La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha concluido el registro del Palacio Provincial de la calle Navarro Rodrigo, sede principal de la Diputación de Almería, tras la detención este martes del presidente de la institución, Javier Aureliano García, el vicepresidente Fernando Giménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, todos del PP.

Así lo han confirmado a EFE fuentes de la UCO, que han precisado que durante la intervención de sus agentes en este inmueble han estado presentes García y Giménez, y han añadido que ha comenzado a continuación un nuevo registro en otro de los inmuebles de la institución provincial.

El este caso, se trata del edificio del Servicio de Infraestructura Urbana, en la calle Hermanos Machado de la capital almeriense, ligado en este caso a un técnico de Obras Públicas que forma parte de las siete personas arrestadas o investigadas este martes, entre ellos también el hijo del alcalde de Fines y dos empresarios cuya identidad no ha trascendido.

Según han precisado las fuentes consultadas, este despliegue cuenta con la dirección, entre otros, del teniente coronel jefe del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO, Antonio Balas.

El Juzgado de Instrucción 1 de Almería ha confirmado la detención de siete personas, entre ellas la del presidente de la Diputación, según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), aunque fuentes de la investigación han asegurado que se trata de cinco detenidos y dos investigados.

Según ha informado este martes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), esta nueva fase de la operación está dirigida por el mismo juzgado que abrió la causa por el contrato de suministro de mascarillas.

La operación ha comenzado a primera hora de la mañana con el registro, por parte de la UCO de la Guardia Civil, de diez inmuebles, entre viviendas particulares, oficinas públicas y sedes de sociedades mercantiles que habrían participado en las actividades presuntamente delictivas.

El auto que ha autorizado estos registros y ha facultado a la UCO para practicar las detenciones que considere necesarias señala que “en el presente caso existen sospechas fundadas de la comisión de unos hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales”.

La investigación judicial recoge indicios de que los investigados “hubieran colaborado o, cuanto menos, facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones de las que ellos podrían haber ser destinatarios, entre otros”.

Parte de estas contrataciones se habría tramitado en la propia Diputación y “algunas de estas contrataciones se podrían haber llevado a cabo en el Ayuntamiento de Fines”, según el mismo auto.

La juez instructora subraya que algunos de los ahora detenidos no habrían intervenido directamente en la adjudicación de los contratos presuntamente irregulares, pero sí “en la posterior canalización de los fondos ilegales en el tráfico legal del dinero, lo que podría ser constitutivo de un delito de blanqueo de capitales”.