Arreglos «exprés» para pisos públicos de la Junta de Andalucía vandalizados

L a Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, adscrita a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, es el primer gestor nacional de patrimonio público residencial. Como empresa propietaria de esos pisos tiene que asegurar el mantenimiento de los mismos y la puesta a disposición de los inquilinos en condiciones de habitabilidad. Para ello existe el programa anual de conservación y mantenimiento, encargado de reparaciones derivadas de reclamaciones de daños, así como las adecuaciones básicas de viviendas para su posterior adjudicación.

Sin embargo, existe otra necesidad que va más allá de la simple adecuación de la vivienda y es cuando los inmuebles sufren destrozos mayores. Por ese motivo, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) está licitando contratos en todas las provincias para ejecutar «adecuaciones extraordinarias». Se trata de «intervenciones a realizar en viviendas, elementos o zonas comunes de edificios residenciales que se encuentran en muy mal estado, porque hayan ido vandalizadas o porque hayan sido utilizadas para el cultivo de marihuana en su interior».

La Agencia admite que «en estos casos frecuentemente se encuentran instalaciones eléctricas manipuladas, carpinterías inexistentes o muy deterioradas, así como instalaciones y revestimientos y acabados en muy mal estado. Este tipo de intervención se aleja bastante de lo que ha venido siendo una reparación derivada de reclamación de daños o una adecuación básica donde es suficiente realizar pequeñas reparaciones y trabajos de pintura para dotarla de condiciones de habitabilidad».

En total, se invertirán más de 1,3 millones de euros (1.383.760) en rehabilitar las viviendas que estaban afectadas y dañadas por su mal uso o por haber sido utilizada por sus inquilinos a fines ilícitos – 72.970 euros por provincia–.

La peculiaridad de esta iniciativa es la necesidad de movilizar varios oficios en un corto periodo de tiempo, ya que el contratista deberá disponer de suficiente personal cualificado para atender como mínimo los siguientes oficios: albañilería, fontanería, electricidad, pintura, cerrajería y carpintería de madera y dispondrá de peones para la realización de posibles mudanzas y traslado de enseres, y así como apoyo a los distintos oficios.

En el pliego de condiciones se especifica que AVRA comunicará por correo electrónico o a través de una APP habilitada a la empresa que resulte adjudicataria la necesidad de una visita de inspección para determinar el alcance de los servicios y que ésta «deberá responder con un acuse de recibo en un plazo inferior a 1 día hábil desde la recepción de la comunicación por correo electrónico o a través de la APP».

El acuse de recibo es el primer paso para que AVRA facilite a la empresa adjudicataria los datos básicos para la localización del inmueble, la persona de contacto, las deficiencias detectadas en el inmueble, y le solicitará que remita por correo electrónico «en un plazo máximo de 3 días hábiles a partir del acuse de recibo un informe técnico» en el que se detalle «la descripción de las deficiencias y desperfectos comprobados en la visita», incluyendo «un reportaje gráfico» de la misma.

Las exigencias por parte de la empresa pública incluyen un presupuesto detallado con intervalos de tarifas cerradas e incluye que si la empresa adjudicataria incurriera en la demora de cualquiera de los plazos indicados en el procedimiento para los servicios ordinarios, «se podrá aplicar una penalización del 10 %».

El objetivo final es recuperar las viviendas para incluirlas de nuevo en el registro de demandantes y adjudicarlas.