Estaban citados ayer en su «condición de investigados» como «responsables de la trama empresarial que se beneficia de las ayudas públicas irregulares» que la Junta concedió a Isofotón, más de 80 millones entre 2005 y 2012 que no cobró en su totalidad, y había cierta expectación después de que el juzgado reclamara actas de consejos de gobierno de varias ex equipos socialistas. Pero los máximos responsables de la empresa, Ángel Luis y Diego Serrano, dieron plantón a la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández.

En concreto Ángel Luis Serrano advirtió el día antes en un escrito, consultado por LA RAZÓN, de que tenía previsto «un viaje de negocios» programado desde junio de Panamá, la capital del país donde reside en la actualidad, a México D. F., como, según él, había acreditado documentalmente. De hecho, ya dio el aviso cuando Fernández lo convocó primero el pasado 24 de julio, pero la magistrada dejó claro en una providencia que, a su juicio, ese desplazamiento no era una «causa legal» para suspender su comparecencia, según apuntaron a este periódico fuentes del caso. Pero el que fuera presidente de Isofotón insistió con un recurso de reforma, que todavía no se ha resuelto, de ahí su escrito del día 13, en el que reiteró que sólo estará disponible para declarar después del próximo 1 de noviembre. Diego se agarró a un supuesto error de notificación para no aparecer, en este caso de forma justificada.

Quien sí acudió fue el ex director financiero de producción de Isofotón, Óscar López, quien culpó a China de la quiebra de la empresa dedicada, sobre todo, a la energía solar. Defendió en sede judicial que entre 2010 y 2011, cuando la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) de la Junta le asignó tres avales por alrededor de 30 millones de euros, la entidad era «viable» y se confiaba en su continuidad porque facturaba mucho dinero y contaba con buenas cifras de ventas en mercados como el italiano o el alemán, según las fuentes consultadas. El problema llegó, según su relato, cuando China comenzó a hacer «dumping» a finales de 2011 y a vender de forma masiva placas solares por debajo de los costes de producción, lo cual provocó un gran perjuicio al sector europeo en general y a Isofotón en particular. López, que redujo su papel en el entramado al de un «simple secretario» que tramitaba documentos, admitió que Isofotón acabó en concurso voluntario de acreedores en junio de 2013 por «la negativa» de las entidades financieras a refinanciar su deuda.

Al margen de los juzgados, hubo reacciones al caso en la arena política. De un lado, uno de los portavoces del PSOE-A en el Parlamento regional, Carmelo Gómez, aseguró que en las filas de su partido están «cero preocupados» por la demanda de las actas de sesiones del consejos de gobierno de Ejecutivos de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz, y quiso aclarar que durante el mandato de la última «no se dio ni una sola ayuda» a la entidad.

De otro lado, la secretaria general del PP-A, Loles López, se preguntó desde Alhaurín el Grande, en Málaga, si habrá «otros cargos públicos que puedan aparecer vinculados a esta causa». «Todo apunta –dijo– a que éste es otro de los motivos por los que Pedro Sánchez -el presidente del Gobierno central- quiere romper la independencia del poder judicial y, por tanto, la separación de poderes y la base de la democracia».