SOS de los jueces del Campo de Gibraltar a la Unión Europea

Los jueces de la comarca del Campo de Gibraltar no saben ya a quién acudir para trasladar la situación de indefensión y falta de medios que padecen en la lucha contra el narcotráfico. Y ahora, además, se han sentido ninguneados porque la misión de eurodiputados de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que la semana pasada visitó las localidades gaditanas de Barbate y Algeciras, no los ha tenido en cuenta. De hecho, fue uno de los pocos colectivos con los que los eurodiputados no se reunió.

En un comunicado, mostraron ayer su malestar porque «hubiese sido de vital importancia» que desde Europa «pudiesen haber escuchado nuestras carencias personales y materiales». El altavoz europeo es importante porque hasta la fecha todas sus reclamaciones han sido obviadas. Aspiran, únicamente «a mejorar la respuesta del Estado, fortaleciendo los órganos judiciales sitos en esta zona, sin quedar en el olvido el Poder Judicial».

El comunicado, firmado por jueces que desarrollan su labor en la comarca del Campo de Gibraltar y en la Audiencia Provincial en la localidad algecireña, recuerda que son una «parte esencial en las posibles soluciones a arbitrar para poder hacer frente a la actividad derivada del narcotráfico». La otra pata y casi la única con la que cuentan de apoyo la integran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

De ahí que a los jueces les haya dolido el olvido de los eurodiputados, que sí mantuvieron encuentros con representantes de los distintos cuerpos policiales, políticos locales, provinciales y regionales, así como asociaciones vinculadas a la lucha contra el narcotráfico para evaluar las condiciones laborales de las Fuerzas de Seguridad de la Unión Europea. La parte judicial, sin embargo, no estuvo contemplada en la agenda de la misión europea.

Los jueces desarrollan una «función jurisdiccional por mandato constitucional» y detallan que por los Juzgados de Algeciras, La Linea de la Concepción y San Roque se han pasado «un elevado número de macrocausas» y su posterior enjuiciamiento por los Juzgados de lo Penal y la Sección Séptima de Cádiz, con sede en Algeciras. De hecho, se han celebrado «50 macrojuicios en el periodo de 2022 a 2025», incluyendo el juicio «con mayor número de acusados de todo el territorio nacional», una causa por narcotráfico con 146 acusados en los meses de abril a julio de 2023.

«Relevancia judicial»

Con esos datos quieren demostrar «la relevancia de la función judicial en el Campo de Gibraltar en la lucha contra el narcotráfico». Además, ahora hay que sumar las últimas resoluciones de los jueces y magistrados de esta zona en materia de «petaqueo» que «han supuesto un avance en la consideración penal de dicha conducta».

Hay que recordar que tras los trágicos sucesos de febrero de 2024, en el que una narcolancha mató a dos guardias civiles en Barbate, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la segunda más representativa, propuso que la Audiencia Nacional asumiera la lucha contra las organizaciones criminales del narcotráfico en el litoral andaluz para evitar «que se quiebre el Estado de Derecho» en determinadas zonas de España como el Campo de Gibraltar. Esgrimía esta asociación, con conocimiento de causa, que la lucha contra las organizaciones criminales se aborda en la zona «con unos medios fragmentados y reducidos» y con «una estructura judicial del siglo XIX». Por ese motivo, entendían que era «necesario e inaplazable» ofrecer soluciones ante «un más que evidente riesgo de que la delincuencia organizada se acabe imponiendo a la autoridad pública y determinados territorios se conviertan en lugares en que la impunidad frente al delito campe a sus anchas».

En el estudio, titulado «Informe Barbate: la situación de los juzgados en Andalucía Occidental» y elaborado por un grupo de expertos ante el aumento de la criminalidad en la zona, la asociación judicial abogaba por superar la estructura judicial que creó la Audiencia Nacional hace 47 años para que no sean juzgados mixtos –con competencias en material civil, penal y familia– los que tengan que investigar estos delitos y se vean «sobrepasados» ante la falta de recursos y el exceso de competencias.

Esta solicitud tampoco se atendió y se suma a otras iniciativas planteadas que no han encontrado el respaldo del Gobierno de España. En este sentido, ayer mismo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, se sumó a las reivindicaciones de los magistrados y reclamó que se incremente el número de juzgados y de jueces en partidos de la Costa del Sol malagueña y la zona del Campo de Gibraltar ante el aumento de la «criminalidad violenta» en dichas comarcas andaluzas.

En concreto, en el Campo de Gibraltar, el presidente del TSJA abogó por crear «agrupaciones de partidos», de forma que «se pudieran agrupar» los partidos de La Línea de la Concepción, San Roque y Algeciras «a efectos de la jurisdicción penal y que se especializaran unos jueces».

En el caso de la Costa del Sol, Del Río consideró que hay «juzgados insuficientes» como en Marbella, ciudad que «no puede estar con cinco juzgados de instrucción» porque «necesita muchos más». En este caso concreto, llamó la atención acerca de que los juzgados de instrucción de la ciudad, con casi 150.000 habitantes, reciben «permanentemente un montón de comisiones, de euroórdenes, de órdenes de investigación europeas», y para eso «ahora mismo, hay una insuficiencia de medios», lamentó.