El reconocimiento de la personalidad jurídica a los parques nacionales de Doñana y las Tablas de Daimiel, como ha ocurrido recientemente con la laguna del Mar Menor, permitiría dar un paso más en la protección y conservación de estos humedales en riesgo extremo de desecación, según defienden expertos en medio ambiente.

Así lo plantea el profesor de Ecología de la Universidad de Granada Manuel Villar en un artículo publicado en la revista de la Sociedad Norteamericana de Ecologia ‘ESA’, en el que advierte de la situación por la que atraviesan estas dos “joyas de la corona” de la biodiversidad en el sur de Europa debido al desvío excesivo de agua para el regadío y al cambio climático.

Para Villar, actuaciones ciudadanas como la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que ha permitido el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca podrían ser el último recurso para salvar a estos parques nacionales amenazados y sus humedales, si se pretende aplicar con éxito el enfoque integrado de “Una sola salud” promovido por la Organización Mundial de la Salud.

“Sería dar un paso más -en las figuras de protección de estos dos enclaves naturales- para que de esta manera, cualquier persona de la calle pudiera personarse en una causa e ir contra quienes atentan contra esos ecosistemas”, explica a EFE Villar.

DOÑANA Y LAS TABLAS DE DAIMIEL, EN RIESGO DE COLAPSO

En el artículo, el profesor de Ecología advierte del ritmo al que están desapareciendo los humedales, algo que en el caso de Doñana, en Andalucía, y las Tablas de Daimiel, en Castilla-La Mancha, atribuye, además de al cambio climático, al desvío excesivo de agua para el turismo y el riego intensivo -de fresas y arándanos en el caso del primero, y de viñedos y otros cultivos en el segundo-.

Según Villar, hoy en día, “incluso después de su declaración como parque nacional hace más de cincuenta años”, Doñana y sus humedales, los más grandes del país, siguen en peligro, mientras que los de las Tablas de Daimiel, los segundos en extensión de la península, se enfrentan a un destino similar. Ambos “podrían acabar degradándose e incluso colapsando”, expone.

Estos cambios de fase en los estados de los ecosistemas tienden a ser repentinos y a largo plazo (o permanentes), y no pueden restablecerse con una simple solución de “sólo añadir agua”.

“Incluso si las nuevas regulaciones tuvieran éxito a la hora de limitar la sobreexplotación de las aguas subterráneas y los recursos de agua dulce, reponiendo así los niveles de agua, tales esfuerzos no compensarían necesariamente las reducciones en la calidad del agua y las poblaciones de especies acuáticas”, advierte en el artículo.

EL RECONOCIMIENTO LEGAL, INSUFICIENTE PARA LA PROTECCIÓN

De hecho, sostiene Villar, incluso después de 40 años, la calidad del agua no se ha recuperado en las Tablas de Daimiel, donde los vertidos de contaminantes y aguas residuales mal tratadas han degradado los humedales, afectando negativamente a la vegetación acuática y proporcionando condiciones favorables para el establecimiento de especies exóticas.

Según el especialista, aunque las reservas protegidas son una piedra angular de las políticas internacionales de conservación, el reconocimiento legal por sí solo (por ejemplo, la inclusión en Natura 2000, o la designación como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco) no garantiza la protección del medio ambiente. En España, recoge el artículo, los parques nacionales son declarados públicamente como de máximo valor social por sus excepcionales beneficios ecológicos y culturales.

“Sin embargo, en lo que respecta a Doñana, España lleva mucho tiempo incumpliendo la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea, con graves descensos documentados en la cantidad de agua de las aguas superficiales y subterráneas, así como una mala calidad del agua debido a la contaminación por nutrientes de la agricultura intensiva”.

IMPLICACIÓN CIUDADANA EN LA CONSERVACIÓN

Tras una denuncia presentada por la organización ecologista WWF, la Comisión Europea sancionó en repetidas ocasiones al Gobierno español, que había transferido durante mucho tiempo la responsabilidad de la gestión de Doñana al Gobierno andaluz, “sin que los resultados medioambientales mejoraran”.

De hecho, recuerda Villar, la Junta propuso una medida para legalizar el regadío de más de 1.400 hectáreas de tierras agrícolas de nueva creación adyacentes a Doñana, si bien ha sido pospuesta la aprobación legislativa de este plan. “Desgraciadamente, el valor a largo plazo de los servicios ecosistémicos que prestan los humedales de Doñana se ve superado por el beneficio económico inmediato de la agricultura y otras industrias de la cuenca, lo que podría conducir a una eventual pérdida del hábitat”, advierte el profesor de Ecología, que aboga por que los ciudadanos tomen medidas “inmediatas” para proteger los recursos naturales, a través, por ejemplo, de una Iniciativa Legislativa Popular que dote de personalidad jurídica a los humedales de ambos parques nacionales, como ha ocurrido con la laguna del Mar Menor tras la recogida de 640.000 firmas.