionar» y coincide con Barroso en que no teme la activación de los protocolos de absentismo. «No nos negamos a la educación de los niños, anteponemos su salud y su integridad física», proclama, para pedir luego a las administraciones que «cumplan con su parte, porque se ha pasado el verano y no han hecho nada. Al final es una cuestión de dinero», remata.

Lo mismo piensa Olga Amado, con dos hijos en Primaria en Málaga. «Mientras no cambien los protocolos o no inviertan en educación, no irán», avanza. Mantiene que cuentan con «argumentos legales y testigos suficientes» para desmarcarse del «globo grande al que han llamado absentismo y en el que pretenden meter a todas las familias», se queja. Entiende que la Fiscalía «tenga que mirar caso por caso», para comprobar que no hay contextos reales de abandono, pero anota que «hay jurisprudencia respecto a padres que han velado por la seguridad de los menores incluso un año entero en el que no fueron a clase». «Nosotros esperamos que esto sea cuestión de semanas o meses hasta que la situación epidemiológica se calme», une, para pespuntear que, en concreto en Málaga, el Gobierno andaluz ya ha reconocido que «existe contagio comunitario», por lo que no es recomendable, a su juicio, que abran sus puertas los centros educativos.