La Junta lamenta que PSOE y Sumar usen a los menores migrantes “como mercancía”

Andalucía ha reprochado al Gobierno de España la “descoordinación” que existe en la gestión de los menores migrantes como consecuencia del “boicot entre los ministros de PSOE y Sumar”. Tras la celebración de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia esta tarde en Madrid, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha subrayado que “lo ocurrido hoy con la información sobre el acuerdo con Canarias para el reparto de menores migrantes no acompañados es reflejo de la descoordinación y las peleas internas que existen en el seno del Gobierno de Pedro Sánchez como consecuencia del boicot permanente entre sus ministerios”.

López ha lamentado que “de nuevo tratan a niños, niñas y adolescentes migrantes como mercancías y no existe planificación alguna en el Gobierno en un asunto tan sensible como es la inmigración”. Ante esta situación, la Junta de Andalucía ha reclamado, junto a otras comunidades, una reunión específica de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para abordar este asunto. Esta cuestión, que estaba prevista someter a votación esta tarde en el encuentro convocado en Madrid por el Ministerio que dirige Sira Rego, ha quedado pospuesta a solicitud de las propias autonomías tras conocerse poco antes de la reunión que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, había alcanzado un acuerdo unilateral con Canarias.

En declaraciones tras la Conferencia Sectorial, Loles López ha mostrado su indignación ante la “falta de diálogo y transparencia” del Gobierno sobre el reparto de los menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias. Así, considera “una deslealtad” que el Ejecutivo de Sánchez haya alcanzado un acuerdo con el de Canarias sobre esta cuestión a espaldas de las demás comunidades autónomas. A este respecto, Andalucía no entiende que este acuerdo sobre el modelo de reparto se haya llevado a cabo sin la participación del resto de comunidades, ya que se trata de una cuestión de primer nivel y relevancia.

De hecho, desde la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad han exigido de nuevo al Ejecutivo un plan de respuesta para poder atender a los menores migrantes no acompañados que llegan a la región puesto que el Gobierno andaluz sostiene “a pulmón” el sistema de protección, el cual se encuentra “desbordado” y por encima de su capacidad. En este sentido, ha recordado la compleja situación que arrastra Andalucía dado que, desde el mes de noviembre, ha acogido a 410 menores que han llegado desde Canarias bajo el conducto del traslado de adultos y que ha supuesto un coste superior a los tres millones de euros.

Andalucía exige coordinación y planificación

“La situación generada por el traslado de menores migrantes como adultos ha tensionado nuestros recursos destinados a menores, no solo el específico de niños, niñas y adolescentes migrantes”, ha apuntado la consejera, quien ha puesto el acento en que los menores migrantes necesitan de una atención específica. En la actualidad, de las 645 plazas existentes, se han ocupado 28 de más, lo que supone que se atiende a 673 menores migrantes, a lo que hay que añadir que Andalucía es puerta de entrada y, por tanto, debe contar con plazas disponibles para los menores que puedan llegar a través de las costas andaluzas u otras vías.

Entre 2023 y lo que va de 2024 han llegado a nuestra comunidad más de 500 menores migrantes, principalmente por las costas. Además, Andalucía mantiene un convenio con Ceuta para el contingente de menores procedentes de esta ciudad autónoma y ha recibido hasta un total de 90. López ha demandado al Gobierno, una vez más, “planificación, financiación y coordinación”.

“Llevamos meses reclamando un plan de respuesta al Gobierno”, ha incidido la consejera, que lamenta “la incapacidad” del Ejecutivo central para ofrecer “una respuesta sólida, coordinada y eficaz” para atender con garantías a esta población menor. El sistema de protección de menores de Andalucía es garantista con los derechos de las personas menores migrantes y consolida su responsabilidad mediante una trayectoria enfocada a la plena integración social y laboral de estos menores, cuya atención y seguimiento se mantiene incluso una vez superan la mayoría de edad.