Los insecticidas: otra amenaza para Doñana

Doñana se ha convertido en el símbolo de «la revolución verde» del Gobierno de Juanma Moreno. La imagen del presidente con la ahora comisaria europea Teresa Ribera salvó una crisis sin precedentes en la conservación del espacio natural, que se salvó con un nuevo plan de actuación y de ayudas para los agricultores de la zona. Al margen de las extracciones de agua y la sequía, otras amenazas se ciernen sobre el entorno, entre ellas, el uso de insecticidas no necesariamente ilegales.

En una pregunta escrita al Consejo de Gobierno por parte del Grupo de Por Andalucía, el Ejecutivo andaluz recalca que «somos conscientes de que todos los pesticidas (también los legales) tienen incidencia en el medio natural. Por eso, Doñana y los Parques Naturales en general son espacios en los que este tipo de estudios (estudio CSIC) es habitual».

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina Montserrat García Carrasco, recalca, en la respuesta consultada por LA RAZÓN, que «la idea es detectar lo ‘ilegal’ y poner coto a las incidencias que pudieran causar las sustancias no prohibidas».

La Junta de Andalucía recalca que «hay que destacar la importante presencia de la agricultura ecológica y la agricultura integrada en la zona de Doñana. El estudio de CSIC es continuación de otros anteriores en los que ya se habían detectado determinados componentes con afección a las aves (por ejemplo, piretroides en huevos)», continúa Catalina García. «Se centra en Daimiel y Doñana porque, al estar financiado por el OAPN, su ámbito debe centrarse en parques nacionales, y Daimiel y Doñana son los dos parques de la red española en los que prevalece su valor como humedal», continúa.

«El uso de este tipo de productos se produce fuera del ámbito de los espacios protegidos, pero, evidentemente, afectan a estos a través de la circulación del agua y, porque además la fauna (especialmente aves) puede alimentarse en las zonas de cultivos», admite la consejera andaluza.

Legales e ilegales

«El estudio analiza la presencia e incidencia de una gran cantidad de productos (más de 100), unos de uso legal, otros prohibidos desde 2009 y otros más recientemente en 2022 y que aún eran de uso legal en 2021 cuando se realizó el estudio. La presencia de pesticidas prohibidos en sedimentos puede deberse a la persistencia de los compuestos en el medio, si bien los aparecidos en muestras de agua indicarían un uso reciente», argumenta Catalina García.

«Este estudio ayudará a la orientación y mejora de dos líneas de trabajo diferenciadas», explica. Por un lado, «impulsar medidas de seguimiento, corrección y reducción de la incidencia de los productos considerados de uso legal en el entorno del espacio protegido». Por otro, «investigar y actuar con determinación en los casos de uso de productos prohibidos con total coordinación y colaboración con las fuerzas de seguridad del Estado».

Respecto a la agricultura del entorno del espacio protegido, la consejera del ramo recuerda que «se debe recordar la larga trayectoria orientada a la reducción del uso de productos fitosanitarios, para la que puede servir de indicador la extensión de la agricultura integrada (casi todo el arrozal), así como la ecológica».

Catalina García también recalca que «desde la Junta se viene trabajando en el seguimiento y corrección de los problemas generados por los insumos agrícolas y que estudios como este permiten alimentar y orientar las medidas a adoptar».

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente finaliza señalando que «el uso de productos prohibidos debe ser perseguido, pero no sería justo que caractericen a un sector agrícola moderno que es, en su práctica totalidad, cumplidor de la normativa y comprometido con la sostenibilidad y la conservación de la biodiversidad».