Economía

Andalucía se plantea la «vía Ayuso» para atraer inversores extranjeros

El Gobierno de Moreno estudiará beneficios para el próximo año mientras la ministra Montero se muestra segura de que el recurso a la tasa a grandes fortunas no prosperará

La consejera de Economía de la Junta de Andalucía, Carolina España
La consejera de Economía de la Junta de Andalucía, Carolina EspañaEuropa Press

Andalucía «estudia» nuevos incentivos para la atracción de inversores como respuesta a las trabas que suponen impuestos como el de las grandes fortunas del Gobierno central, que en la comunidad afecta a unos mil declarantes y que la Junta llevará al Constitucional. Andalucía plantea así, además de como ya ha hecho con el recurso judicial, la «vía Ayuso» en la Comunidad de Madrid para atraer capitales. La presidenta madrileña se mostró dispuesta a subvencionar con una deducción del 20% en el IRPF del tramo autonómico cualquier inversión que realice un extranjero, como la compra de una vivienda. Con las cuentas de la Junta recién aprobadas, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, señaló, en declaraciones a Canal Sur Radio, que se estudia «de cara al próximo Presupuesto».

Carolina España recordó que las propias normas de la comunidad andaluza ya prevén algún tipo de «reducción» que favorezca la inversión foránea y que precisamente era lo que la Junta pretendía lograr con la supresión del impuesto al patrimonio, al que reaccionó el Gobierno central con la tasa a grandes fortunas. «Era lo que queríamos conseguir, que vinieran. Andalucía es el mejor lugar para vivir, no es comparable con Madrid», apostilló Carolina España, insistiendo en que el beneficio en la recaudación sería superior con los nuevos residentes foráneos que la cantidad que se dejaba de percibir en la tasa de patrimonio. Con seis bajadas de impuestos desde la llegada de Juanma Moreno a la Junta, la recaudación ha crecido en el período 2019-2022 por encima de los 68.769 millones. En el trienio anterior, 2015-2018, fue de algo más de 60.992. La diferencia es de un 12,75%, esto es, casi 7.777 millones en cuatro años o una media de más de 1.944 millones anuales. En relación a las previsiones económicas, la consejera de Economía señaló que, con una proyección de la Junta del 1,9%, «el primer trimestre va a ser el peor, pero en primavera y verano iremos creciendo más». España se definió como «optimista moderada». «Generando un ecosistema impositivo que atraiga la inversión y ofreciendo confianza, estabilidad política, financiera y presupuestaria es como se atrae la inversión y como se potencian las exportaciones», defendió la consejera de Economía.

En comisión parlamentaria, la consejera señaló, en cuanto a la financiación autonómica, que la comunidad ha cuantificado que la cantidad acumulada que no ha recibido Andalucía en 11.000 millones y recordó que el hoy presidente de la Junta votó a favor de la propuesta que la entonces consejera María Jesús Montero presentó en el pleno para reclamar un sistema justo para Andalucía. «¿Votarían sí o no actualmente si el Gobierno andaluz presentara una propuesta similar?», preguntó España al PSOE.

Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se mostró segura de que los recursos que han anunciado la Comunidad de Madrid y más recientemente Andalucía ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el impuesto a las grandes fortunas no prosperarán, argumentando que el tributo está dentro de las competencias del Gobierno central «y no va contra nadie». Montero criticó que el PP lleve al TC «cualquier iniciativa» que aprueba el Gobierno central.

Montero incidió en el «voto dividido» en el Consejo Consultivo –algo preceptivo pero no vinculante– a la hora de validar el recurso andaluz. La ministra de Hacienda consideró la tasa no solo justa sino respetuosa con las competencias de las regiones, que es el principal motivo –el de la invasión de competencias– que alega Andalucía en su recurso. Montero señaló que Andalucía eliminó el Impuesto de Patrimonio que solo pagaban el 0,2% de los contribuyentes andaluces, que dejaron de pagar 120 millones, unos 6.000 euros menos por persona, y lo definió como «un regalo fiscal para quienes tenían un patrimonio medio de 2 millones de euros (...). Este no es nuestro modelo».