Caso Aznalcóllar: "Había pánico entre la población"

El juicio contra la compañía minera sueco-canadiense Boliden por el desastre de Aználcollar se retomó ayer en la Audiencia de Sevilla. La Junta de Andalucía le pide 90 millones por los gastos de limpieza de la zona afectada, pero la compañía se niega.

Esta segunda sesión no generó tanto interés mediático como la primera, pero sí más tensión dentro de la sala. Y todo a raíz de una singular petición de la defensa de Boliden al juez: que los testigos aportados por la Junta de Andalucía no compareciesen después ante los medios para «no influenciar» al resto de interrogados.

Perplejo, el juez se limitó a pedir a los testigos que todavía fuesen funcionarios que se guardaran de hablar con periodistas, pero es que la mayoría de los que testifican en este juicio están jubilados.

Ayer fue el turno de tres técnicos que trabajaron para la Junta en las labores de restauración llevadas a cabo por el vertido. La intervención más interesante fue la de Francisca de la Hoz, ingeniera de minas que trabajó en la Oficina Técnica del Guadiamar entre 1998 y 1999.

La ingeniera contó cómo encontró una «situación de pánico entre la población», ya que la Oficina recibió muchas llamadas de personas interesadas en saber «si la contaminación llegó a la playa o si era adecuado consumir determinados productos como el pescado o las frutas de las zonas afectadas o limítrofes».

De la Hoz siguió en su intervención la línea argumental expresada por su ex jefe Javier Serrano, quien coordinó la Oficina de Restauración tras el vertido y testificó en la primera sesión del juicio. La ingeniera coincidió con su superior en que todas las actuaciones de recuperación tras el desastre fueron necesarias, incluido el Corredor Verde, proyecto puesto en duda por Boliden. Alegan que «estaba predeterminado» .

En cuanto a la posibilidad de dejar el área dañada tal cual estaba antes, dedicada a usos agrícolas, la testigo fue tajante: «No se podía, por el riesgo de que no se hubiese podido limpiar todo. Si plantabas un cultivo, podía dar la sensación de que estaba envenenado». En vez de retomar el carácter agrícola de esos terrenos, la Junta optó por una restauración vegetal, lo que generó un gasto que Boliden no entiende como justificado.