Crecen los objetores frente a la eutanasia: ya son 1.600 médicos

Cuando se aprobó la ley de eutanasia, en marzo de 2021, el Ejecutivo de Juanma Moreno fue muy criticado por las llamadas asociaciones por el derecho a morir dignamente por «dilatar» su aplicación. La Junta de Andalucía tardó nueve meses debido a los retrasos en la creación de la Comisión de Garantía y Evaluación, encargada de autorizar o denegar las solicitudes de eutanasia. Pero este no ha sido el único motivo que ha frenado esta prestación.

Lo cierto es que esta ley desde su creación ha estado envuelta en polémica y, desde un inicio, los médicos han sido reticentes. Tanto, que la lista de objetores no ha parado de crecer desde entonces. Según los últimos datos aportados por el Consejo de Gobierno andaluz y relativos al año 2024, ya son 1.608 los profesionales sanitarios que se han declarado objetores, 268 más con respecto al año anterior. Esto ha provocado que en provincias como Huelva, la Consejería de Salud se haya visto obligada a desplazar equipos móviles para garantizar la eutanasia.

Este fue el caso de José Díaz, un onubense de 33 años y con necrosis cerebral tras un accidente, que saltó a los medios porque tardó un año y medio en recibir la muerte asistida por falta de facultativos dispuestos a ello en el hospital Juan Ramón Jiménez.

Este episodio puso encima de la mesa el choque de dos derechos reconocidos: el de la eutanasia y el de la objeción de conciencia. Y a raíz de ello, la Junta se puso manos a la obra para garantizar mayor protección a los médicos. Fruto de ello ha sido la modificación del Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a la prestación de ayuda a morir y la Comisión de Garantía y Seguimiento, con el fin de dotar a estas dos herramientas de una mayor seguridad jurídica. Según informo ayer en una nota el Consejo de Gobierno, el objetivo es «preservar, por un lado, el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de objeción y, por otro, procurar la mejor calidad y asistencia vital del paciente que solicita dicha práctica». Además, el nuevo decreto establece «una regulación más precisa y actualizada de la presentación de la declaración de objeción de conciencia y se introducen mejoras formales y sistemáticas en la regulación de los procedimientos de inscripción, revocación y modificación y cancelación de la inscripción en el registro».

No obstante, desde la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) critican que «el desconocimiento entre los servicios sanitarios sobre la eutanasia es tan amplio que la primera reacción es quitarse esa carga de encima. Aunque muchas personas han hecho los cursos online que ofrecía la Escuela Andaluza de Salud Pública, la ausencia de protocolos les deja muy perdidos». En este punto, Eva Camps, miembro de la Junta de DMD en Andalucía lamenta que «en las diferentes reuniones que hemos tenido con la Consejería de Salud hemos insistido en la necesidad de protocolos, para que médicos y médicas sepan en todo momento cuál debe ser su proceder. Pero la consejera no lo considera necesario».

Sin embargo, el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Alfonso Carmona, avisa que la lista de médicos objetores no parará de crecer porque « provocar la muerte no está dentro de nuestro código deontológico y va contra el juramento hipocrático de los profesionales de la Medicina».

Voluntades anticipadas

El Consejo de Gobierno también aprobó ayer la modificación del decreto de voluntades anticipadas, de manera que incluya la posibilidad de dejar constancia de la voluntad de acogerse a la eutanasia. Hay que recordar que todas las solicitudes pasan por un estricto análisis de la Comisión de Garantía. En Andalucía, dicho órgano está compuesto por profesionales de las áreas de Medicina, Enfermería y Derecho, todos ellos expertos en Bioética, y cuenta con una presidencia, una vicepresidencia y once vocales. Esta comisión verifica el cumplimiento de las garantías y el procedimiento regulador de la prestación y su control posterior. También debe resolver las reclamaciones que se interpongan ante la denegación de la prestación por parte del médico responsable o las solicitudes que se eleven al pleno en caso de disparidad de opiniones. Asimismo, corresponde a la Comisión el cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley, además de la propuesta de mejoras para su incorporación a los manuales de buenas prácticas y protocolos.

Según los datos ofrecidos ayer por el Consejo de Gobierno, en 2024 un total de 72 personas presentaron la solicitud para la prestación de ayuda a morir, de las que tan solo 28 la llegaron a recibir. El informe elaborado por la Comisión de Garantía y Evaluación detalla que 50 de las 72 solicitudes dieron lugar a la apertura de expediente. De las 22 restantes, 13 no dieron lugar por fallecimiento antes del inicio de la tramitación del expediente, cuatro por desistimientos previos al inicio del proceso ante la comisión, cuatro solicitudes tuvieron informe desfavorable por parte del médico responsable, que no fueron objeto de reclamación; y una solicitud, presentada en 2024, no tenía toda la documentación para su tramitación.

En cuanto a las prestaciones realizadas, una se realizó en Almería, otra en Cádiz, cuatro en Granada, dos en Huelva, 15 en Málaga y cinco en Sevilla.

Los tres grandes grupos de enfermedades o padecimientos crónicos que conducen a solicitar la ayuda médica a morir son en primer lugar los procesos neurodegenerativos, con 21 expedientes, seguido por procesos oncológicos con 16 expedientes y los procesos pluripatológicos/crónicos complejos con diez expedientes.

Según el informe elaborado por la Comisión de Garantías, el 94% de las solicitudes se inician en el ámbito de Atención Primaria por la proximidad al paciente, la familia y el hogar familiar. Y no se presentó ninguna revocación tras la firma del consentimiento informado por parte del paciente.

Por otro lado, el número de prestaciones en las que se realizaron donaciones de órganos fueron cinco, lo que ha dado lugar a la donación de un total de 18 órganos: diez riñones, cinco hígados, dos pulmones y un páncreas. En cuanto al número de reclamaciones presentadas ante la comisión, fueron 13: tres favorables, nueve desfavorables y en un caso se acordó retrotraer las actuaciones.