Doñana da pábulo al mantra «Bruselas sólo se preocupa si gobierna la derecha»

Durante el debate sobre el Estado de Derecho en España mantenido en el Pleno del Parlamento Europeo el pasado miércoles en Estrasburgo llamó la atención la intervención de la eurodiputada húngara Eniko Gyori, quien a lo largo de su intervención en perfecto español para mostrar su disconformidad con la posición que está manteniendo la Comisión Europea (CE) con la amnistía a los políticos del ‘procés’ dejó una frase lapidaria: «Bruselas solo se preocupa si gobierna la derecha». Y visto desde una perspectiva andaluza se puede encontrar cierta base en tal afirmación. Sólo hay que recordar el rápido posicionamiento de la CE en contra de la proposición de ley de regadíos del Condado de Huelva.

A priori, la Comisión Europea es el «órgano ejecutivo, políticamente independiente de la UE, y la única instancia responsable de elaborar propuestas de nueva legislación europea y de aplicar las decisiones del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE».

Bajo el mandato de la presidenta Ursula von der Leyen, la Comisión Europea saltó como un resorte para alertar del posible daño de la proposición de ley de regadíos en el entorno de Doñana. En el mes de julio pasado advertía y amenazaba a la Junta porque, a su juicio, la nueva norma podía tener «efectos desastrosos» en Doñana. Y antes, en abril, incluso la directora general de Medio Ambiente de la CE remitió una carta al Ejecutivo autonómico amenazando con multas. La Comisión tuvo entonces que negar una posible implicación del hijo del ministro de Agricultura Luis Planas, quien trabaja de asistente de esta directora, después de que varios cargos del PP deslizaran que Luis Planas Herrera, el hijo del ministro, estuviese utilizando su posición en la institución europea para influir en el posicionamiento de Bruselas.

La posición ahora es mucho más tibia con respecto una cuestión tan relevante y con tanto rechazo social como la amnistía, como ha quedado demostrado por las movilizaciones multitudinarias por todo el país –los colectivos ecologistas recogieron firmas de rechazo a la ley de regadíos–. El comisario europeo de Justicia insistía en analizar con «detenimiento, de forma independiente y objetiva» el conflicto con Cataluña e incluso hablaba de «asunto interno». Una doble vara de medir.

En la actualidad, el Gobierno de España y la Junta de Andalucía parecen haber encallado en la negociación abierta hace ya más de mes y medio para dar una solución alternativa al conflicto social generado por el denominado «Plan de la fresa» en la provincia de Huelva. El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, tuvo incluso que realizar unas declaraciones para matizar que «las negociaciones están muy vivas» y asegurar que no se ha perdido la confianza en que «muy pronto pueda ya darse a conocer ese acuerdo».

Lo cierto es que no fue capaz de decir una fecha ni ofrecer un dato concreto sobre «la escenificación o el momento» en el que se pueda alcanzarse el acuerdo «porque lógicamente tampoco me corresponde, pero sí le puedo decir que las negociaciones están muy vivas, que se está trabajando de manera inmediata».

El delegado recalcó que «no se ha abandonado en ningún momento la reunión entre ambas comisiones técnicas negociadoras de ese intento de acuerdo» y dijo que el objetivo es que «sea de máximo consenso para el territorio, para Doñana, para la preservación de Doñana y a la misma vez también para el impulso de toda la comarca».

«Se sigue trabajando y no se ha roto absolutamente ningún tipo de relación entre ambas administraciones. Yo confío en que muy pronto pueda ya darse a conocer ese acuerdo al que se haya podido llegar», concluyó. Pero lo cierto, no obstante, es que el colectivo de agricultores afectados ha solicitado que se retome la tramitación de la ley de inmediato como solución ya pactada con la Junta. Si se aprobase, el conflicto judicial está asegurado y a nadie sorprendería ya que la amenaza de la Comisión Europea se hiciera real, y rápidamente.