La Junta de Andalucía aprueba más de 9.000 plazas para estabilizar el empleo público

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes tres decretos para estabilizar el empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía, que asciende a 9.137 plazas. El desglose incluye la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal de 2.411 plazas en la Administración General de la Junta de Andalucía para el año 2022; otro para la estabilización de este empleo en Educación, compuesta por 2.960 plazas de más de 150 especialidades de ocho cuerpos distintos, y un tercer decreto que incluye una Oferta de Empleo Público (OEP) para cubrir 3.766 plazas estructurales en distintos organismos de la Administración.

De las 2.411 plazas aprobadas para la estabilización de empleo temporal en la Administración General para el 2022, 155 corresponden a personal funcionario y 2.256 a personal laboral, de las cuales 821 corresponden a personal indefinido no fijo declarado por sentencia judicial, según una nota del Gobierno andaluz.

Del total de puestos en Educación, 2.264 son para el cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, 248 plazas para Maestros, 223 corresponden a Profesores de Música y Artes Escénicas, 92 son para Profesores Especialistas de Formación Profesional, 57 están destinadas a Profesores de Artes Plásticas y Diseño, 41 plazas al cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, 19 son para Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas y las 16 restantes para el cuerpo de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.

Asimismo, de la oferta para cubrir las 3.766 plazas estructurales en otros organismos del sector público andaluz en 2022, en cumplimiento de la Ley de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público del 28 de diciembre y previa negociación con los sindicatos, más de 3.000 se cubrirán por concurso y el resto por concurso oposición. El objetivo es reducir la temporalidad en el sector público andaluz por debajo del 8% que establece la normativa europea.

Cumplimiento con Europa

Así, el Gobierno andaluz ha señalado que cumple con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, al tiempo que garantiza el compromiso de España con la Comisión Europea de aprobar reformas estructurales en el ámbito del empleo público necesarias para el primer semestre de 2021.

La ley obliga a publicar la oferta antes del 1 de junio de 2022 y las convocatorias antes del 31 de diciembre de 2022; así como a resolver las mismas antes del 31 de diciembre de 2024.

En cuanto al criterio para determinar las plazas a convocar, este lo marca la normativa europea y estatal, que estipula que sean puestos estructurales ocupados de manera temporal de forma ininterrumpida durante al menos tres años, hasta el 31 de diciembre de 2020, y que no suponga un incremento del gasto público ni de efectivos.

Una línea de avales para pymes industriales y gasolineras

Por otro lado, el Consejo de Gobierno también ha detallado la puesta en marcha de una nueva línea de avales de préstamos dirigida a pymes de la industria manufacturera de Andalucía a través de la Sociedad de Garantía Recíproca (Garántia), con operaciones que tendrán un importe medio de unos 25.000 euros.

Según ha informado el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, «se podrá avalar un volumen global de 15 millones de euros» y con esta medida se pretende atender a un tejido empresarial que se encuentra ante una coyuntura desfavorable marcada por la crisis internacional de materias primas y suministros, la guerra de Ucrania o la escalada de los precios energéticos y del combustible.

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha instado al departamento de Transformación Económica a que cree una segunda línea de avales articulada también a través de Garántia para apoyar la financiación de las pymes y autónomos del sector de intermediarios del comercio de combustible y gasolineras, estaciones de servicio y establecimientos dedicados al comercio al por menor de combustible para la automoción.

Tal y como ha señalado la Junta, este sector ha visto “agravada” su situación financiera en los dos últimos meses, “debido a las dificultades de tesorería que está suponiendo para sus negocios la aplicación aprobada por el Gobierno central del descuento de 20 céntimos por litro de combustible a los consumidores”.

El sistema utilizado, en vigor desde el pasado mes de abril, obliga a las gasolineras y centros de distribución de gasóleo a adelantar automáticamente el importe necesario para hacer efectiva la bonificación cuando un cliente reposta en sus instalaciones, según han recordado desde el Gobierno andaluz.

En este caso, se prevé la formalización de unos 200 préstamos, que supondrán poner a disposición de dicho tejido empresarial unos cinco millones de euros. La cuantía máxima concedida no superará los 250.000 euros y la vida del crédito no podrá superar los cinco años.