De perito en los ERE e Invercaria a número 2 de la política económica de Andalucía

El 10 de mayo de 2012, unos meses después de ser nombrada consejera de la Cámara de Cuentas a propuesta del PP, Amelia Martínez fue cuestionada por la posible incompatibilidad quizás ética por alcanzar así ese puesto después de haber auditado las cuentas de Invercaria y escrito el informe que generó la posterior investigación judicial de esta otra macrocausa relacionada con la corrupción durante los años de Gobierno socialista. «No veo ninguna incompatibilidad, aunque haya sido nombrada por el PP. Los auditores somos independientes», respondió.

Han pasado diez años desde aquella frase. Durante siete permaneció en la Cámara y después ha estado tres en la cúspide de la Intervención General de la Junta de Andalucía por decisión del primer Gobierno de Juanma Moreno. Y ahora la carrera de esta licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales sí toma al fin un cariz cien por cien político porque acaba de convertirse en la número 2 de la política económica de Andalucía. Con otro curioso matiz. La nueva viceconsejera de Economía y Hacienda no sólo fue clave en Invercaria, sino que también declaró contra Chaves y Griñán en el gran juicio de la macrocausa ERE.

Nacida en Ronda en 1971 y funcionaria de carrera en la Cámara de Cuentas desde los tiempos de la Junta socialista, esa doble condición de auditora e interventora de lo público la ha hecho una habitual en la Audiencia Provincial de Sevilla, sede de los principales juicios contra la gestión del PSOE en Andalucía. Es más, incluso tuvo su cuota de protagonismo en el juicio de la pieza política de los ERE. El 4 de julio de 2018, ante la Sección Primera, la entonces consejera de la Cámara de Cuentas hizo lo que no suelen hacer los peritos y no ratificó el informe sobre 102 ayudas que había elaborado el órgano para el que trabajaba en 2012. De hecho, recordó que ella y otras dos consejeras elegidas por el PP emitieron votos particulares. También dijo que las transferencias de financiación «no tenían el destino que tenían que tener». Y, sobre todo, contó que sí había detectado riesgo de menoscabo de fondos públicos y que por ello pidió un informe al servicio jurídico de la Cámara. En todo caso, también aclaró que este órgano sólo tiene una función fiscalizadora y que remite todos sus informes al Tribunal de Cuentas. Como curiosidad, esa fue una respuesta a una pregunta del abogado del PP-A Luis García Navarro, que casualmente también en esta legislatura entra en la Administración autonómica como secretario general en la Consejería de Justicia

El protagonismo de Martínez, en todo caso, ha sido mayor en el caso Invercaria por aquel informe que precisamente trascendió un mes después de que tomase posesión como consejera de la Cámara, el 28 de diciembre de 2011. Ese documento de 100 páginas en el que denunciaba pagos irregulares de la sociedad de capital de alto riesgo fue la base del atestado policial que a su vez sustentó la denuncia de Anticorrupción.

En realidad, su informe se ciñó a cinco ayudas concretas, pero en contra de su voluntad y de algunas de sus compañeras, tanto ellas como Martínez han tenido que declarar como peritos en todos los juicios celebrados respecto a Invercaria, la mayor parte saldados con condenas a su expresidente Tomás Pérez-Sauquillo pero también con dos absoluciones, ambas en piezas relativas a dos modistas andaluzas: Juana Martín y María Malo.

La última vez que compareció ante un tribunal fue el pasado 6 de julio, en la vista contra el ahora presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, por el dinero que recibió su empresa Own Spa: «El problema es que en Invercaria no había procedimiento alguno», dijo. En mayo de 2021, en el juicio contra Juana Martín, dejó otra perla: «Una cosa es ayudar a empresas y otra, regalar el dinero». Ahora habrá que ver si como viceconsejera en ejercicio continúa yendo a la Audiencia. De hecho, en septiembre empieza uno de los juicios más importantes de la macrocausa: el del proyecto de las Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA).