La infrafinanciación que sufre Andalucía sumará 1.800 millones de euros más en 2026

La Junta de Andalucía hace tiempo que es consciente de que el nuevo sistema de financiación autonómica no se aprobará en esta legislatura. Tampoco habrá un fondo de compensación para las cuatro comunidades autónomas infrafinanciadas: Murcia, Valencia, Castilla-La Mancha y la propia Andalucía, regiones que llevan desde el 1 de enero de 2009 –el modelo, aprobado el 18 de diciembre de ese año, regulaba la financiación desde el primer día de la anualidad– percibiendo menos recursos que la media del resto de regiones para pagar la sanidad, la educación y los servicios sociales de sus respectivos habitantes. Y ahora, como el ciclo económico sigue al alza y se recauda más, esa brecha aumentará y pasará en 2026 de los 1.522 millones actuales a una cifra en torno a los 1.800 millones de euros, según los cálculos de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos. Esa cantidad habría que sumarla al acumulado hasta la fecha, que es de 13.411 millones.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y más en concreto su director ejecutivo, Ángel de la Fuente, es una de las instituciones que más y mejor ha estudiado el modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común. En uno de sus últimos informes, con datos ya definitivos de la recaudación del año 2022, estimó que el volumen total de la financiación definitiva de las regiones, medida a competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal, experimentó en 2022 un incremento de unos 18.000 millones de euros (un 14%) con respecto a 2021. Este aumento fue debido a la buena evolución de los ingresos tributarios autonómicos y estatales. A mayores ingresos, la brecha entre las regiones mejor y peor financiadas, se acrecienta.

La cuestión es que la propia Fedea estimaba en su informe que los recursos sujetos a liquidación proporcionados por el sistema crecieron con fuerza en 2023 y 2024 (a tasas del 19,3% y 14,7% respectivamente) y se prevé que tiendan a estancarse en 2025 (con una tasa de crecimiento del 2,55%).

La propia Agencia Tributaria así lo ha confirmado recientemente. Según sus datos, en el año 2023 los ingresos tributarios alcanzaron los 271.935 millones de euros, un 6,4% más que lo recaudado en 2022. Esta cifra se elevó hasta los 294.734 millones de euros en 2024, un crecimiento del 8,4% con respecto al año 2023.

Los últimos datos de Fedea de la liquidación de 2022 señalan que Andalucía es la comunidad con mayor déficit de financiación en términos absolutos al recibir 1.522,74 millones de euros menos de lo que recibieron de media las comunidades autónomas. Esta cifra ha ido aumentando y con la liquidación de 2021 eran 114 millones de euros menos. Por tanto, la previsión que manejan desde la Consejería de Hacienda está respaldada por las cifras.

En cualquier caso, esta cuestión no afectará a la elaboración del Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2026. Serán las últimas cuentas de la legislatura y, por tanto, entrarán en vigor en un año electoral. La consejera de Economía, Hacienda y Fondos europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, anunció ayer que «todo indica, por la progresión del presupuesto en los últimos años, que, dado que en este 2025, el presupuesto de la Junta es cercano a los 49.000 millones de euros –48.871 millones concretamente–, el presupuesto del año 2026 lo normal es que se acerque y roce los 50.000 millones», dijo.

Hay que señalar que con respecto a las cuentas de 2024, el incremento del presupuesto actual fue de 2.065 millones de euros, un 4,4% más. Por tanto, aún incrementándose en menor porcentaje, se superará la barrera de los 50.000 millones.

Esta cantidad podría ser mayor si Andalucía dispusiera de más recursos del modelo de financiación. Aún así, el presupuesto aumenta porque hay más ingresos por parte del Estado y, por tanto, hay más recursos que repartir entre las regiones en función de los porcentajes que fija la ley.

En este sentido, el sistema de financiación autonómica opera mediante unas entregas a cuenta de los recursos tributarios que se estima se ingresarán a lo largo del ejercicio en concepto de IRPF (la tarifa autonómica) y los porcentajes que marca la ley que les corresponde del IVA (50%) e Impuestos Especiales (58%) y que el Estado central adelanta. Por tanto, esta cantidad no depende de la voluntad del Gobierno de España, sino que se reparte estrictamente en función de la ley porque es dinero que corresponde a las autonomías aunque lo recaude la Administración General del Estado.

Precisamente, la financiación autonómica será uno de los principales temas que Andalucía reclamará que se trate en la Conferencia de Presidentes convocada para el próximo 6 de junio en Barcelona. Este asunto, crucial para los intereses andaluces y que marca la agenda política del Ejecutivo autonómico, no puede ser vetado por el Gobierno conforme al reglamento en vigor de este organismo. El artículo 5 detalla que «el orden del día de la Conferencia de Presidentes será fijado por el Comité preparatorio con la conformidad de su Presidente y de diez comunidades autónomas o ciudades con Estatuto de Autonomía». Teniendo en cuenta que el Partido Popular gobierna en 11 autonomías, además de en las ciudades de Ceuta y Melilla, si así lo decide el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo, este asunto debería tratarse en la cita.

El mismo artículo 5 especifica que además de las cuestiones acordadas en el seno del Comité preparatorio, se incluirán en todo caso como asuntos en el orden del día aquellos solicitados a instancia del presidente del Gobierno; el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta, en los términos que establezca su Reglamento; y la mayoría de los representantes del conjunto de las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía, como Ceuta y Melilla.

«Lo normal es que muchas comunidades autónomas, por no decir la mayoría, se sumen también a estas propuestas, porque todas tienen el problema de financiación», esgrimió la consejera de Hacienda tras la reunión del Consejo de Gobierno.

El Gobierno de España ha priorizado que se incluyan cuestiones como la vivienda y la formación profesional y universitaria, orillando otros como la financiación autonómica, más aún cuando negocia de manera bilateral una financiación singular para Cataluña, comunidad que aún pertenece al sistema de régimen común. Por tanto, es un tema incómodo que provoca el rechazo mayoritario de los presidentes autonómicos, incluso algunos del PSOE como Emiliano García-Page.

La Junta quiere incluir otros temas como «la sanidad, las telecomunicaciones y el caos ferroviario». A juicio de la portavoz, «el Gobierno no puede dar la espalda a los temas que realmente preocupan a la ciudadanía».