La Junta de Andalucía denuncia ante la Fiscalía la violación de una menor tutelada

La Junta de Andalucía ha denunciado ante la Fiscalía la violación de una menor de 17 años, cuya tutela ostenta la propia administración prácticamente desde que nació. La agresión sexual se habría producido por parte del padre de acogida de la adolescente, que fue trasladada a un centro de protección de menores después de conocerse los hechos, según ha denunciado la madre biológica, a través de su abogado, José Antonio Bosch. La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, que tiene las competencias en protección de menores, ha detallado que “en cuanto se ha tenido conocimiento de los hechos denunciados por la madre se han comunicado a la Fiscalía para que se realicen cuantas investigaciones sean necesarias” y “se está prestando a la menor asistencia especializada para clarificar la situación y prestarle la ayuda terapéutica necesaria, en caso de que se confirme el hecho denunciado”.

El abogado de esta madre sevillana, José Antonio Bosch, ha explicado a LA RAZÓN que “la niña ha verbalizado dos abusos: uno por parte del acogedor; y una violación mientras estaba viviendo en el centro de menores”, que se produjo, según aclara, cuando se encontraba fuera de este. Bosch ha cuestionado las medidas de protección públicas y la falta de información por parte de la Junta ante las demandas de la madre para conocer la situación de esta y de sus otros tres hijos, de los que también les retiraron la custodia. “Queremos saber qué filtros fallaron, qué vigilancia no hubo para que eso ocurriera”, mantiene. La propia madre, Sara, ahora de 37 años, fue una niña que creció en centros de protección, hasta que con 18 años fue obligada a abandonarlo al haber cumplido la mayoría de edad. “Hay que revisar el sistema: no puede ser que se vayan retirando los hijos de quienes ya han sido niñas protegidas -critica Bosch-. Están condenadas a la exclusión”. Según detalla, Sara puede ver a algunos de hijos una vez por semana y a otros quincenalmente, en visitas intervenidas y siempre en horas laborables, nunca en fin de semana”, algo que les obliga a “renunciar al trabajo o a la visita”. El abogado asegura que la menor contó a su madre las agresiones sexuales hace diez días y desde entonces han tenido varias comunicaciones por teléfono con el sistema de protección de menores, aunque al no tener la tutela la madre “no puede intervenir. La responsabilidad de la niña la tiene la Junta, incluso para representarla legalmente”. Bosch lamenta que “a los padres les quitan los menores porque no saben atenderlos y ese es el resultado”.

Preguntada por el caso en un acto público, la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha negado las acusaciones de mala praxis tanto de la madre, adelantadas por la Cadena Ser, como del abogado, y ha defendido el buen funcionamiento de los servicios sociales. “Esto es un caso aislado y excepcional. Los profesionales que trabajan en el sistema de protección de menores son excelentes”, ha insistido, remarcando que “nuestro sistema de protección es uno de los mejores de España”, asegurando que cuando se retira la custodia de un niño “estamos hablando de violencia sexual en sus familias, de abandono, de negligencia y somos nosotros quienes les acogemos para darle un futuro” que ha remarcado que en cuanto se tuvo conocimiento, la Junta lo denunció. Fuentes de la Consejería han aclarado, además, que “en todos los informes que se hacen periódicamente” para comprobar el buen testado de los menores, en este caso en su familia de acogida, “no se había detectado nada. En el momento en que se ha sabido, se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía”. Respecto al destino de los niños tutelados, la consejera ha recordado que “con la nueva Ley de Infancia y Adolescencia -aprobada en julio pasado- apostamos por el acogimiento familiar”. “Están en un sistema de inserción social y laboral y siguen formándose, algo que la nueva ley amplía hasta los 25 años”, sino tienen recursos familiares o una red de apoyo que les permita ser independientes.

El número de menores de 18 años tutelados por la Junta de Andalucía supera los 9.000, y la mayoría se encuentran en acogimiento familiar (53%), según el último Boletín de Datos Estadísticos de Medidas de Protección a la Infancia, publicado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, difundido por Aldeas Infantiles SOS. En este sentido, el abogado de la madre afectada, critica que los centros de protección de menores sean un servicio externalizado, que suelen gestionar ONG y otras entidades.