A juicio por vender marihuana y hachís en una asociación cannábica de Níjar (Almería)

La Fiscalía de Almería ha interesado penas de tres años de prisión para un hombre y una mujer a los que acusa de vender marihuana y hachís en una asociación cannábica de la provincia almeriense.

La calificación del fiscal, a la que ha tenido acceso EFE, señala que en febrero de 2015 los acusados constituyeron e inscribieron una asociación cultural en Níjar (Almería), de forma que uno de los investigados era su presidente y la otra la secretaria.

Este colectivo de ámbito provincial fue clasificada en el registro de asociaciones de Andalucía como de “Naturaleza/Medio Ambiente/Terapias Alternativas” y subclasificada como “Cannábicas”.

Según sus estatutos, su finalidad era realizar actividades de información, estudio e investigación sobre cuestiones relativas al cannabis, desde “los puntos de vista científico, médico y legal”.

Otro de sus objetivos era la representación y defensa de sus afiliados en relación al consumo de sustancias “cuyo tráfico está prohibido legalmente”; además de celebrar cursos, charlas, etc.

En agosto de 2017 comenzó en una nave industrial la actividad de la asociación, pero el fiscal mantiene que la misma “amparaba la libre circulación de droga” y que los acusados venían de forma “indiscriminada” marihuana y hachís a otras personas que iban a la sede del colectivo.

El Ministerio Público mantiene que esta droga se adquiría para consumirla en otros lugares, pero también dentro de la nave, y cita diferentes casos en los que supuestos clientes de los acusados fueron interceptados con estupefacientes tras acudir a dicho lugar.

Así, en septiembre de 2017 se llevó a cabo un registro en presencia de los acusados, durante el que fueron localizadas 66 bolsitas con diferentes nombres, 12 bolsas de tamaño folio y otras 10 bolsitas en una cajonera, todas ellas rellenas de una “sustancia vegetal” que resultó ser cannabis con un valor de 3.931,20 euros.

Por estos presuntos hechos, el fiscal pide un año de prisión y multa de 6.000 euros por un delito contra la salud pública, y dos años de cárcel y multa de 18 meses, a razón de 15 euros al día, por un delito de asociación ilícita.