Caso Aznalcóllar: "No se hicieron las inversiones necesarias para reforzar la balsa"

Boliden afrontó gastos por unos 115 millones de euros tras el desastre de Aznalcóllar, por lo que no es responsable de los 90 millones que le reclama la Junta de Andalucía por los trabajos de limpieza y recuperación de la zona afectada.

Esa es la línea argumental que defiende la compañía minera Boliden en este juicio y que reforzó en la Audiencia de Sevilla Robert Gibb, de la consultora Ernst&Young, que auditó las cuentas la empresa entre 1994 y 2002. A raíz del incidente de Aznalcóllar, Gibb emitió dos informes detallando los gastos a los que tuvo que hacer frente la compañía minera sueco canadiense. Un total de 115 millones, aseguró, figurando entre estas cuantías 45,8 millones de euros en investigaciones y obras relacionadas con el asunto, en especial 30 millones para el sellado de la balsa; y unos 31,4 millones de euros destinados a las labores de retirada de lodos contaminantes. Incluso, recalcó Gibb, fue necesaria «una ampliación de capital».

El que fuera auditor de Boliden se deshizo en elogios a la compañía minera, asegurando que en ningún caso abandonó la mina de Aznalcóllar tras el vertido de la balsa, sino que su proceso de salida «fue muy ordenado» y con el beneplácito de la Junta de Andalucía.

En esta tercera sesión del juicio, se escuchó también al portavoz de Ecologistas en Acción, Isidoro Albarreal, quien reprochó al consultor que esas inversiones «debieron hacerse mucho antes» de que sucediera el desastre. En concreto, el portavoz de los ecologistas afeó a la defensa de Boliden que el sellado de la balsa debió acometerse cuando se detectaron las primeras fallas, a principios de 1995, durante las obras de la nueva corta minera de Los Frailes. «Entonces ya hubo denuncias de los propios ingenieros de la empresa, que dijeron que había que reforzar la balsa (de residuos de metales pesados) o construir otra nueva», apuntó Albarreal.

En este punto, rememoró la figura de Manuel Aguilar Campos, ingeniero de minas de Boliden-Apirsa en Aznalcóllar, ya fallecido, quien una vez jubilado alertó sin éxito sobre las deficiencias de la balsa, cuyo colapso se desencadenó unos dos años después de sus denuncias públicas.

«No se hicieron las inversiones necesarias para reforzar la balsa», señaló Isidoro Albarreal, agregando además respecto a los gastos propios alegados por la representación de Boliden-Apirsa, que los costes de reparación de la balsa de residuos de metales pesados no pueden ser entendidos como inversiones en «restauración» medio ambiental, pues se trataba de trabajos «imprescindiblemente» destinados a que el vertido «no continuase». De este modo, el portavoz del colectivo ecologista afirmó como colofón a su intervención que ha quedado «demostrado» que la gran mayoría de las inversiones de Boliden-Apìrsa se redujeron a trabajos circunscritos a «parar el vertido».

En esta tercera sesión también intervino un especialista en descontaminación de suelos, identificado como José Luis F., que ostentó la dirección técnica de la Oficina de Recuperación creada por la Junta tras el vertido. El técnico reconoció ayer que los suelos estaban «altamente contaminados y dañados» y que los lodos contaminantes de la balsa eran «una auténtica bomba de relojería». El trabajador defendió que todas las actuaciones encaminadas a reparar los terrenos fueron totalmente necesarios, incluido el Corredor Verde del Guadiamar, que Boliden considera un proyecto «innecesario». En este punto, reprochó a Boliden dejar «inconclusas» las tareas de limpieza que le fueron asignadas.