Juanma Moreno buscará el consenso para aplicar la tasa turística

El polémico anuncio del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, de cobrar entrada a los turistas para visitar la Plaza de España reabrió un debate que desde hace unos años ha estado latente en Andalucía. ¿Por qué en las ciudades andaluzas no se cobra una tasa turística si en otras con el mismo o menor peso turístico, como Ibiza, Menorca, Barcelona o Girona, lo hacen?

En Europa, la tasa turística está más arraigada, implantada en 137 ciudades de 20 países. En España, funciona únicamente en dos comunidades, Cataluña y Baleares, a las que próximamente podría unirse Andalucía.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció que ha ordenado al consejero de Turismo, Arturo Bernal, que convoque una reunión entre la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) para conseguir un acuerdo que permita regular este impuesto en la comunidad. Moreno pretende que «se sienten y entre ellos negocien un acuerdo o una posibilidad de acuerdo para esa tasa turística que están demandando unos ayuntamientos con limitaciones muy concretas y específicas y que el sector no termina de ver».

«Hay un pequeño conflicto que vamos a resolver entre las administraciones y donde el papel de la Junta de Andalucía como siempre es de mediador y al mismo tiempo de impulsor de un acuerdo que sea positivo en definitiva por un sector tan importante como es el turístico y para mejorar también la calidad del turismo que ofrecemos», subrayó el presidente de la Junta en un foro económico.

A favor de este impuesto están la mayoría de los alcaldes de las principales ciudades andaluzas: el de Sevilla, José Luis Sanz; el de Córdoba, José María Bellido; la de Granada, Marifrán Carazo; el de Cádiz, Bruno García; y el de Málaga, Francisco de la Torre.

Por su parte, el sector turístico andaluz, representando en el Consejo Empresarial de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) no se muestra partidario. Esta semana reiteró su rechazo al cobro de este tributo en la comunidad autónoma al considerar, entre otras cosas, que «afecta negativamente a la competitividad del sector y al conjunto de la economía regional».

Desde el Gobierno andaluz se abren a regular esta tasa, pero avanzan que para aprobarla buscarán el «consenso» de los sectores implicados.

Por su parte, desde el sindicato Comisiones Obreras, exigen también formar parte de esta mesa de diálogo. El secretario general de la organización sindical, Carlos Aristu, pidió al alcalde de la capital hispalense, que convoque cuanto antes una reunión con la CEA y la FAMP y le pidió «valentía» para aprobar este impuesto en la ciudad, que según los cálculos más conservadores serviría para ingresar casi cinco millones de euros en las arcas municipales.

Además, según Aristu, «serviría para invertir en conservación del patrimonio o en promoción, en formación para los trabajadores y del sector para prestar un servicio con mayor valor añadido, o en inversión en servicios públicos como la limpieza, el transporte o residuos».