El sector de la fresa se une contra los bulos e intentos de «boicot»

La Interprofesional de la Fresa y los Frutos Rojos de Andalucía (Interfresa) ha solicitado formalmente a la Consejería de Agricultura la extensión de norma hasta 2028. El objetivo es esta medida, adoptada por unanimidad, es incrementar la promoción del productos y, sobre todo, la defensa de todo el sector fresero, principalmente ubicado en la provincia de Huelva.

Con los recursos obtenidos con estas aportaciones se cubrirán los gastos derivados de la implementación de acciones «que contrarresten los continuos ataques hacia el sector en aspectos como el laboral, para responder a críticas relacionadas especialmente con las condiciones laborales mediante acciones de transparencia y difusión de buenas prácticas medioambientales» y, de esta forma, «rebatir acusaciones sobre impactos negativos en el entorno, resaltando los avances en sostenibilidad y el uso responsable de los recursos naturales y el uso de productos fitosanitarios».

Según Interfresa se hace necesario «combatir la desinformación, destacando el cumplimiento estricto de normativas y el uso de alternativas más respetuosas con el medio ambiente». Recuerdan desde le inteprofesional los episodios «padecidos» en los últimos años que han incluido incluso «propuestas de boicot a la producción andaluza por parte de diversas entidades» –algunas redimensionadas por el propio Gobierno de Pedro Sánchez–, que han requerido de «una respuesta contundente».

La extensión de norma hasta 2028 minimizará el daño reputacional de lobbies interesados

Andalucía, y Huelva mayoritariamente, concentra el 98% de la producción española de frutos rojos y el 30% de la producción europea (entre 12.000 y 15.000 hectáreas). El sector lo componen alrededor de 1.300 productores que se aglutinan alrededor de 20 grandes cooperativas de primer grado, dos de segundo grado y seis asociaciones empresariales. De ellos, 117 son exportadores regulares en Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Países Bajos como principales destinos. La producción anual se eleva por encima de las 400.000 toneladas, de las que se exporta el 84%, con una facturación de más de 1.000 millones de euros y genera alrededor de 100.000 empleos directos en época de campaña (70% del empleo agrario de Huelva) y casi el 9% del PIB de la provincia.

El daño reputacional de los ataques sufridos ha generado pérdidas económicas a lo largo del tiempo, pero el consumo de los frutos rojos está muy consolidado en los mercados internacionales. Por ello las acciones de promoción que se plantean se concentran a nivel español: «Generar mayor conocimiento de sus beneficios y contrarrestar voces críticas sobre el sistema de producción, la estructura sociolaboral y el uso de recursos como la tierra y el agua». Desde Interfresa están convencidos de que «la inmensa mayoría» de las críticas se producen desde el desconocimiento y «no se corresponden con la realidad, perjudican a la imagen y a su penetración en el mercado». En 2023 la asociación alemana Campact solicitó a los supermercados que no vendieran frutos rojos, lo que desembocó en una crisis reputacional que amenazaba al resto de mercados de destino y provocó una polarización social y política.

La extensión de norma es un mecanismo jurídico por el que una organización interprofesional que represente a la mayoría del sector propone actuaciones para el bien común del mismo. La propuesta se centra en aportar 1,5 euros por tonelada de fresa y 4 euros por tonelada de frambuesa, mora y arándanos para financiar estas actuaciones durante las campañas 2025-2026, 2026-2027 y 2027-2028. En total, la alianza del sector permitirá destinar cantidades superiores al millón de euros cada temporada a mejorar la imagen en los mercados nacionales e internacionales.