Asignatura pendiente: mejorar la eficiencia energética en la industria

El Gobierno de España aprobó a finales del año pasado –el 27 de diciembre– el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de descarbonización industrial. Los PERTE son un instrumento de colaboración público privada en los que participan las distintas administraciones públicas, empresas y centros de investigación para propiciar un cambio o impulso en un sector de la economía y garantizar su futuro. En este caso, el objetivo es apoyar a la industria en su transición hacia modelos y procesos más respetuosos con el medio ambiente y contribuir al objetivo de neutralidad climática en 2050.

Andalucía parte de una situación de inferioridad. Como admite la Consejería de Energía y Política Industrial, la industria andaluza, incluida la extractiva, se caracteriza por ser intensiva en consumo energético. En concreto, el sector industrial es el segundo mayor consumidor de energía de Andalucía y en el año 2021 consumió el 31,8 % del total.

El departamento que dirige Jorge Paradela señala que el volumen de energía necesario para el desarrollo de las actividades industriales y mineras, es fundamental la eficiencia con que se usa la energía, es decir la energía que se necesita en relación con la producción industrial. Y una vez analizado este aspecto, la conclusión es que en «la industria andaluza se usa la energía de forma menos eficiente que en el conjunto de España».

Esta circunstancia se produce por dos factores: en primer lugar, en el nivel tecnológico y modernización de las instalaciones industriales en lo referente al consumo y generación de energía; en segundo lugar, también, a una cuestión aún más estructural, y es que la industria andaluza está especializada en ámbitos (metalurgia, química, alimentación, minerales no metálicos, papel entre otros) que por su naturaleza requieren un elevado consumo de energía.

Toda esta información forma parte de las aportaciones que ha hecho Andalucía al mencionado PERTE que ha aprobado el Gobierno a través de un Real Decreto y que tiene aspectos con los que el Ejecutivo autonómico no está de acuerdo.

Ante «la mayor vulnerabilidad de la industria andaluza ante las continuas variaciones del precio de la energía», la Consejería de Política Industria y Energía considera que «si bien la dependencia energética, el uso de fuentes fósiles y los altos costes de la energía afectan a Europa y España en su conjunto, no incide de igual forma en todas las regiones, ni sus efectos adversos se encuentran igualmente repartidos».

Por todo ello, Andalucía considera que es necesario una distinción para «territorios más vulnerables». Además, sería necesario que ese PERTE para la descarbonización tuviera una mayor dotación económica y advierte entre el desequilibrio entre la aportación pública y privada prevista «alejada de las necesidades de ayuda de las empresas». De hecho, con una aportación pública de 200 millones de euros en 2023 se pretende movilizar una inversión total de 2.800 millones de euros.

En las reclamaciones de la Junta de Andalucía se ha pedido también la inclusión de la industria extractiva, del sector de la piedra y el mármol y de la industria del frío industrial y la climatización en este PERTE de descarbonización.

En cualquier caso, lo más imortante es que la industria andaluza da síntomas de recuperación económica. Hasta el mes de noviembre de 2022, según datos del INE, la cifra de negocios en la industria aumentó un 27,5% interanual en Andalucía, 5,6 puntos por encima del incremento en España.