Los empresarios andaluces rechazan las tasas «Amazon y Airbnb»

La competencia fiscal entre países y regiones también es extensible a los municipios. No solo las grandes compañías multinacionales buscan un entorno fiscal competitivo y seguridad jurídica; también las pequeñas y medianas empresas deben analizar los incentivos que ofrecen los ayuntamientos a la hora de instalar su propio negocio. Incluso los particulares, toda vez que el impuesto de bienes inmuebles o el impuesto de tracción mecánica –especialmente el primero– constituyen los principales ingresos de los consistorios.

El próximo 28 de mayo 785 municipios en Andalucía celebrarán elecciones para elegir a las personas que conformarán el pleno de la corporación. Las empresas representadas en la CEA también han anunciado sus peticiones: un sistema fiscal «favorable a la actividad empresarial que apueste por medidas que no depriman la oferta productiva y el consumo»; y una «normativa competitiva sostenible y justa que favorezca la inversión empresarial y el empleo».

En un informe sobre cómo influye la fiscalidad en la actividad empresarial, proponen de manera prioritaria la reforma de cuatro impuestos y/o tasas que gravan a la empresa: el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica; el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO); el de Ocupación de Espacios de Uso Público (Terrazas y Veladores); y las Tasas de Licencias de Apertura.

Consideran que estas figuras impositivas tienen un efecto «especialmente significativo en las empresas, pymes y empresarios autónomos de Andalucía, y correlativo en el relanzamiento empresarial, la generación de nuevas empresas y el mantenimiento de la competitividad».

Los empresarios, conscientes de la necesidad de ingresos que tienen los ayuntamientos, argumentan «el menor peso y erosión de los ingresos municipales que comportan tales figuras en la financiación local, lejos de los ingresos que generan el IBI o las Tasas por Prestación de Servicios Públicos».

De hecho, según los datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública recogidos en el informe, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles supone aproximadamente 1 de cada 2 euros de los ingresos de naturaleza tributaria percibidos por las entidades locales.

Con respecto al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, las propuestas de los empresarios van en una doble dirección. La primera, que se aplique el máximo porcentual de las bonificaciones permitidas por la norma.

En cuanto a la segunda, apuestan por una «norma antifraude que evite las externalidades, de forma especial la deslocalización de empresas, debido al dumping fiscal local que en esta materia se produce, en aras de un sistema fiscal coherente y competitivo».

Esta última propuesta va en la línea contraria a la que mantienen las comunidades autónomas –entre ellas Andalucía– que defienden su autonomía fiscal para ser más competitivos con respecto a otras regiones y que, por tanto, rechazan la armonización fiscal.

La propuesta para el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) es que se reduzca el tipo aplicable a la base imponible hasta un 2%, y la modificación de la liquidación y su traslado a la finalización de la obra.

Para la tasa de licencia de apertura la medida es más directa: reducción o directamente eliminación «para facilitar la apertura de negocios».

La tasa sobre Ocupación de Espacios de Uso Público (Terrazas y Veladores) siempre genera controversia porque hay colectivos ciudadanos que se quejen de lo que consideran una invasión de aceras y espacios dedicados al ocio. Con motivo del Covid, la mayoría de administraciones públicas flexibilizaron la normativa, reduciendo su carga fiscal o directamente ampliando los espacios permitidos para garantizar así la «distancia de seguridad» como medida preventiva para evitar la transmisión del virus. Lo que fue una excepción, los empresarios quieren que se convierta en norma y que incluso se estudien opciones como «la ampliación de los servicios de terrazas a través de la ocupación de otro tipo de emplazamientos como la calzada».

Los empresarios andaluces también rechazan dos tasas que ya se aplican en otros ayuntamientos de España: las conocidas como tasa «Amazon» y la tasa «Airbnb». La primera de ellas, que se aplica en Barcelona desde el 1 de marzo, grava a los operadores de comercio online cuya facturación anual se eleve por encima del millón de euros. La segunda, en estudio, cuenta con el rechazo de todo el sector turístico empresarial andaluz porque la considera «impropia» y argumenta que obvia «la importante contribución que ya realiza vía impuestos».