Cuatro ex altos cargos de Andalucía se libran del fraude de más de 100 millones del ERE de Santana

Uno de los altos cargos condenados en la pieza del llamado «procedimiento específico» de los ERE habría señalado, en la época de la Instrucción, algo así como que el meollo de la cuestión estaba «en Jaén y sólo Jaén». Las cientos de piezas pendientes del presunto fraude en los Expedientes de Regulación de Empleo de la Junta siguen su curso pero la dilación de las causas provoca que imputados trascendentales queden absueltos por la mera prescripción de los delitos. El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, dictó un auto, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en el que cierra otra pieza del entramado con diez procesados en este caso por las ayudas de 100 millones a Santana Motor, empresa señera de Linares, Jaén. El magistrado archiva la causa contra cuatro ex altos cargos de la Junta: los ex consejeros Antonio Fernández, José Antonio Viera y Francisco Vallejo, y el ex viceconsejero Agustín Barberá. De ellos, Viera ha obtenido ya el tercer grado en su condena en la misma pieza en la que al ex presidente Griñán esta semana se le ha aplazado cinco años su condena de seis por el cáncer que padece, a diferencia del ex viceconsejero Barberá que sí está prisión pese que pidió acogerse al mismo artículo 80.4 al padecer también la enfermedad.

Se acerca al axioma incluso entre las partes que si el «caso ERE» no hubiera caído en reparto en el juzgado de Mercedes Alaya el icerberg seguiría, aún más, bajo el agua. El PSOE, en los tiempos de la insondable influencia del jienense Gaspar Zarrías, inyectó más de 100 millones desde la Junta entre 2001 y 2010 con el argumento de mantener la llamada paz social, que era también el supuesto fin último de los ERE (al margen del gran negocio de las sobrecomisiones y, en menor medida, de los intrusos en las pólizas). Con esos 100 millones se prejubilaron unos 800 trabajadores y cinco directivos de Santana obtuvieron «gratificaciones» de unos 446.000 euros de media cada uno. El magistrado, en su auto, critica la «patente y grosera arbitrariedad» en la «cuantificación» de las ayudas concedidas. Sin embargo, los cuatro ex altos cargos de la Junta no tendrán que sentarse en el banquillo de nuevo: dos han quedado exonerados porque el delito ha prescrito y otros dos porque ya fueron juzgados en la citada pieza del procedimiento específico –que estudiaba el destino de hasta 680 millones en total– en la que fueron condenados los ex presidentes Chaves (inhabilitación) y Griñán (seis años de cárcel ahora suspendida e inhabilitación también). Se trata del ex consejero de Innovación Francisco Vallejo; el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá; y los ex consejeros también de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández. El juez sí continúa el procedimiento contra diez personas en una pieza separada y considera que los hechos investigados podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental.

El juez de refuerzo Vilaplana dictó un auto en el que cifra las ayudas entre 2001 y 2010 a Santana en un importe de 100.660.167,79 euros a la mercantil. El juez acuerda continuar las diligencias previas como procedimiento abreviado, como presuntos responsables penales, contra un total de cinco personas: el que fuera consejero delegado de Santana Motor; el director de Recursos Humanos de la empresa, el apoderado de la Sociedad para el Desarrollo de Componentes S.L. y de la Sociedad Útiles del Sur S.L.; un abogado, y el responsable de una mediadora.

Asimismo, el instructor continúa el procedimiento contra cinco directivos de la mercantil en calidad de partícipes a título lucrativo, y ello porque, «a consecuencia de las ayudas ilícitas objeto de la presente causa, tales directivos de Santana Motor se habrían visto clara y directamente beneficiados al obtener –injustamente– una remuneración o gratificación extraordinaria que habría sido objeto de una administración desleal de fondos públicos determinante de la ilicitud de la causa negocial de las pólizas de seguro por ellos suscritas e ilícitamente financiadas».

El juez aplica a Agustín Barberá y Francisco Vallejo el principio non bis in idem (que impide un doble enjuiciamiento en relación a unos mismos hechos delictivos y considera que los hechos que se les atribuían en esta pieza separada ya fueron enjuiciados en la pieza del procedimiento específico), mientras que respecto a Viera y Fernández archiva la causa por prescripción de los delitos, pues considera que se les atribuyen hechos distintos a los enjuiciados en el procedimiento específico.

El magistrado explica de entrada que esa condición de investigados “se habría fundamentado en que parte de los pagos de las ayudas objeto de autos no estarían incluidos dentro del periodo de imputación en la causa del procedimiento específico con cargo a la partida presupuestaria 31-L, por lo que parte de la mecánica delictiva investigada no habría de estar incluida en el enjuiciamiento a que aquéllos fueron sometidos” en relación a dicho procedimiento específico.

El caso de los ex altos cargos de la Junta investigados

Así, “existían indicios de que la Consejería de Empleo habría satisfecho parte de las ayudas concedidas en favor de Santana Motor con cargo a los fondos de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa por importe de 524.159,16 euros”, pero, sin embargo, “no ha quedado suficientemente acreditado -con la solvencia necesaria- que los fondos empleados para este pago parcial de las ayudas sociolaborales en favor del Grupo Santana Motor hubieran sido transferidos a la agencia IDEA procedentes de un programa presupuestario de la Consejería de Innovación, pudiendo tratarse de remanentes -de fondos de la 31-L- del ejercicio presupuestario anterior derivados del cambio de adscripción de la agencia IDEA, que pasó en 2004 de depender de la Consejería de Empleo a depender de la referida Consejería de Innovación”.

