El Gobierno pone en peligro cien millones extra para obra pública en Andalucía

La comunicación entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía en la recién inaugurada legislatura sigue la misma estela que la recién finalizada: el diálogo existe, pero los acuerdos, si se logran, suelen tardar más de lo que demanda la situación actual. Uno de los últimos desencuentros se produjo por la decisión del Ejecutivo autonómico de aprobar un Decreto ley que establecía medidas urgentes en materia de revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras. Esa norma venía a complementar y ampliar las medidas estatales previstas en el título II del Real Decreto Ley 3/2022, de 1 de marzo, modificado por el RDL 6/2022, de 29 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania. El Gobierno de España entiende que la norma andaluza, consensuada con los constructores, invade competencias y ha amenazado con recurrirlo al Tribunal Constitucional.

Las fechas de este desencuentro hablan por sí solas. Fue el 12 de abril cuando el Consejo de Gobierno aprobó la normativa impulsada por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. En junio, el Ministerio de Política Territorial trasladó sus dudas jurídicas sobre el decreto –en concreto sobre tres artículos– y emplazó a una reunión de la comisión bilateral para tratar de alcanzar un acuerdo antes de interponer un recurso al Tribunal Constitucional, lo que conllevaría la paralización del mismo.

Desde esa fecha nada se ha avanzado. Así, la consejera Marifrán Carazo ha tenido que pedir por carta al Gobierno de España que convoque de manera urgente la comisión bilateral para resolver con rapidez las dudas que tiene sobre el decreto ley.

La norma no está suspendida, pero la inseguridad jurídica de un posible recurso amenaza su desarrollo. El decreto andaluz contempla cien millones de euros para salvar obras que han sufrido un sobrecoste por el incremento de las materias primas sobre lo ya presupuestado. No solo se trata de infraestructuras de la Consejería de Fomento, sino de otras que impulsan distintos departamentos de la administración andaluza. El objetivo de este decreto permitiría sortear, al menos parcialmente, el incremento de precios y acelerar la construcción de colegios, hospitales o centros de salud.

Carazo señala en su carta que «este decreto ley quiere compensar a las empresas de la construcción que trabajan con la Junta de Andalucía por el sobrecoste ligado a la subida de precios de los materiales» y argumenta que las empresas que trabajan con las administraciones tienen «un severo problema por la imprevista alteración en sus planteamientos económicos iniciales, de ahí que, de la mano del sector de la construcción, se aprobó este decreto ley para la revisión excepcional de los precios».

Cuatro meses después desde su aprobación, en un contexto de subida de los precios y de incertidumbre económica, el Gobierno de España y el de Andalucía ni siquiera se han podido sentar para alcanzar un acuerdo.