Los avisos por maltrato infantil suben un 30% en Andalucía

El Sistema de Información sobre Maltrato Infantil de Andalucía (SIMIA) registró en 2022 12.048 notificaciones, un 28,9% más que en 2021, y más de la mitad (un 53%) fueron valoradas como graves. En cuanto a las tipologías, las más notificadas fueron la negligencia (84,7%) y el maltrato emocional (78,5). El 31% de las notificaciones hechas al SIMIA hicieron referencia a abuso sexual.

Así lo recoge el Informe Anual de Infancia y Adolescencia 2022, presentado ayer en el Parlamento de Andalucía. En el informe también se incluyen los casos de violencia vicaria, que es una violencia de género contra la madre que se ejerce sobre los hijos. Según el Portal Estadístico de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género en una década, desde 2013 a 2022, han muerto o han sido asesinados 48 niños, niñas y adolescentes en España víctimas de este tipo de violencia. A nivel regional, en Andalucía han sido 8 las víctimas mortales, 6 niños y 2 niñas. En cuanto al parentesco, 7 eran hijos biológicos del presunto agresor y todos vivían con su madre y con dicho agresor. Solo uno de los supuestos agresores había sido denunciado previamente y tres se suicidaron después.

El Informe Anual de Infancia y Adolescencia también hace hincapié en los niños huérfanos por violencia de género. En la última década, han sido 74 en la comunidad andaluza. Para ellos, el Defensor de la Infancia, Jesús Maeztu. pidió ayer ante el Parlamento un mayor acompañamiento psicológico, especializado y específico, así como un sistema de ayudas económicas públicas para estas víctimas menores de edad cuando pierden a sus madres y mejoras en la información disponible sobre la situación en la que quedan. «La sociedad y los poderes públicos no pudieron proteger a sus madres, pero sí deben ayudar a estos niños y niñas a superar el trauma, reparar el daño y garantizarles un futuro digno», enfatizó Maeztu.

El Defensor identificó varios retos a mejorar por las administraciones públicas para garantizar recursos y protección a estas víctimas, como serían entre otros una ampliación del acompañamiento superior a las 48 horas tras el entierro de la mujer; medidas para evitar la victimización de estos menores en los procesos judiciales –por ejemplo, en cuanto al otorgamiento de la guarda y custodia a las familias, o ante la futura excarcelación o permisos de su progenitor–; medidas de protección sobre sus derechos patrimoniales, y la necesidad de una acreditación de la condición de víctima para poder acceder a recursos y servicios más allá de la protección judicial.

En cuanto a la importancia de las ayudas económicas, el Defensor destacó la nueva regulación de la pensión de orfandad, con una incidencia baja de este tipo de beneficiarios hasta ahora, y señaló diversas ayudas autonómicas para huérfanos por violencia de género menores de edad en otras comunidades autónomas como Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia e Islas Baleares, de la que sin embargo carece Andalucía. Por último, Maeztu demandó una mejora en el sistema de recopilación e información de datos estadísticos, y potenciar acciones de investigación, campañas de sensibilización social e información.

Acerca de otras materias del Informe, Maeztu destacó el derecho a la salud y la atención especializada de pediatría, especialmente preocupante en entornos rurales, y las quejas sobre la salud mental, «una asignatura pendiente que no permite más demora», incidió.