Beneficio ilícito
Condenados por estafar 81.000 euros con tarjetas clonadas en clubes alterne
Utilizaban tarjetas de crédito que usaban los clientes en TPV de diferentes comercios
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería ha impuesto once meses de prisión y una multa de dos meses, con cuota diaria de diez euros, a tres empresarios acusados de estafar 81.089 euros con cargos realizados en comercios y un club de alterne con el número de las tarjetas de clientes de este negocio, así como otros que obtenían de personas residentes en el extranjero.
La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, condena a los acusados por un delito continuado de estafa con las atenuantes de dilaciones indebidas y de reparación de daño -antes del juicio abonaron una indemnización de 12.372 euros a los dos únicos estafados que reclamaron-, y además absuelve a otras dos personas cuya participación no quedó demostrada.
Inicialmente, los tres condenados se enfrentaban a once años de prisión por un delito de pertenencia a grupo criminal y dos delitos continuados de estafa. Dos de los acusados, uno de los cuales es administrador de una mercantil que explotaba en un club de alterne ubicado en Turre (Almería), “idearon obtener un beneficio ilícito” mediante el uso de la numeración de las tarjetas de crédito que usaban los clientes en TPV de diferentes comercios. Esta numeración la obtuvieron por dos vías: una, a través de las tarjetas utilizadas en dicho club de alterne, y otra a través de otras personas que facilitaban datos de tarjetas de extranjeros que no habían estado en España, emitidas por entidades financieras de sus países de origen.”Pasaron de forma indebida” más de 500 veces esta numeración por los TPV de sus negocios y, si bien algunas operaciones fueron denegadas, “muchas otras fueron aceptadas”, por lo que obtuvieron “importantes beneficios”.
En concreto, esta estafa afectó a 50 entidades financieras, 22 españolas y 28 extranjeras. Para poder cumplir su objetivo, los acusados se hicieron con los servicios de una serie de personas “conocedoras de la mecánica del fraude”, que eran “titulares de comercios” que se prestaban a realizar estos cargos. Entre ellos se encuentra el tercer acusado condenado, responsable de negocios de hostelería, que participó “plenamente del concierto de voluntades defraudatorio”.
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