El Gobierno andaluz confina Casariche y extiende el cribado masivo a once municipios

Desde que el coronavirus azota, son habituales las columnas apretadas de números y las decisiones políticas más o menos basadas en ellas. El Gobierno andaluz ha aprobado hoy aplicar una nueva «medida excepcional», dada la evolución de la pandemia: el cribado masivo de test rápidos en once municipios de la comunidad donde la incidencia de la Covid-19 ha superado los 500 casos por 100.000 habitantes en las últimas dos semanas. Y ha habido otra decisión significativa que afecta a un punto concreto del mapa: quedan restringidas durante los próximos 14 días las salidas y entradas a Casariche, el municipio sevillano de 5.456 habitantes que tiene una tasa de afectados ratificados vía PCR en las últimas dos semanas de 4.582,1, a la luz de la información reflejada en la página web del Instituto Andaluz de Estadística y Cartografía (IECA), lo que lo coloca incluso por encima de algunos barrios confinados de Madrid. Habrá excepciones: se podrá acceder a la localidad para dirigirse a centros sanitarios o educativos, para cumplir obligaciones laborales o legales, para asistir a mayores, menores y dependientes; acudir a bancos; renovaciones de permisos y documentación oficial; o para realizar exámenes y pruebas oficiales inaplazables, en esencia.

Si bien, lo previsto no se queda ahí. La actividad cotidiana de la ciudad se verá afectada por otras indicaciones que se publicarán en el BOJA como que los locales comerciales y servicios abiertos al público no podrán superar el 50% del aforo permitido y su hora de cierre será las 22:00; o que los mercadillos, peñas, asociaciones gastronómicas, entes recreativo-culturales o clubes permanecerán clausurados, al igual que, temporalmente, los parques y jardines públicos, incluidos los infantiles.

Tras conocerse la iniciativa, el alcalde de Casariche, el socialista Basilio Carrión, se ha quejado de que la Junta no hubiera informado al ayuntamiento de un movimiento del que se ha enterado por la prensa, aunque desde la administración aludida han negado este extremo.

De vuelta a los test poblacionales y según han detallado los consejeros de la Presidencia y de Salud, Elías Bendodo y Jesús Aguirre, respectivamente, se llevarán a cabo en Pulpí, en Almería; en Almodóvar del Río, en Córdoba; en Jaén, en las localidades de Jamilena, Los Villares y Linares; en Sevilla en La Campana, Villaverde del Río, Arahal y Paradas; y en Málaga en Sierra de Yeguas y en Villanueva de la Concepción. En el municipio cordobés de Lucena, donde el coronavirus también se desbocó, la evolución es «altamente positiva», de acuerdo a lo expuesto por los consejeros, de ahí que no se limite la movilidad a su círculo.

Más allá de esos focos, Aguirre ha anotado que en la actualidad, «el 80 por ciento» de los contagios «se dan en el ámbito familiar», de ahí que el Gobierno autonómico haya optado por reducir de diez a seis el máximo de personas que puedan participar en reuniones de familiares y amigos, si no son convivientes. Según el consejero de Salud, estudian con el gabinete jurídico cómo pasar en ese punto de la recomendación a la obligación, aunque ha admitido que es «muy difícil» controlarlo y luego desde la Consejería de Salud han comunicado que la indicación será revisada en los próximos 14 días.

Lo que sí se mantienen son las restricciones ya existentes para bodas, bautizos y comuniones, aunque el Ejecutivo regional no descarta novedades, si la crisis sanitaria se recrudece.

De momento, los andaluces confinados en sus domicilios con diagnóstico positivo son 11.555 y 26.321 se encuentran en aislamiento preventivo a la espera de resultados. A ello hay que añadir que el 95,9 por ciento de las residencias que existen en la comunidad «están libres» de infectados. Ocho de esas instalaciones se han medicalizado y el Ejecutivo regional ha puesto en marcha cuatro centros de evacuación para trasladar a los negativos cuando sea necesario, ubicados en Granada, Sevilla, Málaga y Cádiz. En los márgenes de la pandemia, «se han hecho 26.879 denuncias», la mayoría de ellas ligadas al no uso de mascarillas. 17.434 han sido gestionadas por la Policía Local y 6.099 por la Guardia Civil.