En este sentido, el magistrado asevera que la continuación de las actuaciones contra estos cuatro ex altos cargos de la Junta, con fundamento en esta disposición de fondos públicos, “supondría una lesión del principio non bis in idem, pues estos pagos por importe de 524.159,16 euros habrían sido verificados dentro del periodo de imputación del procedimiento específico con cargo a la partida presupuestaria 31-L”, aunque entiende que ello únicamente sería aplicable en los casos de Agustín Barberá y Francisco Vallejo, contra los que, por este motivo, archiva la causa.

Y es que, no obstante lo anterior, el instructor entiende que “sí existen indicios solventes de que -para el mismo fin- habrían sido utilizados fondos contenidos en la partida presupuestaria 54-B destinada a “Desarrollo tecnológico” (ejercicio presupuestario de 2003) de la Consejería de Empleo, y no de la 31-L”, una disposición de fondos “realizada por la Consejería de Empleo con el concurso de sus responsables”, aludiendo en este sentido a los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández.

En este caso, “la prosecución de las actuaciones en relación a la ilícita disposición de estos fondos frente” a Viera y Fernández “no supondría una lesión del principio non bis in idem, pues los pagos (por importe de 1.478.410 euros) de ayudas sociolaborales con cargo a la partida presupuestaria 54-B de la Consejería de Empleo no formaban parte de la ideación y ejecución del denominado procedimiento específico articulado por los responsables de la Junta como vía útil y fraudulenta para satisfacer el pago de subvenciones excepcionales soslayando controles y fiscalización”.

“Gratificaciones extraordinarias” de directivos de la empresa

No obstante, y pese a constatar lo anterior, el juez declara prescrita la responsabilidad penal y archiva la causa contra ambos exconsejeros de la Junta de Andalucía, todo ello al haber transcurrido más de quince años desde la propia comisión de los hechos delictivos (año 2003) hasta que se acuerda dirigir el procedimiento contra los presuntos responsables (auto de 2 de septiembre de 2019).

En el auto, el magistrado precisa que el objeto de esta pieza separada del caso ERE “lo constituye la presunta ilicitud de las ayudas sociolaborales o excepcionales facilitadas y abonadas desde el año 2001 al 2010” por la Consejería de Empleo a la mercantil Santana Motor, señalando que “el importe de estas supuestas “subvenciones” graciosamente concedidas por la Junta ascenderían a 100.660.167,79 euros, habiendo tenido por objeto, fundamentalmente, el pago de compromisos financieros y laborales de la empresa, tales como el pago de las indemnizaciones por despido, pago de “bajas incentivadas”, de “gratificaciones extraordinarias” de directivos, de “prejubilaciones” de trabajadores afectados por los ERE de Sociedad Útiles del Sur y de la Sociedad para el Desarrollo de Componentes (empresas integradas en el Grupo Santana Motor), mediante la financiación -en su mayor parte- de un seguro de rentas”.

El juez considera que las tres personas vinculadas a Santana Motor contra las que se dirige el procedimiento como responsables penales “habrían conseguido el otorgamiento de unas supuestas subvenciones públicas, de forma arbitraria e injusta, financiadas con fondos de la Junta de Andalucía; subvenciones que habrían gestado y concertado con los altos cargos de la Administración concedente y mediante negociaciones verbales, al margen de cualquier atisbo de publicidad, y de espaldas del procedimiento legalmente establecido, en contravención a la disciplina administrativa, financiera y contable a que debían ajustarse, normativa que fue deliberadamente soslayada, todo ello con el natural concurso de los aquí investigados”.

Al hilo de ello, el magistrado dice que, en este contexto “y gracias a estas influencias e intermediaciones”, se concedieron las ayudas investigadas a Santana Motor, las cuales “carecerían de objeto definido y concreto” y “se llevaron a efecto de forma injusta y arbitraria, prescindiendo del procedimiento legalmente establecido y sin observancia de los aplicables principios de publicidad, concurrencia y objetividad; concediéndose por el correspondiente director general de Trabajo sin competencia para ello, sin resolución motivada y justificada de concesión, sin acreditación de los requisitos necesarios para su obtención, y sin que se justificase en modo alguno el carácter excepcional de la correspondiente ayuda”.

Las ayudas fueron otorgadas “sin control administrativo y sin justificación ni acreditación del destino de los fondos percibidos”, a lo que se suma, según el juez, que los fondos públicos “fueron comprometidos y dispuestos en su mayor parte bajo el supuesto y ficticio camuflaje de ayudas excepcionales sociolaborales individuales -en favor de los trabajadores-, cuando en puridad lo que se pretendías era allegar fondos para financiar el proceso de viabilidad y reestructuración de una sociedad mercantil, real beneficiaria de los fondos”. “A lo que debe añadirse las injustificadas coberturas y condiciones de las correspondientes pólizas de seguro de rentas de prejubilación, así como la discrecional selección de las compañías aseguradora y mediadora”, sostiene el magistrado.